Los mandos policiales confirman trabas e inacción de la policía catalana frente al 1-O

Un jefe de los Mossos revela que Puigdemont desoyó su aviso de que habría violencia

 El exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Manuel Castellví
El exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Manuel Castellví

madrid / colpisa

Como era de esperar, los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña durante el desafío secesionista han ratificado en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo la secuencia de hechos relatada el martes por el coordinador del dispositivo del 1 de octubre, el coronel Diego Pérez de los Cobos. El comisario Sebastián Trapote y el teniente coronel Ángel Gozalo han confirmado la «pasividad» operativa mostrada por los Mossos d’Esquadra para facilitar la celebración del referendo ilegal.

Trapote y Gozalo se han referido a las «sombras de dudas» que comenzaron a tener días antes del 1-O con la actuación de la policía catalana. La razón, han argumentado, es que prefirieron darle a la votación un marchamo de legalidad, como si fuera una jornada electoral cualquiera, que cumplir con el mandamiento de la jueza del Tribunal Superior de Cataluña. Y eso que los tres cuerpos de seguridad fueron requeridos por la magistrada Mercedes de Armas para impedir la celebración de la consulta e incautar el material de votación, preservando la «convivencia ciudadana».

Esta última consideración fue a la que se agarró el mayor Josep Lluís Trapero -procesado en la Audiencia Nacional y acusado por un delito de rebelión- para no seguir las directrices seguidas por la Policía y la Guardia Civil. Trapote y Gozalo han señalado que ante la falta de colaboración tuvieron que activar el «plan b», que no era otro que «sustituir» a los Mossos.

La segunda gran consideración que han realizado los oficiales tiene que ver con la resistencia hallada en los centros de votación en los que intervinieron sus unidades. A preguntas de la Fiscalía -siempre en el marco de sustentar su acusación por rebelión-, los testigos han manifestando la resistencia que se encontraron para impedir la entrada u obstaculizar la salida de los agentes. 

«Nos agredían, nos empujaban»

Trapote aseguró que los concentrados «estaban perfectamente organizados, sabían cómo hacer la resistencia, hacían cadenas humanas, nos agredían, nos empujaban, tratando de abortar no solo la entrada sino la salida».

El jefe policial defendió la actuación de los agentes: «La fuerza se utiliza exclusivamente cuando no queda más remedio, siempre se ha utilizado de manera racional, proporcionada y congruente. La policía no se dedica a golpear de una manera gratuita». La resistencia era «organizada y virulenta», han coincidido ambos.

«Todo sumaba. Por ejemplo, el lenguaje prebélico de los CDR antes del 1-O, llamando a resistir y a defender la votación. La Guardia Civil hizo 71 intervenciones en total, y en 20 el nivel de incidencia fue menor. El secretario de Estado de Seguridad [José Antonio Nieto] había ordenado también buscar la convivencia necesaria», ha apuntado Gozalo, entonces general de la VII Zona de la Guardia Civil, ubicada en Cataluña.

Sobre la violencia ha asegurado que: «Tuvimos noticias de que los CDR invitaban (...) a que fueran a una especie de talleres en que recibirían orientaciones, formación teórica práctica para oponerse, resistir, defender las urnas». E insistió Gozalo en cuestionar el papel de los Mossos: «Fue una actitud que, debido al despliegue que tenían, que era escasísimo y no en todos los puntos, ante la llegada de la Guardia Civil era de pasividad en la mayor de los casos; en casos más puntuales había incluso alguna resistencia». 

Disuadir a Puigdemont

El comisario jefe de Información de los Mossos Manel Castellví ha revelado que los altos mandos de la Policía autonómica intentaron «concienciar» al Gobierno de Puigdemont de las previsibles situaciones de violencia durante el 1-O. Y, pese a que intentaron disuadirlo, «salieron igual que entraron». «Por parte del presidente [Puigdemont], que finalizó la reunión, dijo que comprendía la situación y que se ponía en nuestro lugar, pero que había un mandato del pueblo para llevar a cabo el referendo y una decisión del Gobierno de llevarlo a cabo. Su respuesta nos dejó... Yo salí frustrado», dijo

Finalmente llegó la autocrítica. «La convocatoria sería pacífica, de resistencia pasiva sin violencia. Éramos conscientes de que se iba a producir la escalada, pero sin esa magnitud, y ahí quizá hemos fracasado. El dispositivo de los tres cuerpos fue insuficiente, pero no soy el comisario de Planificación», atribuyó el testigo, que finalizó diciendo que sus agentes usaron «la fuerza» el 1-O y que cerraron 139 locales.

Un juzgado investigará la difusión por radicales de fotos de la secretaria judicial del 20S con mensajes amenazantes

 

cristian reino

Montserrat del Toro, la secretaria judicial que durante el asedio independentista a la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017 tuvo que salir por la azotea, presentó este jueves una denuncia en un juzgado de Barcelona por los mensajes difundidos en redes sociales en los que aparece su imagen acompañada de expresiones amenazantes e injuriosas. Precisamente, la Fiscalía decidió abrir diligencias e instó a los Mossos a que iniciaran una investigación. Pero tras la querella presentada por Del Toro, decidió archivar su caso y se puso a disposición del juez.

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la difusión en las redes sociales de la imagen de Montserrat del Toro, que el miércoles compareció como testigo en el juicio por el 1-O. Ella había pedido declarar sin que se viera su rostro, y el tribunal acordó «no mostrar su imagen en la retransmisión televisiva». Sin embargo, a raíz de sus declaraciones, que refuerzan la acusación de rebelión, se ha convertido en blanco de las críticas de los independentistas en Internet. En las redes sociales, las críticas son descarnadas. Sus fotos van acompañadas de indicaciones que pueden facilitar la localización de la secretaria judicial e incluyen textos que según el ministerio público «incitan expresamente al ejercicio de la violencia física sobre su persona, aparte de otros de naturaleza claramente ofensiva y vejatoria». Los mensajes, según la Fiscalía, pueden ser constitutivos del delito de obstrucción a la Justicia y de descubrimiento y revelación de secretos e injurias con publicidad a funcionario público.

Este jueves, unos 2.000 letrados de Justicia de toda España mostraron su apoyo a Del Toro en un comunicado y anunciaron que también presentarán una denuncia.

Además, el secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, quien también compareció como testigo, solicitó asimismo que su rostro no fuera divulgado. El juez lo aceptó, pero TV3 divulgó su imagen.

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