La Guardia Civil entra en la Cámara catalana en busca de facturas sobre la financiación del referendo ilegal del 1-O
ESPAÑA
La Guardia Civil se personó el miércoles en el Parlamento catalán en plena celebración del juicio en el Supremo contra los líderes del desafío secesionista. Dos agentes accedieron a la Cámara catalana, vestidas de paisano y en funciones de policía judicial, y presentaron un requerimiento y una petición de información en el marco de la causa sobre el 1-O que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Este fue el primer tribunal de Justicia que abrió una investigación penal contra el proceso secesionista. La causa se puso en marcha en febrero del 2017, meses antes de los hechos de octubre, por las revelaciones del exmagistrado y exsenador Santiago Vidal sobre los preparativos del referendo y presuntas irregularidades en el proceso secesionista. Este caso se instruye por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O. Hay unos 40 imputados, entre otros el exsecretario de la Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó.
La instrucción en este juzgado de Barcelona va en paralelo a los juicios del Tribunal Supremo, al que arrancará en la Audiencia Nacional contra los responsables de los Mossos y al del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
En la operación policial de ayer, la Guardia Civil pidió un informe sobre la contabilidad y el control de las subvenciones públicas que reciben los grupos parlamentarios. En concreto, el grupo de Junts pel Sí de la pasada legislatura. El juez lleva meses tratando de recabar facturas e investigando el acto que en julio del 2017 el Gobierno catalán y los partidos soberanistas celebraron en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar la ley del referendo, que se aprobó en la Cámara catalana el 6 de septiembre de ese año.