La complejidad del voto rogado alejó de las urnas a 160.000 gallegos emigrantes

La reforma del sistema quedó paralizada por el adelanto de las elecciones generales


santiago / la voz

Un joven gallego que curse un Erasmus en Alemania, si quiere ejercer su derecho al voto en los próximos comicios, deberá marcar varias fechas en el calendario y cargarse de paciencia para sortear todas las dificultades administrativas y burocráticas que implica emitir el voto desde el exterior. Del 11 al 18 de marzo deberá inscribirse en el censo, si todavía no lo está, para poder votar en las generales. Luego tiene hasta el 30 de marzo para solicitar el voto y que le envíen la documentación, que debería recibir antes del 16 de abril para luego remitir su voto por correo antes del día 24. Pero al mismo tiempo deberá estar pendiente de los plazos para las municipales y europeas, porque también entre el 8 y el 15 de abril tendrá que inscribirse o reclamar su inclusión en el censo, con el fin de rogar el voto antes del 27 de abril, esperar a que le lleguen las papeletas y votar, como muy tarde, el 22 de mayo.

Un engorroso sistema que está haciendo desistir a buena parte de los electores. La prueba es que, desde que se implantó, el porcentaje de sufragios de los gallegos en el exterior bajó de un 35 % a un 3,5 %, y el número de votos, de 175.000 papeletas contabilizadas en el 2008 -antes de que se implantase ese sistema- a 17.500 en las generales del 2016. Cerca de 160.000 menos. En las autonómicas se pasó de 105.682 votos en el año 2005 a 88.666 en el 2009 y 13.663 en el 2012.

El voto rogado -un sistema por el cual tiene que ser el votante el que solicite las papeletas y el permiso para votar- nació para acabar con el fraude del voto exterior. Por la falta de controles en el proceso, se podía votar incluso haciendo uso de la identidad de personas fallecidas. Pero el que se implantó con el Gobierno de Zapatero creó el problema contrario, y es que muchos emigrantes no pueden ejercer su derecho al voto, bien por falta de información, bien porque no les llega la documentación, bien porque las dilaciones administrativas impiden que la papeleta llegue a tiempo. «Sabemos, polo número de persoas que o solicitan fronte ás que realmente votan, que boa parte dos galegos que están fóra non poden facelo», se queja el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. El grueso de los gallegos en la diáspora está en Latinoamérica, y es en esos países, precisamente, donde el correo es más deficitario. «O que pedimos -dice Miranda- é un sistema seguro, áxil e transparente».

Todo depende del país de destino. A María Louro, una gallega que reside desde hace años en Inglaterra, le informan puntualmente desde el consulado, «pero las papeletas llegan por correo certificado y, si no estás en casa para firmar, no te las dejan. La última vez no pude votar por eso y me agarré un cabreo tremendo».

Recientemente, el Parlamento de Galicia se manifestó a favor de la supresión del voto rogado, con el apoyo del PP, En Marea y PSdG y la oposición del Bloque. A su vez, en el Congreso se tramitaba una reforma de la ley electoral que estaba a punto de dar sus frutos, pero que quedó paralizada por el adelanto de las elecciones generales y la disolución de las Cortes, para disgusto de todos aquellos emigrantes que esperaban una solución. Las quejas que llegan a la web de Emigración o al correo del colectivo Marea Granate son buena prueba de ello.

No lo llaman el voto rogado, lo llaman el voto robado. Porque el derecho al sufragio se acabó convirtiendo en un privilegio al alcance de muy pocos.

En el 2008 votaron el 35 % del censo exterior gallego, y en el 2016, solo un 3,5 %

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