El juicio pone en evidencia el fraude secesionista

Los acusados reniegan de la declaración de independencia, que ahora califican de retórica, y convierte el referendo del 1-O en una mera movilización política

La declaración de Santi Vila ha sido la más contundente evidencia del engaño de los secesionistas
La declaración de Santi Vila ha sido la más contundente evidencia del engaño de los secesionistas

Barcelona / Colpisa

«No tenemos que ir a defendernos de nada, vamos a acusar al Estado». Esta es la frase que más han repetido los líderes secesionistas y sus abogados en los meses previos al juicio. Sin embargo, si algo ha quedado claro en las dos primeras semanas de la vista oral en el Supremo es que la mayoría de los procesados han intentando rebajar el alcance de lo que hicieron en octubre del 2017 y que por entonces presentaron como un proceso real hacia la secesión, que ha quedado desacreditado por ellos mismos.

Ni hubo declaración unilateral de independencia (DUI), ni referendo de autodeterminación. Se buscaba la negociación con el Estado, han reconocido Meritxell Borràs y Dolors Bassa. Lo que se ha escuchado en la sala de vistas del Supremo no es del agrado de los dos millones de personas que acudieron a votar el 1-O, pensando que estaban a las puertas del nacimiento de un nuevo estado. Algunos de ellos ya lo habían declarado con anterioridad durante las comparecencias en la instrucción de la causa, pero la retransmisión en directo de las declaraciones de los acusados ha dejado al descubierto lo que ya habían dicho otros, como la exconsejera Clara Ponsatí, que fue quien lo verbalizó con mayor crudeza: «Íbamos de farol».

Estas dos últimas semanas se han abonado a esta teoría buena parte los procesados. Lo cual deja en una situación muy complicada a Quim Torra, que repite por activa y por pasiva que tiene un mandato democrático que cumplir que surge del 1-O y del 27-O y que le obliga a hacer efectiva la república. Pura retórica si se toma al pie de la letra lo que han dicho los principales protagonistas del desafío de octubre del 2017. Como se esperaba, las palabras que más han molestado entre la parroquia independentista han sido las de Santi Vila, consejero de Empresa y Cultura hasta la víspera de la declaración unilateral de independencia. «Nunca reconocí el 1-O como un referéndum», dijo. En la misma línea, se expresó la exconsejera de Trabajo, la republicana Dolors Bassa. «El referéndum nunca fue un acto concluyente para la independencia», dijo Bassa, que semanas atrás instó a los suyos, desde prisión, a que no dejaran caer a Pedro Sánchez y no tumbaran los Presupuestos del Estado. No le hicieron caso. Fue una «forma de compromiso institucional con la ciudadanía. Un acto más dentro de la legislatura», añadió. 

Ilegal

El exconsejero del Interior, Joaquim Forn, admitió que el 1-O fue «ilegal». El referendo, así, ha quedado reducido a gran movilización y la proclamación de la república a mera declaración política, sin valor jurídico alguno.

La declaración de independencia solo fue una «expresión de voluntad política», dijeron Jordi Turull y Josep Rull ante el tribunal. «Fue una declaración política sin consecuencias jurídicas», según Meritxell Borràs. Una proclamación de la república, que según Forn, nunca se votó en la Cámara catalana, pues el texto de la DUI formaba parte del preámbulo de una resolución parlamentaria. Y el texto que votaron los diputados soberanistas, por tanto, fue el de la parte que incluía una propuesta de resolución.

«Lo que se leyó en la Cámara fue un preámbulo de la declaración de independencia que ni obligaba ni establecía nada», según Borràs. Forn dijo además que el Gobierno catalán, tras la DUI, «no hizo nada para implementar la independencia». «Después no se hizo absolutamente nada», constató Bassa. De eso fueron testigo las miles de personas que el 27-O, al anochecer, reclamaban desde la plaza Sant Jaume que Carles Puigdemont saliera al balcón del Palau de la Generalitat y arriara la bandera española. Se fueron a sus casas con una enorme decepción y sin entender qué pasaba. Los líderes independentistas han tratado de convencer al tribunal de la intrascendencia jurídica de la DUI y de su carácter de resolución meramente expositiva. El objetivo es que el único delito que se les pueda imputar sea el de desobediencia. Pero miles de catalanes secesionistas se sentirán más que engañados. La frase definitiva la dejó Santi Vila: «Puigdemont no supo gestionar la presión para evitar la DUI».

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
15 votos
Comentarios

El juicio pone en evidencia el fraude secesionista