José Antonio Nieto defiende que la policía usó «la fuerza mínima imprescindible» el 1-O

El ex secretario de Seguridad culpa a la Generalitat por promover una consulta ilegal

El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, durante su declaración en el Tribunal Supremo
El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, durante su declaración en el Tribunal Supremo

Madrid / La Voz

Las casi cuatro horas de declaración en el Supremo del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto se resumen en un par de argumentos ya oídos en la sala: que la escalada secesionista provocó «actos violentos» y «organizados» en Cataluña en el otoño del 2017 (tanto Mariano Rajoy como su vicepresidenta y el ministro del Interior ya lo aseguraron la semana pasada), y que los responsables de ello fueron el Gobierno de la Generalitat, por promover y alentar una consulta ilegal, y los Mossos, por no haber dejado claro que harían cumplir el mandato judicial de no permitir el referendo del 1 de octubre. Asimismo, el número dos del Ministerio del Interior, defendió repetidamente la actuación de las fuerzas policiales desplazadas a Cataluña, negando que hubiera habido cargas contra la ciudadanía: «Me reafirmo en que se realizó de una manera ejemplar. Se usó la fuerza mínima imprescindible».

Nieto se mostró mucho más contundente que su exjefe, Juan Ignacio Zoido, cuya declaración estuvo trufada de «no me consta» y «no lo recuerdo». Asumió la responsabilidad de la Operación Copérnico, por la que se enviaron a Cataluña 6.000 efectivos de Policía y Guardia Civil, después de que el Tribunal Superior de Justicia acordara impedir la consulta ilegal.

Aseguró que tras el 20-S en el ministerio tenían «seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto» ante la consejería de Economía. En contra de lo que declararon tanto los acusados como sus testigos, sostuvo que hubo «incidentes violentos» cada vez que la Guardia Civil actuaba para desarticular la logística previa al referendo: «Eso nos llevó a pensar que no eran concentraciones espontáneas, sino que había una organización».

Desveló también que el Gobierno de Rajoy llegó a ofrecer a la Generalitat hacer un simulacro de referendo «en calles, plazas o lugares abiertos», para no contravenir el mandato judicial que impedía la consulta, pero que la propuesta -hecha el 28 de septiembre en la reunión de Junta de Seguridad presidida por Carles Puigdemont- no prosperó.

Surrealismo e inacción

«No hubo el más mínimo gesto de diálogo», dijo, calificando de «surrealista» dicha junta, pues se negociaba no celebrar el 1-O con quien lo había convocado.

En ese punto se mostró extremadamente duro con los Mossos, a los que acusó de inacción. «Estoy convencido de que si, de forma clara y evidente, hubieran manifestado su voluntad de cumplir con el mandato judicial, el 1-O no se habría celebrado, se habría desconvocado»,dijo, subrayando la «poca colaboración» del mayor Trapero, cuya «alineación con la Generalitat era total». Precisamente por ello actuaron los efectivos policiales el 1-O: «Se cumplió el objetivo marcado y se hizo con una adecuada proporción de fuerza». Nieto negó que se dieran órdenes de cesar la intervención y que esta se paró por «la fatiga» de los agentes.

Torrent choca con letrados del Parlamento y miembros de la Mesa en su defensa de las leyes ilegales

«Yo voté el 1 de octubre y tengan presente que volveremos a votar, volveré a votar». Con este alegato arrancó su declaración como testigo ?la primera de la tarde? el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ante el tribunal que juzga a los líderes secesionistas.

En un interrogatorio rápido ?apenas 40 minutos, incluyendo una sonada bronca del presidente de la sala a los abogados de las defensas por la improcedencia de sus preguntas?, el político de Esquerra defendió sin fisuras a su predecesora, Carme Forcadell. Aseguró que él habría hecho lo mismo que ella respecto a la tramitación parlamentaria de las leyes que sustentaron el procés, que la han llevado al banquillo, acusada de rebelión y enfrentándose a 17 años de cárcel.

Aseguró que la ley de transitoriedad, sobre la que se basaba la creación de la república, «nunca tuvo efectos jurídicos» y que lo único que buscaba era «una solución» al conflicto entre el Gobierno español y el catalán, dando «seguridad al conjunto de la ciudadanía y las instituciones».

No son censores

Respecto a su tramitación parlamentaria, Torrent explicó que la Mesa del Parlamento solo puede inadmitir propuestas «por cuestión de forma, no de fondo». «La Mesa es un órgano político, no un censor, que no entra a valorar nunca el fondo de las propuestas, por muy inconstitucionales que uno pueda pensar que son», aseguró, avalando así la tramitación de las citadas leyes ilegales que daban soporte a la culminación del proceso secesionista.

El argumento del presidente no lo compartieron los testigos que le siguieron, como José María Espejo Saavedra, vicepresidente de la Cámara y representante de Ciudadanos en la Mesa del Parlamento, que aseguró que «los grupos [no independentistas] se dejaron la piel» para tratar de impedir el desarrollo de las leyes de desconexión, y que el impulso del Parlamento a las citadas normas fue «absolutamente irregular».

Aviso de inadmisión a trámite

También Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlamento, y Xavier Muro, responsable de los servicios jurídicos de la Cámara como secretario general, desmontaron la tesis de Torrent y Forcadell, al asegurar que una de las excepciones para que la Mesa no admita a trámite una proposición es que choque de forma «palmaria y evidente» con la Constitución. Y se lo advirtieron, incluyendo las responsabilidades en las que incurrían, aunque sus informes no son vinculantes.

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