La Guardia Civil apuntala la tesis de la violencia en los registros en consejerías

Los agentes de la Guardia Civil que participaron en la operación Anubis, las pesquisas judiciales contra los promotores del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017, dejaron este martes su impronta en el juicio. La Fiscalía había señalado en rojo la presencia de los 24 agentes propuestos para testificar. Valoraban que sus intervenciones reforzarían la carga probatoria de la violencia y, por ende, la tesis de la rebelión. La comparecencia en el Tribunal Supremo de los cuatro primeros uniformados fue bastante elocuente. Describieron los episodios callejeros de hostigamiento contra la comitiva judicial del 20 de septiembre como incidentes «violentos e intensos», «con insultos, lanzamientos de objetos y amenazas de muerte».

No solo en la Consejería de Economía y Hacienda, donde se juntaron 40.000 manifestantes y la letrada judicial tuvo que abandonar el edificio por la azotea, sino también en la de Exteriores o en los almacenes de la imprenta Unipost en Tarrasa (Barcelona), donde se incautó material para el 1-O. Especialmente descriptivo fue el testimonio de un sargento que estuvo en la Consejería de Exteriores. Relató unos graves incidentes con unas 300 personas durante la salida de uno de los detenidos el 20 de septiembre. Se trataba de Xavier Puig, número dos del procesado Raül Romeva. «Quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad de los guardias civiles que se lo llevaban. Lo agarraban del cuello y la ropa, se produjeron forcejeos. Daban golpes en el vehículo, eran tan grandes que llegaron a romper la ventanilla. El detenido no daba crédito, estaba viviendo un capítulo de terror total. Solo nos decía: ‘sáquenme de aquí’», detalló.

El jefe de equipo subrayó que los mossos «miraban» mientras que el ambiente se caldeaba. «Era una rabia descontrolada, me sorprendió que la población tuviera esa gran falta de respeto de llegar a sustraer a un detenido», prosiguió el agente, que formaba parte de una comitiva de ocho antidisturbios. Otro compañero, testigo directo, declaró que los propios trabajadores de Exteriores fueron los que comenzaron las protestas. Se sumaron unos empleados de CC.OO. que trabajaban cerca. «El ambiente estaba tan crispado que temimos que asaltaran el departamento. Solo había cinco o seis mossos de seguridad ciudadana», denunció el cabo primero. «Si esta multitud asalta el edificio, los efectos podrían haber sido devastadores», aseguró. 

El gesto de Forcadell

La última pregunta del fiscal causó un importante malestar entre las defensas, que no pararon de interrumpir los testimonios de los agentes. El guardia civil hizo referencia a la aparición de Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlamento, en el registro en Exteriores. «La vimos en un coche oficial. Sacaba la mano para agitar a la masa», afirmó al tribunal mientras la procesada, sentada detrás de su abogada, negaba con la cabeza. La letrada trató de desactivar al testigo. Le preguntó por qué revelaba ahora este dato y no lo hizo en instrucción. Y este contestó: «Me ha salido ahora». En la misma línea, el abogado del procesado Joaquim Forn le preguntó por qué la Guardia Civil no usó la fuerza ante una situación tan «grave». A lo que el agente admitió que nadie resultó herido salvo «alguna magulladura».

Además de describir estos episodios de violencia, el primer agente en declarar este martes, que participó en los registros en Economía y Hacienda, contó que el ex secretario general de Hacienda Josep Lluís Salvadó llamó a su secretaria para deshacerse de documentos antes de ser detenido. «Entra al despacho, coge la pila de papeles y tíralos al patio», declaró que le ordenó.

El controlador estatal de las cuentas de la Generalitat admite que esta pudo engañar al Estado

Fue el alto cargo al que Cristóbal Montoro ordenó dejarse la vista analizando las cuentas intervenidas de la Generalitat para evitar que destinara dinero público para promocionar u organizar el referendo ilegal. Pero Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda desde el 2016 al 2018, no pudo ante el Supremo dictar sentencia sobre si hubo o no malversación, uno de los cargos a los que se enfrentan los encausados.

Martínez Rico, como hiciera Montoro, no quiso asegurar de manera tajante, tal y como sostienen la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que el Gobierno catalán usara partidas camufladas para pagar la consulta. Si el exministro adujo que el «control pudo ser defraudado» para dejar abierta la puerta a la malversación, este martes el que fuera su mano derecha también se apuntó a abonar esa sospecha al decir que la información que remitía la Generalitat en vísperas del 1-O no siempre era «completa o exacta» y que, por ello, en varias ocasiones denunciaron ante la Fiscalía esta supuesta opacidad.

El exsubsecretario dijo que el Gobierno catalán dio «cumplimiento formal» a las «remisiones de información» a las que les obligaba la intervención de sus cuentas, pero aclaró que una cosa eran los datos y otra la «realidad material» que, dijo, es «mucho más compleja». Martínez Rico insistió en que la Generalitat pudo engañar al Estado porque la intervención tiene «los límites que tiene» y se basaba exclusivamente en los datos que proporcionaban los propios organismos autonómicos.

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