El juez Llarena elaboró durante 8 meses la instrucción de una causa en la que confluyeron otros tres procesos y que se caracterizó por su complejidad y la presión política
03 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Tengo que daros una mala noticia: el Govern de la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no [...]. Estáis todos fichados. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio os damos nuestra palabra de que sabréis adónde va cada euro». En otoño del 2016 el entonces senador de ERC Santiago Vidal recorría Cataluña pronunciando conferencias de contenido de alto voltaje político y jurídico. El juez, suspendido de su cargo por redactar un borrador de constitución catalana, adelantaba las medidas que la Generalitat estaba llevando a cabo para consumar la independencia. Algunas de ellas, como admitió, ilegales. «De los 801 jueces [en Cataluña], sabemos los que se quedarán y los que se irán. Tenemos diseñada la estructura judicial de la república y sabremos con qué jueces podemos contar», aseguraba.
Pero aquellas conferencias del histriónico senador salieron a la luz en enero del 2017. Pese a los paños fríos que trató de poner el Gobierno catalán para atajar el escándalo y la dimisión de Vidal, las consecuencias acabarían siendo mayúsculas. No de forma inmediata, pero sí según se fueron sucediendo desde septiembre las diferentes fases del desafío independentista que se va a juzgar en el Tribunal Supremo desde el 12 de febrero. «Santi Vidal, contigo empezó todo», se ironizaba en ambientes judiciales. Y es que el entonces fiscal general José Manuel Maza ordenó a finales de enero del 2017 abrir diligencias por las palabras del senador y el 9 de febrero el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tomaba la batuta de las pesquisas. El magistrado, ya fallecido, admitió una denuncia presentada por el abogado Miguel Durán, a cuya acusación popular se sumaría Vox, en una suerte de ensayo de lo vendría luego en el Tribunal Supremo.
Pese a que Vidal se retractó de sus palabras, enmarcándolas en un contexto político de excesos verbales, Ramírez Sunyer siguió instruyendo con mucho sigilo. Tiró de una unidad de la Guardia Civil de Barcelona y fue poco a poco construyendo el armazón de una causa que iba más allá de un simple delito informático o de revelación de secretos.
Operación Anubis
Sus pesquisas llegaron hasta los presuntos organizadores del referendo ilegal del 1 de octubre. Quiénes eran, cuánto dinero habían movido y en qué sociedades habían participado. El 20 de septiembre del 2017, el juez no esperó más y, a la vista de la autorización del Parlamento catalán del decreto de convocatoria del 1-O, ordenó la operación Anubis. Hubo 14 detenidos, entre ellos Josep María Jové, mano derecha de Junqueras en la Consejería de Economía. En los registros en su despacho, los agentes se incautaron de una libreta en la que Jové había escrito la hoja de ruta del proceso secesionista. Un plan que se asemejaba al puzle que había montado Ramírez Sunyer y que hoy es una de las principales pruebas de cargo de la Fiscalía en el juicio contra los 12 líderes independentistas.
Mientras la Guardia Civil se incautaba de material, los líderes de ANC y Òmnium llamaron a la ciudadanía para obstaculizar el trabajo de la comitiva. Se juntaron unas 40.000 personas. El fiscal general presentó el 23 una denuncia en la Audiencia Nacional por un delito de sedición -«alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza las órdenes de la autoridad judicial»- y señaló a los hoy procesados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Cuatro días después, la jueza Carmen Lamela la admitió a trámite al entender que los hechos atentaban contra la forma de Gobierno y citó también al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El 16 de octubre comparecieron y los Jordis fueron a prisión por riesgo de reiteración delictiva.
Así, dos de las tres patas de lo que acabaría siendo la instrucción del caso en el Supremo ya habían asomado con fuerza: la del Juzgado número 13 de Barcelona contra el 1-O y la de Lamela por sedición.
Tercera pata
La tercera la llevaba en el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) la jueza Mercedes Armas, encargada de instruir la querella de la Fiscalía tras la aprobación de las leyes de desconexión (6 de septiembre) contra todos los miembros del Gobierno autonómico por desobediencia, prevaricación y malversación.
El delito de rebelión
Todas estas actuaciones confluyeron en dos nuevas querellas del fiscal general el 31 de octubre. Fue a raíz de la declaración unilateral de independencia en el Parlamento. Maza, que falleció de forma repentina pocos días después en Argentina, tipificó de forma indiciaria los hechos como rebelión. Una fue al juzgado de Lamela (contra el Govern destituido por el artículo 155), y la segunda, al Supremo (contra los miembros de la Mesa del Parlamento), que recayó en Pablo Llarena. En ese ínterin entre la admisión y las citaciones, Puigdemont y varios exconsejeros, aprovechando que la jueza Armas no les había prohibido salir del país, huyeron a Bélgica, mientras que sus compañeros fueron a prisión. Menos de un mes después, Llarena asumió toda la causa y dejó a Lamela la parte que afectaba a los Mossos.
La primera medida del nuevo instructor fue decretar la libertad bajo fianza de seis exconsejeros y retirar las euroórdenes de su compañera a los huidos. El que fue presidente durante años de la Audiencia de Barcelona comenzaba así el reto más importante de su carrera: instruir durante más de ocho meses la causa del desafío independentista.
Pero su protagonismo no fue tan relevante, ya que la querella previa de la Fiscalía era una suerte de auto de apertura de juicio. Hasta el presidente del Supremo Carlos Lesmes reconoció que el titular del juzgado número 13 empezó todo. «Cambiaste el rumbo de la historia de nuestro país», le dijo dos días antes de que falleciera..