Blanco y en botella. «Televisado y en directo. No podemos ofrecer más». Así lo ha asegurado la fiscala general del Estado, María José Segarra, respecto a las sesiones que el día 12 comienzan en el Tribunal Supremo para juzgar a los líderes del desafío independentista al Estado y a razón de tres días por semana. Así que los pretendidos observadores a los que aspiraban los procesados para seguir con su promoción en el exterior podrán ver todo lo que suceda en la sala, aunque sea a través de monitor, y tendrán la ventaja de que incluso podrán visualizarlo varias veces para que no se les escape ningún detalle.
«Todo ciudadano que quiera convertirse en observador nacional o internacional del desarrollo del juicio podrá hacerlo», según el auto dictado por el Supremo, que desarma así a todo aquel que vea oscurantismo en la Justicia. Pero no es que el propio tribunal desee seguramente esa transmisión pública, que también, sino que es la propia Constitución en su artículo 120, esa que los independentistas se saltaron, pero a la que claman cuando les conviene, la que establece que «las actuaciones judiciales serán públicas». Tan garantista es el sistema español que tanto cámaras como periodistas pueden acceder a las vistas. Ahora bien, ya que para el juicio por el 1-O se han acreditado unos 600 periodistas, estos, al igual que otros asistentes, seguirán el proceso desde salas habilitadas al efecto en el tribunal. Este recurso no es nada extraño, pues ya se ha visto en casos como Nóos y Gürtel o en Galicia en el juicio por el accidente del Prestige, que se trasladó la sala judicial a otro enclave más amplio.
En cualquiera de los casos, estas soluciones son las que se han facilitado, por ejemplo, en el propio Parlamento catalán, donde los periodistas pueden seguir las sesiones desde alguna de las salas dotadas con monitores que emiten lo que sucede en el hemiciclo.
El problema, pues, no es de transparencia judicial, sino del uso que se haga de esas imágenes, ya que nos pueden conducir a un nuevo espectáculo mediático en el que las cadenas abran juicios paralelos sobre algo tan serio como es saltarse la Constitución. Y, en este caso, habrá que estar atento al canal que dirige en Cataluña Vicent Sanchis, procesado también por los preparativos del referendo ilegal.
De celebrarse en Francia el juicio, en la sala no podrían entrar cámaras ni aparatos de grabación de ningún tipo, bajo multa de 18.000 euros. También la Justicia alemana es restrictiva, aunque sin llegar al nivel de la gala, y similar a la británica, la italiana y la portuguesa.