El Gobierno da los últimos pasos para la exhumación de Franco sin garantías de que se realice

Un Consejo de Ministros pensando en las elecciones del 28A

Las ministras Delgado y Celáa, tras el Consejo de Ministros
Las ministras Delgado y Celáa, tras el Consejo de Ministros

madrid / la voz

Uno de los primeros anuncios que hizo Pedro Sánchez a los pocos días de su llegada al Gobierno fue su voluntad de proceder a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Sin embargo, han pasado casi nueve meses desde su ascenso al poder y los huesos del dictador continúan sin moverse debido a varios imprevistos y obstáculos legales con los que Moncloa no contó en un primer momento. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, compareció ayer a la conclusión del Consejo de Ministros ordinario para anunciar «la culminación» de este farragoso proceso legal iniciado el pasado agosto. No obstante, fuentes de la Moncloa admiten que todavía no pueden cantar victoria. El caso es que el Ejecutivo ha concedido un plazo de 15 días a la familia del dictador para que se decida por el nuevo lugar que ha elegido para el enterramiento, descartando la cripta en la catedral de la Almudena por temor a que el centro de Madrid se convierta en un lugar de peregrinación de nostálgicos del régimen.

La familia del dictador ya anunció ayer que recurrirá al Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros. También lo harán la Fundación Francisco Franco y la abadía benedictina que custodia la basílica. 

Una contra reloj para el 28A

El Gobierno trata de vender que en esta ocasión el impulso será definitivo, pero fuentes de la Moncloa admiten que todavía queda mucha tela que cortar para sacar de una vez por todas los restos de Franco del Valle de los Caídos, enfrentándose así a una especie de contra reloj para conseguirlo antes del 28 de abril.

La coincidencia de este anuncio con la convocatoria de los comicios no es una casualidad, como tampoco lo fue el impulso de otra de las medidas aprobadas durante este Consejo de Ministros tan electoralista.

El Gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, popularmente conocida como ley Celáa con la que supuestamente pretende acabar de manera definitiva con la Lomce instaurada por el anterior Gobierno popular.

Sin embargo, en el seno del Ejecutivo son plenamente conscientes de que no existe el tiempo suficiente para que esta reforma educativa pueda tramitarse en el Congreso de los Diputados, ya que la misma convocatoria electoral determina que las Cortes deberán ser disueltas el próximo 5 de marzo, imposibilitando así su aprobación debido a los plazos por los que transcurre cualquier reforma legal de este tipo.

«No parece muy posible que se llegue a tiempo», admitió la ministra de Cultura y portavoz de Gobierno que da nombre a la nueva ley, Isabel Celáa, aunque esta justificó la decisión de seguir hacia adelante como una muestra de «respeto» hacia todas las personas que han estado involucradas en el proyecto.

Todos los representantes educativos consultados por Europa Press al respecto coinciden en destacar que se trata de «un brindis al sol» del Gobierno de Sánchez, aunque algunos aprecian un gesto de «buena voluntad» por parte del Ejecutivo. 

Las concertinas de las vallas

Otro de los primeros patinazos de Sánchez fue el anuncio de que suprimiría las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. A las pocas semanas, Interior constató que tampoco era un tema sencillo, por lo que quedó aparcado. La retirada comenzará a principios de marzo y se hará de forma paulatina. Finalmente dependerá del próximo Ejecutivo.

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