El Tribunal de Cuentas halla pagos de «embajadas» para fomentar el secesionismo

Fondos asignados a la cooperación internacional fueron desviados a la promoción del independentismo


redacción / la voz

El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su informe sobre las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó en diciembre del 2017 bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución. Su conclusión, recoge Europa Press, es que buena parte del dinero público se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista.

Se trata del informe que a finales del 2017 encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado «conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia».

Según el texto, la Generalitat gastó del 2011 al 2017 más de 27 millones de euros en actividades de las delegaciones en el extranjero y otros casi 16 millones en el Diplocat, y parte de ese dinero se dedicó a difundir el proceso soberanista. 

Sin controles

El Tribunal de Cuentas sostiene que las embajadas se crearon con un sistema de autonomía financiera que les permite realizar todo tipo de gastos sin necesidad de someterse a controles, lo que provocó que se produjeran «innumerables irregularidades.

La institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre el 2013 y febrero del 2016, relacionadas «expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista» y cuyo gasto «no justificado» es de 327.736,34 euros. Por su parte, el Diplocat gastó 15,8 millones en actividades del 2011 al 2017, de las cuales más de un 74 % tuvieron como objetivo «promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista».

Uno de los gastos más llamativos es el pago de 1,39 millones de euros a Independent Diplomat (ID), un grupo de presión norteamericano relacionado con procesos independentistas al que el Gobierno catalán contrató entre el 2013 y el 2015 «saltándose todos los controles y expedientes que habrían tenido que cumplir si lo hubiera hecho la propia Generalitat». Otro corresponde a más de 300.000 euros por la elaboración de documentos y argumentarios con propaganda independentista, y los más de 500.000 euros que las embajadas pagaron por asesoramiento o informes.

Si, a la luz del informe, el Tribunal de Cuentas aprecia algún indicio de responsabilidad contable, estos datos podrían incorporarse a la investigación abierta por el presunto desvío millonario de recursos para el referendo ilegal del 1 de octubre.

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