El Tribunal de Cuentas apunta al uso indebido de fondos públicos para promocionar el secesionismo

Detectó al menos 456 actividades organizadas por el Diplocat cuyo gasto «no justificado» asciende a 327.736,34 euros


Redacción

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves un informe sobre la acción exterior de la Generalitat catalana entre el 2011 y el 2017, en el que se aprecia un posible uso indebido de fondos públicos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero a través de estas «embajadas».

El Tribunal de Cuentas ha estado elaborando este informe a petición de la Comisión Mixta del Congreso y Senado en la que se abordan todas las cuestiones relativas al órgano fiscalizador y el pleno del organismo ha dado este jueves el visto bueno. Se trataba de fiscalizar la actuación de las oficinas que formaban parte del llamado Diplocat, un órgano que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió a finales del 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La conclusión inicial, de acuerdo con algunas fuentes, es que parte de los fondos públicos que se empleaban en esas «embajadas» se destinó en realidad para promocionar las tesis independentistas fuera de las fronteras españolas.

A partir de ahí, y si finalmente se confirma algún indicio de responsabilidad punible, al margen de que se abriera un proceso de enjuiciamiento contable, el fiscal del Tribunal de Cuentas debería ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que determine las correspondientes actuaciones.

Lobby norteamericano

En concreto, la institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre el 2013 y febrero del 2016, todas ella relacionadas «expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista» y cuyo gasto «no justificado» asciende a 327.736,34 euros.

Por su parte, el Diplocat gastó 15,8 millones de euros en todas las actividades desarrolladas entre el 2011 y el 2017, de las cuales más de 74 % tuvieron como objetivo «promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista». Uno de los gastos más llamativos se refiere a los pagos por un importe de 1,39 millones de euros a Independent Diplomat (ID), un lobby norteamericano encargado de prestar servicios relacionados con procesos independentistas al que el Gobierno catalán contrató entre el  2013 y el 2015 «saltándose todos los controles y expedientes que habrían tenido que cumplir si lo hubiera hecho la propia Generalitat».

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Los dos primeros agentes que han comparecido han contado, a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que durante varios días, a partir del 3 de octubre, un centenar de personas se concentraron en las puertas del hotel Nice de Seu d'Urgell y que durante casi una hora estuvieron profiriendo insultos «en castellano y en catalán» contra su actuación el 1-O, portando pancartas y cacerolas.

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