Otro jefe de los Mossos ratifica que Puigdemont fue avisado de los riesgos del 1-O por ser ilegal

Mateo Balín COLPISA

ESPAÑA

El comisario Quevedo testifica que, pese a las advertencias, el entonces presidente catalán se negó a acatar la prohibición

11 mar 2019 . Actualizado a las 20:08 h.

El comisario de los Mossos Emili Quevedo, el segundo mando del cuerpo en testificar en el juicio por el desafío secesionista, ha ratificado al tribunal la versión dada el jueves pasado por su compañero Manel Castellví. El que fuera jefe de Planificación de la policía autonómica, responsable de planear el operativo para el referendo del 1-O, ha declarado que en las reuniones previas advirtieron al Gobierno catalán de los riesgos legales y policiales de celebrar la consulta. Para ello, ha detallado que era «una actividad política que había sido prohibida» y que sus agentes no podían actuar «como en cualquier otra jornada electoral normal», como pretendía el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

El comisario Quevedo, ahora en situación de segunda actividad por edad, ha decidido declarar en la vista pese a que está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por un delito de desobediencia. En concreto, por la actuación de los Mossos en el 1-O y ante las sospechas de que el dispositivo que se diseñó estaba encaminado a «no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas» por la jueza del Tribunal Superior de Cataluña. En ese órgano están acusados los «responsables de la elaboración y la aprobación de las pautas de actuación», es decir, cuatro comisarios, dos intendentes y la jefa legal de los Mossos.

Malestar con el consejero

Pese a que su situación procesal le permite no declarar, Quevedo ha decidido hacerlo como testigo, esto es, con obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes. Durante dos horas, el oficial ha respondido al fiscal Javier Zaragoza, encargado de interrogar a los testigos relacionados con la presunta violencia, una de las patas del delito de rebelión. La intervención se ha ceñido en contar el malestar de la policía catalana ante unas declaraciones del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, en las que decía que los Mossos se comportarían el 1-O de la misma forma que en una jornada electoral. «Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad», ha precisado Quevedo.

Como hizo la semana pasada Castellví, el testigo ha señalado que esa «queja» la dejaron «patente» en dos reuniones, el 26 y el 28 de septiembre del 2017, «no solo al exconsejero Forn», sino también a Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras. «No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida», ha añadido el entonces jefe de la comisaría general de Planificación y Seguridad de los Mossos.

Planes «incompatibles»

El testigo ha subrayado que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mossos, el exconsejero ?acusado de rebelión en este juicio? les dijo que «tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía».

Sobre la reunión del 28, la última antes del referendo ilegal, el testigo ha señalado que Forn «no intervino» y que Junqueras les dijo que «no habría resistencia» y que la gente dejaría actuar de «forma pacífica» a la Policía. Por su parte, Puigdemont justificó que el Gobierno catalán «tenía un mandato que cumplir y que había sido avalado por los resultados electorales». «Nos comentó que iban a llevar adelante sus planes, pero les dijimos que una cosa y la otra eran incompatibles», apuntó Quevedo.

El comisario ha mencionado «el clima de tensión que se vivía en Cataluña» antes del 1 de octubre del 2017, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado. A su parecer, «no cabe duda» que ante «las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña» era «bastante obvio que se podían generar tensiones en la comunidad». Por ello, ante la posibilidad de que hubiera «incidentes» o «conflictos entre colectivos antagónicos», se detectó la «necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones y personas», ha señalado.