Agentes de la Guardia Civil narran el acoso y los escraches que sufrieron tras el 1-O

Concentraciones en hoteles y seguimientos por la calle, algunas de las situaciones recordadas ante el tribunal que juzga el desafío secesionista


Redacción

Agentes de la Guardia Civil han narrado este jueves en el juicio por el desafío independentista en el Tribunal Supremo las situaciones de acoso y amenazas que sufrieron en Lérida y en el municipio leridano de Seo de Urgell los días posteriores a la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Dos de ellos han relatado que fueron perseguidos por un individuo y otro dos han recordado los sucesivos escraches frente a los hoteles en los que se alojaban.

Los dos primeros agentes que han comparecido han contado, a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que durante varios días, a partir del 3 de octubre, un centenar de personas se concentraron en las puertas del hotel Nice de Seu d'Urgell y que durante casi una hora estuvieron profiriendo insultos «en castellano y en catalán» contra su actuación el 1-O, portando pancartas y cacerolas.

Juicio del 1-0 en directo: el informe final de las defensas El Supremo inicia este martes la última semana del juicio del «procés» con los informes finales de las defensas, que tratarán de contrarrestar las tesis de las acusaciones e insistirán en la petición de absolución para los acusados

Ambos han recordado que en esta concentración también participaron algunos bomberos de esa localidad catalana, que llevaron un camión del cuerpo. «Escuché mucho ruido, sirenas y una cacerolada», ha afirmado uno de los agentes recordando el momento en el que se percató de que «una multitud» se dirigía hacia un hotel cercano donde estaban alojados compañeros y que después fueron hacia el suyo.

Los manifestantes estaban «organizados, estructurados», han asegurado, aunque ninguno pudo ser identificado como miembro de alguna organización. Uno de los testigos, que grabó la concentración desde la ventana de su habitación sin que los manifestantes le pudieran ver, ha añadido que se llegaron a lanzar vasos y botellas de plástico a la fachada del edificio.

«Odio de la gente»

Ha sido el segundo de los agentes del Instituto Armado que ha declarado, el que ha lamentado «ese odio de la gente». De hecho, ha dicho que no llega entender el motivo de la sucesivas concentraciones cuando tanto él como sus compañeros hicieron «una intervención muy liviana y muy humana» durante el referendo. «Donde no se pudo intervenir no se intervino para no causar un daño mayor», ha aseverado.

Asimismo, aunque el primer agente que ha comparecido ha dicho que no recuerda ver a ningún Mosso d'Esquadra intentando controlar la situación, el siguiente ha afirmado que sí vio a una pareja de la policía autonómica, que también fueron abucheados cuando intentaron identificar a uno de los manifestantes que estaba «alterado». Si bien, después ha apuntado que los concentrados empezaron a aplaudir y a cantar «esta es nuestra policía».

Ante esta situación y por el «temor», el propietario del hotel Nice les comunicó que una vez finalizase la reserva no la renovaría por lo tuvieron que buscar otros lugares para alojarse como el Parador Nacional.

El caso del geolocalizador de Puigdemont, archivado

La Fiscalía de Brabante Valón, con jurisdicción sobre el municipio belga de Waterloo en el que reside Carles Puigdemont, ha archivado la denuncia del expresidente de la Generalitat de Cataluña por la presunta colocación de una baliza de seguimiento en el vehículo que utiliza en Bélgica.  Una vez que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la investigación al no haber llegado a ninguna conclusión relevante, el juez instructor del que depende el caso ha rechazado que se amplíen las pesquisas, como reclamaban los denunciantes, según publicó este jueves el diario belga De Tijd.

Los colaboradores que acompañan en Bélgica al político independentista catalán huido de la Justicia española desde finales de octubre del 2017 denunciaron en el 2018 ante la policía belga la colocación de una supuesta baliza de seguimiento GPS en el vehículo que Puigdemont utiliza para desplazarse en Bélgica. Los denunciantes sospechaban que ese dispositivo de seguimiento había sido instalado por los servicios españoles de inteligencia sin el beneplácito de las autoridades belgas.

El juez instructor trasladó el expediente a la Fiscalía de Brabante Valón el pasado 3 enero, y el Ministerio Público dio por concluida la investigación semanas después, al no haber encontrado «ningún vínculo» que indique que el dispositivo es español a partir de las tarjetas SIM o los números de serie de la baliza.

Una «observadora» del 1-O admite que Diplocat le pagó a todo su equipo

mateo balín
El exparlamentario alemán Felix Von Grundbergm declaró en el juicio por el desafío independentista que  estuvo en Cataluña el 1-O, pero que no era observador electoral y se pagó sus gastos
El exparlamentario alemán Felix Von Grundbergm declaró en el juicio por el desafío independentista que estuvo en Cataluña el 1-O, pero que no era observador electoral y se pagó sus gastos

La consultora neozelandesa Helena Catt percibió más de 170.000 euros de la consejería de Romeva, según la Fiscalía

Las acusaciones en el juicio por el desafío secesionista en Cataluña reforzaron ayer la carga probatoria del delito de malversación de caudales públicos. Lo hicieron con la declaración de la consultora neozelandesa Helena Catt, quien dirigió un grupo de 12 expertos en consultas electorales contratado por el Gobierno catalán para «legitimar» el referendo ilegal del 1-O, según la Fiscalía. La testigo admitió buena parte de los hechos recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal.

En concreto, aparecen en cuatro páginas referidas a la «contratación y financiación de expertos y observadores internacionales» a cargo del Diplocat, el Departamento de Relaciones Institucionales y Exteriores que pertenecía a la consejería de Raül Romeva. El dirigente de ERC está procesado por rebelión y malversación. Pues bien, Catt declaró que permaneció en Cataluña del 4 de septiembre al 6 de octubre del 2017. Le encargaron que hiciese un informe «con perspectiva histórica» de la realidad político-social en Cataluña. Su equipo, según la Fiscalía, cobró 114.592,50 euros, a los que se sumaron 62.712 en gastos que fueron pagados hasta noviembre, antes de la aplicación del artículo 155 (pese al intento fallido de la defensora de la procesada Dolors Bassa, de que la testigo dijera lo contrario). 

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