La Fiscalía apretará para demostrar que hubo violencia en el desafío secesionista
ESPAÑA
Confía en que los testigos y vídeos inéditos apuntalarán la acusación de rebelión
24 feb 2019 . Actualizado a las 08:37 h.La Fiscalía no está del todo satisfecha del desarrollo de las dos primeras semanas del juicio a los líderes independentistas catalanes. Es consciente, según admiten fuentes de la institución, que en estas seis primeras sesiones apenas ha logrado poner el foco en la supuesta violencia durante la intentona secesionista de otoño del 2017, y que sin esa violencia su acusación por rebelión -y por la que reclama penas de hasta 25 años de cárcel a alguno de los procesados- no se sostiene jurídicamente. No conseguir una condena por rebelión (o siquiera una condena por rebelión en grado de tentativa) para los principales implicados, sabe el ministerio público, sería un rotundo fracaso. Pero la Fiscalía está convencida de que en breve va a revertir esta situación.
Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena contaban con que el interrogatorio de los acusados iba a ser el momento de mayor debilidad de sus tesis, con todos ellos enrocados en que no hay pruebas de la más mínima violencia ni el 20 de septiembre, durante el asedio a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía, o en la votación del 1 de octubre. Que ninguno de ellos iba a reconocer que instigó a la ciudadanía a crear «muros humanos» para entorpecer la acción de las fuerzas de seguridad el día del referendo ilegal, arriesgándose a que se desataran episodios de violencia. O que ninguno de los implicados iba a admitir que formaron parte de un plan perfectamente organizado para ir aumentando la conflictividad ciudadana contra el Estado.
Tras el interrogatorio de los diez primeros procesados, en el entorno independentista, e incluso entre las defensas de los imputados, está enraizando la creencia de que la Fiscalía se plantea ya acusar solo por desobediencia a pesar de que durante las cuestiones previas dejó bien clara su postura de seguir manteniendo la rebelión. Pero lo cierto es que en la Fiscalía velan ya las armas para seguir insistiendo en la violencia. El primer paso de esta nueva estrategia para volver a llevar al centro del juicio la violencia fue el interrogatorio este jueves del diputado y expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Durante cuatro horas todo giró en torno a la existencia o no de ella durante el registro del 20 de septiembre. La Fiscalía va a seguir en esa línea el martes con la comparecencia del otro líder independentista que se subió, megáfono en mano, encima del techo de los vehículos vandalizados de la Guardia Civil, Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural.
As en la manga
Aunque la opinión pública y la prensa esperan con expectación la declaración la próxima semana de testigos como Mariano Rajoy, Iñigo Urkullu, Soraya Sáenz de Santamaría o Juan Ignacio Zoido, la Fiscalía lo que realmente aguarda con tensión es el interrogatorio de los que considera sus testigos clave en este proceso: los policías y guardias civiles heridos durante las refriegas del 1-O o personas que vivieron en primera persona capítulos violentos durante aquella jornada.
El famoso Enfocat
El ministerio público sabe que se lo juega todo con esos testimonios, pero también sabe que juega con un as en la manga: de los más de 500 testigos aceptados por la sala, 256 lo han sido a propuesta de la Fiscalía. Y la gran mayoría de estas personas están llamadas para apuntalar la tesis de que sí hubo violencia y que esta fue fruto de un plan (recogido en el famoso documento Enfocat y en el que participaron todos los encausados) para aumentar la tensión con el Estado central hasta forzarle a admitir la secesión de Cataluña. Serán jornadas completas con la violencia encima de la mesa, según la estrategia diseñada por la acusación pública.
La Fiscalía, según han revelado responsables de esta institución, también ultima otro golpe de efecto para tratar de amarrar la rebelión: la exhibición de vídeos, algunos inéditos, con episodios de actos violentos por parte de grupos de ciudadanos contra agentes de la Policía y la Guardia Civil el día del referendo ilegal. Varias de estas grabaciones proceden de los propios funcionarios policiales y son desconocidas por el gran público. Con estas mimbres, la Fiscalía confía en socavar la, por ahora bastante exitosa, táctica de las defensas de sostener que, como mucho, los encausados incurrieron en un delito de desobediencia, al desoír las advertencias del Constitucional de que no celebraran el referendo.
La declaración de Rajoy se traslada al miércoles
El Tribunal Supremo ha pospuesto un día la declaración de Mariano Rajoy. La sala ha aprobado un nuevo calendario para la próxima semana. Así, el martes se ha reservado para el interrogatorio de Jordi Cuixart y Carme Forcadell, el presidente de Òmnium Cultural y la expresidenta de la Cámara autonómica, respectivamente. Los testigos comenzarán el miércoles con las comparecencias del diputado Joan Tardá (ERC);, del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), de Artur Mas, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, el exministro Montoro y el propio Rajoy. El jueves será el turno del lendakari Urkullu, Gabriel Rufián (ERC), Ada Colau y el exministro del Interior Zoido.
Por su parte, Torrent ha convocado para las 09.00 horas del miércoles 27 el inicio del pleno de la Cámara, justo el día en que Torrent está citado como testigo. Fuentes de Presidencia del Parlamento han asegurado que Torrent todavía no ha recibido ninguna notificación del Supremo y que «si lo citan el miércoles tendrán que cambiar de día porque hay pleno». Carlos Carrizosa, de C’s, acusó a Torrent de buscar «deliberadamente la coincidencia».
La jueza que ordenó impedir el 1-O rechaza integrar la sala que juzgará a la Mesa del Parlamento
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que ordenó a las fuerzas de seguridad impedir la celebración del 1-O, ha rechazado integrar la sala del alto tribunal catalán que juzgará por desobediencia a los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlamento autonómico: Lluís Maria Corominas (PDECat), Lluís Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la diputada de la CUP Mireia Boya.
Según el TSJC, Armas, que había sido designada ponente, será sustituida por el juez Jordi Seguí, que formará el tribunal junto al presidente Jesús María Barrientos y Carlos Ramos, uno de los magistrados designado a propuesta del Parlamento catalán y que ahora será ponente. Armas decidió renunciar a formar parte del tribunal porque en su día decidió que había base para citar a declarar como investigado por desobediencia grave a Nuet, pese a que no había sido incluido como tal en la querella inicial de la Fiscalía.
Trapero y la excúpula de los Mossos, a la Audiencia Nacional
La Sección Primera de la Sala Penal confirmó su competencia para juzgar al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector del cuerpo autonómico Pere Soler y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana por los delitos de rebelión de los que la Fiscalía acusa a los tres primeros, y de sedición a Laplana. Todos ellos están encausados por la supuesta pasividad de los agentes autonómicos durante el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía en el registro del 20 de septiembre del 2017 y la presunta inacción del cuerpo para impedir el referendo ilegal del 1-O.
En un auto, los magistrados desestiman el argumento de la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento planteada por la defensa de Puig, a la que se había adherido la de Soler y en la que el fiscal informó a favor de mantener la competencia del órgano central.
Las dos defensas que habían cuestionado la competencia consideraron que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional. La Sala entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Carta Magna, y mantienen que el Tribunal Constitucional ya despejó cualquier duda sobre la constitucionalidad de la conexión de los delitos de terrorismo y rebelión. Añade en este sentido que «el legislador puede decidir la determinación de competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y asignar a un órgano judicial centralizado la instrucción y enjuiciamiento de ciertos supuestos, en atención a su naturaleza, materia, amplitud del ámbito territorial o trascendencia para el conjunto de la sociedad», precisa el auto.