Señala que la concentración de votantes era para obstruir el mandato judicial y que los agentes se vieron obligados a actuar
19 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa (Barcelona) ha decidido archivar una denuncia presentada contra los agentes de la Guardia Civil que actuaron durante el referendo ilegal del 1-O en uno de los colegios electorales de Castellgalí (Barcelona). La intervención policial se saldó con 16 heridos leves en ese operativo.
Según la magistrada María Teresa Rodríguez Peralta, la intervención «no puede calificarse en modo alguno de exceso policial». «El uso proporcionado de la fuerza no puede suponer la comisión de un delito», señala para justificar el archivo de las denuncias.
La querella se interpuso por lesiones y por la vulneración de derechos fundamentales. El auto de archivo de la denuncia señala que la votación del 1-O estaba «fuera del orden constitucional y de la legalidad más evidente» y que la población, alentada por la Generalitat y las entidades soberanistas, acudió a los colegios electorales a fin de, entre otras cosas, «impedir la actuación policial». Según la jueza, agentes de la Guardia Civil actuaron bajo la labor encomendada por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «La concentración de los votantes no es inocua en términos jurídicos», afirma en el auto.
«Tenían por finalidad impedir el cumplimiento de dos resoluciones judiciales. No es un mero comportamiento pasivo, sino de obstrucción del ejercicio de la función pública, lo que determinó que los agentes se vieran obligados a actuar», remata. A su juicio, «no puede hablarse de lesión» del derecho fundamental de reunión o manifestación si estas se hacen «fuera del cauce normativo y con ello se hace necesaria la intervención de la autoridad pública», como cree que ocurrió durante la jornada del 1-O.