Los guardias civiles relatan los escraches que sufrieron en calles, cuarteles y hoteles de toda Cataluña
ESPAÑA
Al acuartelamiento barcelonés de Igualada fue arrojado un artefacto incendiario
29 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio por el desafío secesionista catalán cerró este jueves su séptima semana con las declaraciones de una decena de guardias civiles y cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra. Todos ellos estaban acuartelados en Cataluña durante el proceso independentista o formaron parte del dispositivo del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. En línea con el testimonio realizado por otros compañeros, los agentes del instituto armado relataron al tribunal del Supremo que sufrieron «hostigamiento», «temor» y «tensión» en una multitud de escraches a los cuarteles y hoteles donde se alojaban, si bien precisaron que no hubo riesgo de asalto, detenidos o agresiones.
Los guardias civiles fueron testigos de algunos de los 117 actos de protesta callejera que el Cuerpo contabilizó en las cuatro provincias de Cataluña durante dos meses, desde primeros de septiembre hasta la primera semana de noviembre, tras la aplicación del artículo 155 y la intervención de los Mossos por parte del Gobierno. Todas estas acciones, relataron, tenían en general poco de espontáneas y en algunos casos llegaron a reunir a más de 2.000 personas frente a los cuarteles. Las caceroladas, pegada de carteles, pintadas e insultos protagonizaron aquellos episodios, que demostraron, según los agentes, que «se había perdido el respeto» a la autoridad con una actitud clara de «yo hago esto porque quiero».
El valor jurídico de sus testimonios, además del relato en sí de los hechos, fue la condición que le dieron a los escraches: «organizados, estructurados y orquestados», señalaron la mayoría de los testigos, puesto que algunos de esos carteles los habían distribuido partidos y asociaciones, como ocurrió en la protesta frente al cuartel de Valls (Tarragona). Esta descripción coincide plenamente con el relato de la Fiscalía en su escrito de acusación, por lo que será valorado por el tribunal. En cambio, otros guardias sí le dieron un carácter más espontáneo, fruto de llamamientos ciudadanos en las redes sociales, hasta el punto de que más que protestas eran «performances».
Una estelada en el cuartel
Así lo definió el jefe del acuartelamiento de Manresa (Barcelona), que vio como centenares de personas simularon que votaban con urnas de cartón e izaron una estelada al mástil del cuartel, después de que un guardia retirase la bandera española para evitar problemas. «Fue bastante impactante», reconoció uno ayer. Y aquí, como en la mayoría de las protestas callejeras a las fuerzas de seguridad del Estado, los guardias se dedicaban a aguantar en el interior hasta que la protesta se fuera desinflando, si bien en Manresa trataron de crear un perímetro de seguridad, pero los Mossos no atendieron a esta petición, señalaron.
Los fiscales hicieron hincapié en saber cómo afectaron estos actos a los familiares que viven en los cuarteles, para reforzar la carga probatoria de la violencia. El episodio más preocupante ocurrió en el cuartel de Igualada (Barcelona) el 28 de septiembre, cuando cayó un artefacto incendiario, que era «un bulto de ropa y trapos que estaba envuelto en algo impregnable», probablemente gasolina, que lanzó una persona que iba «embozada» y con pasamontañas, y que no pudo ser detenida. Estos sucesos se dieron también frente a dos hoteles de La Seo de Urgel (Lérida), que alojaban guardias civiles y que provocaron que los dueños no renovaran sus reservas. Los protagonistas aquí fueron los bomberos, que se unieron a las protestas. Ayer también comparecieron cuatro mossos. Tres de ellos resultaron heridos el 20-S en un registro en Sabadell (Barcelona) donde recibieron patadas, puñetazos y golpes con cascos.
«Masa tumultuaria»
La Abogacía del Estado se ha mostrado partidaria de que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investigue a votantes del 1-O por presunto delito de resistencia o desobediencia grave, entre otros, al considerar que algunos formaron «masa tumultuaria» para impedir la acción policial. Así, se ha adherido al recurso de apelación del Sindicato Profesional de Policía.
El Tribunal de Cuentas halla pagos de «embajadas» para fomentar el secesionismo
Fondos asignados a la cooperación internacional fueron desviados a la promoción del independentismo
El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su informe sobre las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó en diciembre del 2017 bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución. Su conclusión, recoge Europa Press, es que buena parte del dinero público se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista.
Se trata del informe que a finales del 2017 encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado «conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia».
Según el texto, la Generalitat gastó del 2011 al 2017 más de 27 millones de euros en actividades de las delegaciones en el extranjero y otros casi 16 millones en el Diplocat, y parte de ese dinero se dedicó a difundir el proceso soberanista.
Sin controles
El Tribunal de Cuentas sostiene que las embajadas se crearon con un sistema de autonomía financiera que les permite realizar todo tipo de gastos sin necesidad de someterse a controles, lo que provocó que se produjeran «innumerables irregularidades.
La institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre el 2013 y febrero del 2016, relacionadas «expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista» y cuyo gasto «no justificado» es de 327.736,34 euros. Por su parte, el Diplocat gastó 15,8 millones en actividades del 2011 al 2017, de las cuales más de un 74 % tuvieron como objetivo «promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista».
Uno de los gastos más llamativos es el pago de 1,39 millones de euros a Independent Diplomat (ID), un grupo de presión norteamericano relacionado con procesos independentistas al que el Gobierno catalán contrató entre el 2013 y el 2015 «saltándose todos los controles y expedientes que habrían tenido que cumplir si lo hubiera hecho la propia Generalitat». Otro corresponde a más de 300.000 euros por la elaboración de documentos y argumentarios con propaganda independentista, y los más de 500.000 euros que las embajadas pagaron por asesoramiento o informes.
Si, a la luz del informe, el Tribunal de Cuentas aprecia algún indicio de responsabilidad contable, estos datos podrían incorporarse a la investigación abierta por el presunto desvío millonario de recursos para el referendo ilegal del 1 de octubre.
