Los Mossos a la Guardia Civil el 20S del 2017: «Estáis locos, si salís con las cajas os matan»

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

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Un mando del instituto armado relata que aguantaron la puerta de la Consejería «para que la masa no la derribara». Y que Jordi Sànchez rechazó todas sus propuestas

26 mar 2019 . Actualizado a las 11:11 h.

El responsable del registro a la Consejería de Economía el 20S ha manifestado que Jordi Sànchez, que se presentó «como interlocutor válido de la masa», «nunca accedió» a las propuestas de la Guardia Civil para que pudiesen acceder al edificio los detenidos en condiciones de seguridad.

El teniente del instituto armado -ahora capitán- responsable de la comitiva judicial ha declarado hoy en el juicio del «procés» que, pese a que Sànchez (acusado de rebelión) decía tener «actitud colaborativa», se negó a acceder a las alternativas que le sugerían los mandos de la Guardia Civil hasta el punto de que ni siquiera lo planteó a los voluntarios de la ANC.

Ya en la primera reunión que mantuvieron aquella mañana, Sànchez era, según el testigo, quien llevaba «la voz cantante» en materia de seguridad y la intendente de Mossos Teresa Laplana (acusada de sedición en la Audiencia Nacional) «aceptaba todas las soluciones» que este planteaba.

El expresidente de la ANC les ofreció un cordón de voluntarios para que pudiesen acceder al edificio los tres responsables de la Conselleria detenidos: Josep María Jové (mano derecha de Oriol Junqueras), Natàlia Garriga y Mercedes Martínez. Pero no permitió que por ese pasillo accediesen «ni personal uniformado ni vehículos logotipados», ni tampoco coches camuflados y personas de paisano.

Según el teniente, Sànchez quería que los detenidos fuesen «libres» acompañados de agentes, aunque no le llegó a decir que no fuesen esposados, y el acceso debía ser «a pie a través de la masa», una solución que, a juicio de la Guardia Civil, «no daba ningún tipo de seguridad» a los arrestados.

En ese punto, Sànchez rechazó habilitar un pasillo más grande ni intentar apartar «cuatro metros» a los concentrados, una solicitud que le plantearon aprovechando su «poder sobre la masa» y que tenía como base «poder proteger las armas» que se encontraban en los coches de la Guardia Civil apostados a dos metros y medio de la consejería, algo que, sin embargo, no le trasladaron a Sànchez.

El teniente ha relatado que pasadas las nueve de la mañana ya vio que empezaba a crecer el número de concentrados y que la calle estaba cortada, por lo que entendió que había un «elemento objetivo de afectación al orden público y de seguridad ciudadana» y pidió a los Mossos que moviesen a los manifestantes para dejar libre la vía de acceso a la consejería.

Sobre esa hora se presentó la intendente Laplana y cuando él le propuso que hicieran ese cordón le dijo que «ella no observaba ningún tipo de afectación a la seguridad ciudadana y que iba a mantener así la situación». Esta respuesta, ha indicado, le provocó «indignación» porque poder cortar la calle era «un elemento objetivo, no una valoración subjetiva».

Preocupación por las armas

Pasada una hora, sobre las 10.30, ya no era posible hacer ese cordón porque la gente iba en aumento, y fue cuando el teniente pidió a Laplana que «por lo menos» los Mossos hicieran un cerco a los coches de la Guardia Civil «porque había armas».

- ¿Qué le respondió?, ha preguntado el fiscal.

- Que lo valoraría.. y ahí me quedé.

- ¿Nada más?

- Nada mas.

- ¿No mostró preocupación?

- El gesto de la señora Laplana era bastante... no era muy expresiva. No mostró preocupación, pero tampoco en ningún momento alegría, no era muy expresiva.

Una hora después y sin que los mossos hicieran nada para proteger los vehículos, los agentes constataron que la gente había podido acceder a ellos, y entonces «se le pide encarecidamente, se le ruega» a Laplana que haga el cerco. En ese momento, según su relato, Laplana hizo una llamada y él notó «cierta actividad» de los Mossos para cumplir la solicitud.

«Lo que pasa es que no tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho deambulatorio ni libertad de movimientos porque nos habrían machacado», ha dicho el oficial, que ha recordado que «ese riesgo objetivo y evidente» era compartido por las dos mossas que estaban en la puerta cuando le dijeron: «Si salís con las cajas os matan».

 

Artadi y la ANC, responsables de medidas urgentes tras el 1-O 

Un documento encontrado «roto» en el despacho de la secretaria del ex responsable de Hacienda de la Generalitat de Cataluña Lluís Salvadó sitúa a la exconsejera y actual número dos en la candidatura de Junts per Catalunya a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, como responsable del desarrollo de determinadas medidas urgentes a implementar en la consecución de un Estado catalán independiente tras el 1-O. En el mismo documento se situaba a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como responsable de las movilizaciones dirigidas al mismo objetivo desde la noche de ese 1 de octubre de 2017.

La existencia de este documento ha sido detallada este lunes en el juicio del desafío secesionista del Tribunal Supremo por el teniente de la Guardia Civil responsable del citado registro, realizado el 20 de septiembre del mismo año en el despacho de Salvadó en Hacienda, situado en la Gran Vía de la Corts en Barcelona.

El documento en cuestión, hallado en pedazos en las dependencias de las secretaria de Salvadó, trataba de la implementación de un total de 41 normas que habría que aprobar de forma urgente tras la celebración del referendo de independencia, para lo que se establecían cuatro fases diferentes y se señalaba a los responsables de cada una de ellas. Para las medidas referidas a estructuras de Estado - como era el traspaso de funcionarios de la Administración central a los departamentos de una futura república independiente- se señala como responsables al propio Salvadó y a Artadi.

En cuanto a la ANC, se la vincula en este documento como responsable de actividades en la noche del 1 de Octubre.