EE.UU. niega que en España haya presos políticos como propagan los secesionistas

Su informe anual sobre derechos humanos recoge delitos de odio del independentismo

En la Generalitat hay una pancarta alusiva a los «presos políticos»
En la Generalitat hay una pancarta alusiva a los «presos políticos»

redacción / la voz

No hubo informes de abusos graves contra los derechos humanos durante el 2018 en España ni los políticos independentistas encarcelados son presos políticos. Y sí se detectó un aumento de delitos de odio desde octubre del 2017 debido a las ideas independentistas. Así lo recoge el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en lo que respecta a España.

ENCARCELADOS Y DETENIDOS 

Políticos presos y no presos políticos. Asegura el informe que representantes de partidos políticos catalanes alegaron que varios de sus miembros que se encontraban en prisión preventiva como resultado del referendo de octubre del 2017 sobre la independencia catalana, declarado inconstitucional, eran «presos políticos». Pero concluye que «ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de derechos humanos apoyaron esta reclamación», además de recordar que «nueve miembros de los partidos políticos catalanes y de la sociedad civil proindependentista se encontraban en prisión preventiva desde finales de 2017 por cargos penales de rebelión, sedición o malversación de fondos públicos». Y resalta que Amnistía Internacional no adoptó ninguna posición sobre su reclamación de ser considerados «presos políticos», aunque la organización sí declaró que «el uso de la prisión preventiva se justifica solo cuando no existe una medida alternativa ... y debería estar sujeto a una revisión regular por parte de los tribunales». En ese sentido, incide en que en octubre, AI solicitó la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dada su condición de líderes de la sociedad civil, declarando que «su detención en curso representa una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica».

VIOLENCIA Y ACOSO

Libertad de prensa. Detalla el informe que Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de prensa afirmaron que «la ley de prensa restrictiva del país y su aplicación imponen censura y autocensura a los periodistas». Y refleja que RSF informó de que el referendo ilegal del 1-O, «agravó las tensiones y creó un ambiente sofocante para los periodistas».

MÁS DELITOS DE ODIO

Vínculos con el independentismo. El informe del 2017 del Fiscal de Delitos de Odio de Barcelona documentó un aumento en el número de delitos de odio a partir de octubre del 2017, principalmente debido a las creencias políticas relacionadas con el movimiento de independencia, recoge el análisis estadounidense. En la provincia de Barcelona, ??un 30,8 % de los 279 casos registrados representaron discursos de odio y discriminación contra quienes tienen opiniones políticas diferentes.

FUERZAS DE SEGURIDAD

El uso de la fuerza. En este apartado, únicamente refleja el informe lo aportado por Amnistía Internacional en el sentido de que en mayo alegó que la Fiscalía y el Ministerio del Interior «no cumplían con su obligación de investigar» el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad durante el referendo de octubre del 2017, que había sido dictaminado inconstitucional.

LA CORRUPCIÓN

Falta de transparencia en el Gobierno. Sentencia el informe redactado por el departamento dirigido por Mike Pompeo que «la corrupción fue un problema en el país». Recoge que el 24 de mayo fueron condenados «decenas de individuos por cargos de corrupción, incluidos varios ex altos cargosdel Partido Popular y el extesorero del partido, Luis Bárcenas». Y aunque recalca que «si bien no está directamente implicado, el presidente Mariano Rajoy declaró como testigo en el juicio». En su fallo, el tribunal cuestionó la credibilidad del testimonio oficial de Rajoy en el que negó cualquier conocimiento de financiación ilegal del partido. Y concluye diciendo que «los vínculos con la corrupción y las dudas sobre el testimonio de Rajoy llevaron a una moción de censura».

El fiscal pide imputar por falso testimonio al responsable de las campañas de publicidad del 1-O de la Generalitat

La Voz
Jaume Mestre, en su comparecencia ante el tribunal del 1-0
Jaume Mestre, en su comparecencia ante el tribunal del 1-0

Acusa a Jaume Mestre de responder evasivamente y con constantes «no recuerdo» en su interrogatorio

La Fiscalía ha pedido que se deduzca falso testimonio al responsable de Difusión de Presidencia, Jaume Mestre, por responder evasivamente y con constantes «no recuerdo» en su interrogatorio, en el que no ha precisado si la Generalitat debía pagar los anuncios de publicidad del 1-O, pese a estar facturados.

Mestre, que ha comparecido como testigo a petición de la Fiscalía, fue el encargado de Difusión de Presidencia durante el 1-O y aunque fue cesado tras la aplicación del 155, ahora ha vuelto a desempeñar el mismo puesto en el Gobierno de Quim Torra.

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