El Gobierno activa la diplomacia contra el victimismo del independentismo

Exteriores reclama a todas las embajadas responder a la campaña secesionista contra la calidad de la democracia española

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, es un convencido antisecesionista
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, es un convencido antisecesionista

madrid / colpisa

El frente exterior contra el secesionismo recobra su máxima relevancia con el inicio del juicio del desafío independentista. Existe un axioma en el mundo de la diplomacia: ningún país es independiente si nadie lo reconoce. Esto es lo que, a día de hoy, le ocurriría a Cataluña si Quim Torra cumpliese con su recurrente amenaza de reactivar la fugaz declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017.

No obstante, el secesionismo no ceja en el empeño de convertirse en un actor propio a nivel internacional. Su mejor arma, al menos la más utilizada, ha sido hasta ahora el victimismo de un pueblo oprimido por un régimen heredero del franquismo, poco menos que dictatorial. Fue un mensaje que tuvo el riesgo de calar tras las cargas policiales del 1-O.

El juicio en el Tribunal Supremo a doce de sus dirigentes ha colocado al separatismo en el centro de los focos de medio mundo, lo que supone otra gran oportunidad para hacerse un hueco internacional. Hasta 50 medios extranjeros se han acreditado para seguir el progreso de las vistas en el alto tribunal. La imagen sobre España que deje tras de sí este proceso puede resultar crucial si, en caso de una sentencia condenatoria, el caso acaba en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esta es una baza con la que van a jugar buena parte de las defensas de los procesados. 

La estrategia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido previsor ante lo que se avecinaba. Una de las primeras decisiones que anunció el jefe del Ejecutivo tras aterrizar en la Moncloa fue la designación de Josep Borrell como ministro de Exteriores. Desde entonces, el jefe de la diplomacia, catalán y convencido antisecesionista, se ha empleado a fondo para desmentir por tierra, mar y aire el relato independentista. La orden la envió hace meses a todas las embajadas y ahora se han dado instrucciones para redoblar los esfuerzos. Allá donde un separatista trate de dañar la imagen de España debe haber un representante del Gobierno para dar la réplica y desmentirle. La operación alcanza todos los niveles, incluso el más alto. La pasada semana, Pedro Sánchez defendió ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, frente a las noticias falsas, existen una democracia y una independencia judicial plenas. El presidente lo afirmó en el mismo órgano internacional al que acudirá el independentismo si hay condena.

Borrell ofreció el domingo una entrevista a la cadena de televisión France 24 en la que se mostró contundente: «En España hay separación de poderes y la democracia española se encuentra muy bien considerada en la comunidad internacional, muy por encima de otros países europeos». Tras el jefe del Ejecutivo y el ministro se encuentran cientos de funcionarios de Exteriores con una instrucción precisa: no dejar siquiera levantar la mano al independentismo al otro lado de las fronteras. De buena parte del resultado de esta operación diplomática dependerá el éxito y el fracaso de un bando u otro, el que se declara víctima de la represión o el que se proclama una de las mayores democracias del mundo.

Balcones con vistas al Supremo por 400 euros 

Las mejores vistas al Supremo están en la calle del General Castaños. A las fincas con los números 7 y 9 llegaron los telediarios para improvisar una subasta por el telefonillo. La oferta partió de 300 euros, según una fuente de uno de los edificios. Los vecinos del 7 rechazaron la propuesta. «Yo no alquilo, no», respondió ofendido un hombre elegante que salía a caminar ayudado por su bastón.

En el portal de al lado sí mostraron interés. Así que comenzó la puja. La primera en alzar la mano, dicen los vecinos, fue La Sexta, por 400 euros el día. Otros dos lograron ese medio metro cuadrado para su trípode: RTVE y un canal británico, aseguraban. El lunes, tres cámaras, y ayer, una sola en la segunda planta. «A los demás vecinos les molesta que estén subiendo y bajando por las escaleras», dijo uno. «Había más gente cuando vinieron los Jordis: ahora estamos cansados de todo esto. Por aquí solo se habla de lo que costará el juicio».

Estos tres propietarios de los balcones fueron los únicos de la zona claramente beneficiados por el juicio. El bar más conocido de los habituales al tribunal se llama, como no podía ser de otra forma, El Supremo. Allí las ventas no aumentaron significativamente, asegura el encargado. El bar está en una calle, la del Marqués de la Ensenada, bloqueada por las barreras policiales. A su lado, la librería Lex Nova. Su mesa de novedades se alzaba en la acera vacía. «Han cortado los dos accesos y no circulan los clientes», advertía Ester Vallejo, la librera. «Los comercios pequeños lo notamos mucho. Lo podemos asumir un día o dos, pero esto va para largo».

Poco amarillo

Los miembros de la plataforma Silenci se detuvieron frente a un policía que custodiaba un acceso de Bárbara de Braganza. Querían pasar para hablar con la «secretaria de Llarena». Eran cuatro y venían de Tarragona, donde cada día realizaban una «acción para que jueces y fiscales se rebelen», contó Luis Pastrana, su líder. Sus bufandas amarillas y los carteles enrollados en sus manos eran la única pincelada de color que había por los predios del Supremo. El grupo instaló su «acto de silencio estricto» en el paseo de Recoletos. En la estrecha calle, una furgoneta de reparto tuvo que esquivarlos.

Más allá, en sentido contrario al de los pasos de los miembros de Silenci, las puertas del bar Genium, frente a la plaza de las Salesas, se abrían y cerraban sin parar. Allí sí aumentaron los clientes. Sobre todo policías y parte de los 200 periodistas (de los 600 acreditados) que pasaron por la sede del tribunal.

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