Forcadell admite que utilizó la presidencia del Parlamento catalán para legitimar el desafío independentista

Jordi Cuixart defiende ante el tribunal la desobediencia civil

Carme Forcadell, expresidente de la Cámara autonómica y de la ANC
Carme Forcadell, expresidente de la Cámara autonómica y de la ANC

madrid / colpisa

La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, tuvo una «participación medular» en la aprobación de la legislación que sirvió de «coartada legitimadora» del proceso secesionista. Lo hizo, según la Fiscalía, contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional y puso la Cámara al servicio del resultado obtenido en el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Bajo esta premisa, el ministerio público apretó este martes el acelerador para defender ante el tribunal del Supremo que Forcadell no solo desobedeció gravemente las resoluciones judiciales, sino que despreció el reglamento parlamentario y desoyó los informes jurídicos de sus letrados para impulsar el desafío independentista. «No les hicimos caso porque no eran vinculantes. Ellos hacen informes jurídicos y nosotros tomamos decisiones políticas», aseguró a la Sala.

El interrogatorio a la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana discurrió por dos caminos. Por un lado, en el reconocimiento de la procesada de que los derechos políticos de los diputados priman sobre las normas internas de la Cámara; del otro, en el rechazo a la tesis acusatoria de que su actuación formaba parte de una plan coordinado para obligar al Estado a negociar el derecho a decidir. Sobre su tarea como presidenta del Parlamento catalán y de la Mesa, el órgano que ordena la actividad de la Cámara y admite la tramitación de leyes, Forcadell se defendió contra el delito de rebelión, por el que le reclaman 17 años de prisión, por liderar el soporte legal del desafío secesionista: «El trabajo de la Mesa era meramente burocrático, no entraba en el fondo de las leyes propuestas. No se puede alterar el debate político, la palabra tiene que ser libre». 

Advertencias del Constitucional

La acusada rebajó así su responsabilidad institucional como segunda autoridad autonómica en Cataluña. «No estamos para valorar la constitucionalidad o no de las enmiendas, porque priman los derechos fundamentales, el pluralismo político, la libertad de expresión o la inviolabilidad parlamentaria del voto», añadió para defenderse de las cinco advertencias que recibió del Constitucional sobre la tramitación de las leyes legitimadoras del desafío independentista.

El interrogatorio duró cerca de cuatro horas y fue cogiendo temperatura sobre todo por las preguntas incisivas de la fiscala Consuelo Madrigal y el tono de las respuestas. «Si el único límite a una tramitación parlamentaria son los derechos humanos, como dice, ¿quién interpreta las leyes, usted o el Constitucional?», le espetó Madrigal. «Cumplí con mis deberes. Querían convertir la Mesa en un órgano censor y eso era una cosa imposible», respondió.

Madrigal le mostró entonces un vídeo en el que arengaba a las masas tras las primeras detenciones el 1-O. «No tenemos miedo», le espetó Forcadell. La Fiscalía intentaba probar que también tuvo un papel político, después de que hubiera negado al tribunal haber animado a la gente a ir a las urnas. 

«El fiscal crea un relato falso»

Entre el idealismo independentista de Oriol Junqueras y lo jurídico de Jordi Sànchez se situó ayer la declaración de Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural invocó a activistas de los derechos humanos como Rosa Parks, Martin Luther King y Gandhi para defender el derecho a decidir. Durante cinco horas, el procesado por un delito de rebelión como «promotor» de la movilización ciudadana justificó la celebración del referendo como un acto de «desobediencia civil», el «más grande» que se ha visto en Europa, y aseguró que la única «violencia» que percibió fue la policial. A preguntas del fiscal Jaime Moreno, Cuixart matizó la explicación de los mensajes incendiarios que escribió en redes sociales el 20 de septiembre del 2017, uno de los principales indicios para la acusación por su actitud sediciosa en contra de la operación judicial del 1-O. «Rebeldes, armas, sedición... no hay nada de esto, nada de lo que la Fiscalía está intentado crear. Es falso. No incité a causar daños en los vehículos de la Guardia Civil», afirmó Cuixart, cuyas primeras palabras en la vista se refirieron a su persona: «Yo soy un preso político, no un político preso. Estamos en la cárcel por el hecho de ser activistas sociales y no políticos», señaló el considerado líder civil del desafío independentista, que se enfrenta a 17 años de prisión.

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