Los acusados alegan que buscaban el equilibrio entre la ley y el mandato democrático
21 feb 2019 . Actualizado a las 07:59 h.«Hay una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional, sistemáticamente instrumentalizado por el Estado para paralizar cualquier iniciativa». Con este argumento, el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, defendió ayer en el Supremo que el Gobierno catalán ignorara -hasta seis veces, como insistió la Fiscalía- las resoluciones del alto tribunal para que se paralizara la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017.
Si la víspera Jordi Turull aseguró que el Ejecutivo catalán buscaba el equilibrio entre «cumplir la ley y hacer efectivo el compromiso con la ciudadanía», Rull, para defender la consulta independentista del 1-O, abundó en el mismo concepto de «ponderación» entre «el imperio de la ley y el mandato democrático» que aplicó el Tribunal Supremo de Canadá en el caso de Quebec.
No hubo argumentos nuevos en la quinta sesión del juicio al desafío independentista. El exconsejero de Territorio insistió en los ya expuestos por los acusados que le precedieron. Así, al igual que Junqueras, Forn, Turull y Romeva, rebajó la importancia de la declaración unilateral de independencia (DUI), asegurando que había sido una declaración «formal y solemne», pero meramente «política», es decir, que legalmente no se había consumado la secesión, además de que carecían de plan y de infraestructuras para llevarla a cabo.
La Generalitat, «una gestoría»
Igualmente negó de forma taxativa el delito de malversación. Cabe recordar que los informes policiales cifran en más de tres millones lo indebidamente dispuesto, aunque solo la mitad se habría abonado. Rull aseguró, sin embargo, que no se había usado «ni un euro» de dinero público en la organización del referendo e insistió, como Turull, en que el férreo control al que Hacienda sometía a la Generalitat así lo garantizaba. Denunció que el Gobierno de Rajoy convirtió a la Generalitat en «una gestoría».
El exconsejero, para el que la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación, también sostuvo que la concentración ciudadana del 20 de septiembre ante la sede autonómica de Economía fue «una manifestación cívica» y no violenta, aunque rechazó el destrozo de los vehículos de la Guardia Civil. En lo que respecta al 1 de octubre, sentenció que la única violencia había sido la desplegada por las fuerzas policiales: «Shame, vergüenza [en castellano], es lo que leí en la mayor parte de la prensa internacional al día siguiente», añadió.
Rull, cuya actuación durante el desafío independentista la Fiscalía considera «significada», defendió la decisión de la Generalitat de no permitir atracar en el puerto de Palamós al crucero que alojó a las fuerzas de seguridad del Estado, argumentando que no lo habían pedido por los cauces legales y que el puerto no aceptaba largas estancias para reparaciones.
A diferencia de los días anteriores, la tarde no la ocupó una sola declaración, ya que al interrogatorio de Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Servicios Sociales y Familia, le siguió, tras un receso de 10 minutos, el de Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación, pese a que inicialmente el presidente de la sala, Manuel Marchena, había anunciado el de Carles Mundó.
«Sin dinero público»
La exresponsable de Trabajo tuvo la intervención más ágil en lo que va de juicio -respuestas breves y muy concretas, al contrario que Rull-. Aunque diferente en la forma, el fondo de su declaración fue calcado a los de sus compañeros de Gobierno.
En lo que respecta a Borrás, a diferencia de los anteriores e igual que Mundó y el exconsejero de Territorio, Cultura y Empresa, Santi Vila, no está acusada de rebelión sino únicamente de un delito de malversación de fondos públicos y desobediencia. Ella, que es la primera en declarar que no está en prisión, sostuvo, en la misma línea que sus antiguos compañeros de Gobierno, que no se había usado «ni un euro» público para el referendo y volvió sobre la «politización» del Constitucional para explicar por qué desoyó sus requerimientos. También restó importancia a la DUI y aseguró que firmó la convocatoria del referendo ilegal por tratarse solo de «un gesto o símbolo».
Por su parte, el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, también en libertad, sostuvo que el 1-O no se financió con dinero público y que la convocatoria de referendo fue «una expresión política».
La sala acordó ayer ampliar las sesiones a los días 4, 11 y 25 de marzo (lunes), para evitar en lo posible coincidir con las elecciones generales.