Un padre absuelto de abusos a su hijo reclamará al Estado dos millones por «prisión injusta»

Estuvo en la cárcel tres años y dos meses a la espera del juicio. Según su abogada, sufre estrés postraumático, un síndrome de depresión mayor y le da miedo acercarse a su hijo porque sabe que «la imagen que tiene de él es la de un monstruo»

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo

Redacción

El hombre que fue acusado en el 2013 de delitos continuados de agresión sexual a su hijo menor de edad y de exhibición de material pornográfico a menores y que fue absuelto por el Tribunal Supremo reclama ahora al Ministerio de Justicia una cuantía que ronda los dos millones de euros como indemnización para reparar los daños producidos por, según su defensa, haber sufrido una «prisión indebida» e «injusta».

Así lo ha manifestado a Europa Press Ana De Silva, la abogada del que fue acusado, que responde a las iniciales de T.L.R., y quien ha presentado al Ministerio un escrito de reclamación por los daños que sufrió su cliente tras haber permanecido en prisión preventiva tres años y dos meses a la espera de que se celebrase el juicio.

La abogada ha explicado que ahora que el proceso se ha resuelto interpone algo que le ampara la ley y que tiene que ver con que «cuando una persona sufre una prisión indebida tiene derecho a reparar ese daño». «Es una reclamación patrimonial, pero la causa es una prisión indebida porque esa prisión es injusta», ha apuntado De Silva, quien ha insistido en que han privado de su cliente de «estar en libertad y de tener una vida normal con un trabajo».

La solicitud reclama una cantidad cercana a los dos millones de euros porque sería la cantidad que corresponde según los baremos recogidos en la Ley del Contrato del Seguro multiplicada por el número de días que T.L.R. ha permanecido en prisión.

A este concepto se añade también el daño cesante, que tiene que ver con la forma de daño patrimonial por no haber podido trabajar el tiempo que ha estado encarcelado. En este caso se ha tenido en cuenta el salario mínimo interprofesinal. Con todo, De Silva ha confirmado que los criterios seguidos para estipular la cuantía de la indemnización «tienen una base legal».

Según ha comentado la abogada, la prisión ha producido a su representado «daños» por los que se le ha acreditado que sufre estrés postraumático y un síndrome de depresión mayor. A estas secuelas mentales se añade el tema de tener un hijo «al que le da miedo acercarse porque sabe que la imagen que tiene de él es la de un monstruo».

De Silva ha apuntado que el Ministerio de Justicia tiene un procedimiento por el cual «debe responder» a su reclamación. Dicho procedimiento incluye que se elaboren informes preceptivos tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo de Estado.

De momento, la solicitud de encuentra a la espera del informe del CGPJ en estos momentos, según la abogada. Una vez estén los documentos requeridos, se elevará una propuesta de resolución que es la que firmaría el titular del Ministerio de Justicia.

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