Puigdemont intentó que China financiase con 11.000 millones la hipotética república

La Guardia Civil cree que «Pere», el negociador con Pekín, es el vicepresidente Aragonés

La ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y el fiscal Javier Moreno, durante la vigésima jornada del juicio por el desafío independentista en el Tribunal Supremo
La ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y el fiscal Javier Moreno, durante la vigésima jornada del juicio por el desafío independentista en el Tribunal Supremo
m. balín
madrid / colpisa

Carles Puigdemont y su Gobierno tenían las cuentas claras, según la Guardia Civil. Para declarar la independencia y que la nueva república catalana fuera viable, al menos en los primeros compases hasta que la Hacienda catalana comenzara a funcionar iban a necesitar iban 22.800 millones de euros. Y había «mucha preocupación» porque sabían que sin dinero un nuevo Estado sería inviable.

El cabo de Policía Judicial de Guardia Civil que analizó el proyecto económico del desafío independentista explicó este jueves en el Supremo que toda la contabilidad sobre la independencia fue descubierta en septiembre del 2017 en poder del entonces secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. Tenía información sobre «aduanas, catastro, agencia tributaria, facturas de viajes al extranjero…». Según su testimonio, los papeles hallados a Salvadó, encargado de la «gestión interna de impuestos» del futuro país, demostraban que «la Agencia Tributaria Catalana no estaba preparada para actuar al día siguiente de la independencia» por lo que los responsables del Gobierno catalán se habían puesto a trabajar contra reloj para buscar una solución para recaudar. 

Cuatro partidas recaudatorias

Los documentos del exsecretario revelaron -explicó a la sala el analista- que el Gobierno catalán ya había encargado un proyecto a IBM, por el que abonó 241.000, para una crear una herramienta con la que gestionar la futura Hacienda catalana y la recaudación de impuestos, que el Ejecutivo de Puigdemont trató de disfrazar como un programa para mejorar la «eficacia» administrativa dentro de la autonomía.

Pero hasta que esa Hacienda diera sus primeros pasos había que tirar de otras cuatro fuentes, de acuerdo con la información que la Guardia Civil requisó a Salvadó: del «sector público catalán» 4.500 millones, de los ayuntamientos, de los que Puigdemont contaba que podrían aportar otros 6.000 millones; 1.300 millones de euros de «ingresos propios»; y la última partida, la más importante, debía de venir de China. «Se encontró un correo en un pendrive, sin remitente, que reflejaba que pidieron 11.000 millones de financiación a China», explicó el agente. «Con eso pensaban tirar hasta que tuvieran una estructura tributaria propia», apuntó.

La financiación del gigante asiático a la hipotética república catalana ya figuraba en el sumario. Según los atestados, quien llevó la negociación con Pekín fue un tal «Pere», que los investigadores apuntaron que podría ser el actual vicepresidente catalán, Pere Aragonés. Entre los papeles encontrados a Salvadó, destacó el testigo, la Guardia Civil también halló datos del viaje que Aragonés y otros responsables de la Generalitat hicieron a Eslovenia, supuestamente para interesarse sobre cómo había gestionado su independencia.

«Se asemejaba muchísimo al inicio del conflicto vasco»

Un agente de la Guardia Civil relató este jueves ante el Supremo el ambiente que se encontraron en el registro de las naves de Can Barris (Barcelona), donde el 19 de septiembre del 2017 los funcionarios hallaron 9,9 millones de papeletas para el referendo ilegal del 1-O. «La gente estaba exaltada. No he vivido el conflicto vasco, pero mis compañeros veteranos me han dicho que su inicio se parecía muchísimo por la cara de odio de la gente». 

La sesión estuvo plagada de testimonios sobre los registros de la operación Anubis, puesta en marcha por un juzgado barcelonés contra los promotores de la consulta. Y los funcionarios, que admitieron que los Mossos en la mayoría de los casos se emplearon a fondo para contener a las masas, no ahorraron en detalles. «Se me grabó la cara de odio de un señor mayor, que nos escupió. Parecía que le estuviéramos quitando algo». «Hubo amenazas: Os mataremos», declaró ese mismo testigo. «La salida fue una ratonera. Era una calle en obras y tiraron las vallas para impedir el paso», recordó un segundo agente que participó en el registro de las naves. 

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