Santi Vila rompe con el discurso del secesionismo en el juicio del 1-O

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El exconsejero de Empresa, Santi Vila
El exconsejero de Empresa, Santi Vila Tribunal Supremo

Tilda el referendo de movilización y acusa a Puigdemont de sucumbir a la presión social

22 feb 2019 . Actualizado a las 09:06 h.

En la sala del Supremo donde se juzga a los independentistas catalanes este jueves se escuchó por primera vez autocrítica sobre cómo se gestionó la escalada secesionista. Fue el exconsejero de Empresa, Santi Vila -que precisamente dimitió el 26 de octubre del 2017, la víspera de la declaración unilateral de independencia (DUI)- quien admitió que, de haberse hecho las cosas de otro modo y no haber sucumbido a la «presión» para forzar la independencia, se podría haber evitado el banquillo. «Lo que ha pasado en Cataluña es impropio de una sociedad avanzada y moderna», dijo, reflexionando, en relación a la convocatoria de la consulta soberanista, que «si en la vida tuviéramos la oportunidad, a pelota pasada, quizá revisaríamos esas decisiones».

Vila, considerado un traidor por el independentismo -ayer Torra le dio la espalda en el pasillo-, explicó que abandonó el Gobierno «frustrado» por no poder impedir la declaración secesionista. El origen fue la fractura abierta tras el 1-O, que después de la suspensión del Constitucional, él aseguró no reconocer como referendo sino como «una gran movilización política». 

Discrepancias

«Dimito frustrado, porque a partir de esa noche, en el seno del movimiento soberanista hay discrepancias: algunos interpretan que era un grito a favor de la independencia, y otros opinamos que fue una movilización muy importante, pero que también hubo más de dos millones y medio de catalanes que se quedaron en casa. Algunos consideramos que debíamos ser el Gobierno de todos, y creo que ese era el sentir mayoritario», recordó, añadiendo que «por orden de Puigdemont», formó parte de los políticos «que interlocutaron con altos dirigentes del PSOE y del Gobierno de España que, en contra de lo que se publicó, tenían interés en la conciliación y evitar el choque institucional». 

Evitar el «despropósito»

Aseguró que vivió «hasta el último segundo» con la convicción de que se lograría «evitar el despropósito» de una declaración unilateral. «Formé parte de ello y, con orgullo, creo que el 25 de octubre lo habíamos conseguido», dijo, asegurando que se fue a dormir «con la paz interior» de que no se anunciaría la DUI, «ni ningún tipo de declaración que, aunque sea solo formal o política, pueda resultar ofensiva e inflamatoria». Se había acordado convocar elecciones autonómicas.

Pero todo «se torció» por el «clima de desconfianza» existente. Vila consideró que Puigdemont no soportó «la presión de las redes sociales», lo que desembocó en la DUI y la posterior aplicación del 155 por el Gobierno central, que supuso la intervención de la autonomía. «Si no somos capaces de gestionar esto, me voy, dimito», recordó.

El exconsejero, en libertad provisional, se enfrenta a siete años de cárcel por desobediencia y malversación. Negó -como los demás acusados- que se destinara dinero público al referendo, que, en su opinión, se financió a través de «mecenas catalanistas» y empresarios. Lamentó la violencia policial del 1-O, «tan poco acorde con un Estado democrático y moderno como España», y opinó que si no hubiera sido por esas actuaciones «desproporcionadas e innecesarias, no habría votado tanta gente».

Al rápido interrogatorio de Vila (poco más de una hora), le siguió el del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que se enfrenta a 17 años de cárcel por rebelión. «La Fiscalía cuestiona las acciones de la ANC, cuando se han hecho manifestaciones absolutamente pacíficas; por eso me considero preso político», aseguró. 

El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez
El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez Tribunal Supremo

Sànchez niega la violencia

La mayor parte del interrogatorio del fiscal se centró en la manifestación del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, donde siete vehículos de la Guardia Civil resultaron destrozados, de lo que considera a Sànchez instigador. El acusado lo negó todo. Argumentó que tanto la manifestación del 20-S como la votación del 1-O habían sido actos cívicos.

Insistió que ante Economía no hubo violencia, «ni un solo lanzamiento de objetos, ni riesgo para la integridad física de nadie, ni tampoco ningún intento de asalto al edificio». «No se crean mis palabras, visionen las imágenes, donde es perfectamente visible la tranquilidad absoluta que se vive», aseguró. Admitió, sin embargo, que se había subido sin permiso al coche de la Guardia Civil, pero dijo que fue para insistirles a los manifestantes que se fueran a casa.

Aplazada la declaración de Forcadell y de Cuixart, que retrasará la de Rajoy

Después de la maratoniana jornada del miércoles -casi doce horas de declaraciones-, el presidente de la sala, Manuel Marchena, decidió ayer suspender la sesión a las 18.37 horas, tras concluir el interrogatorio de Jordi Sànchez, en lugar de continuar, como estaba previsto, con los dos últimos acusados: Jordi Cuixart y Carme Forcadell. La declaración de ambos ha quedado pospuesta hasta el martes, a las 9.30 de la mañana, el mismo día en el que comenzarán las testificales de los políticos, entre ellos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que acusarán el retraso. Marchena explicó que «en caso de que no se puedan completar los testigos previstos para la semana próxima, se habilitará la mañana del viernes 1 para terminar las declaraciones».