El Supremo fija el 12 de febrero para iniciar la vista oral contra los doce acusados y acepta citar a medio millar de testigos, entre ellos Rajoy, Sáenz de Santamaría, Urkullu y Colau
01 feb 2019 . Actualizado a las 21:08 h.Ya hay fecha de inicio para el juicio en el Tribunal Supremo por el desafío secesionista. Será el martes 12 de febrero cuando comience una vista oral que probablemente se prolongue por espacio de tres meses. Así se fijó este viernes en un acta de ordenación firmado por la secretaría de la Sala Segunda (de lo Penal). Este escrito acompaña al auto de las peticiones de prueba testifical realizadas por las partes personadas, Fiscalía, Abogacía del Estado, la acusación popular de Vox y las defensas. Y ahí, entre el medio millar de testigos que el alto tribunal acepta, figura el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien en julio del 2017 también declaró como testigo, esta vez en el juicio de la Gürtel, cuya sentencia a finales de mayo del año pasado supuso su final político.
Junto a él, también desfilarán por el Supremo -la posibilidad de que alguno pueda declarar por videoconferencia es más que improbable- la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent; diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá; la ex coordinadora general del PDECat Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. Actores todos, en una u otra medida, de los días clave en los que el soberanismo puso contra las cuerdas la unidad del Estado. Y con la obligación, como testigos, de decir verdad y contestar a las partes.
El rey, no
Especial relevancia tendrán, quizás más por hechos políticos que jurídicos, todos los pormenores de los contactos mantenidos en aquellas fechas, por un lado, entre Rajoy el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y por otro, entre Iñigo Urkullu y Puigdemont, cuya petición de declarar como testigo ha sido rechazada. En su auto, la sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con la obligación de decir verdad que asume todo testigo. El lendakari, en cambio, sí tendrá que aclarar su papel de intermediario entre los Gobiernos central y catalán en los momentos críticos del desafío secesionista.
De idéntico modo, la sala rechazó la petición de que Felipe VI declare como testigo, porque, recuerda, lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, al no contemplar sistema jurídico español «el testigo por sustitución». Las defensas de los líderes del independentismo habían pedido la testifical del rey por el discurso que pronunció dos días después del referendo ilegal del 1-0 que aún hoy sigue resquemando al soberanismo.
Asimismo, también se ha excluido de la relación de testigos a Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta del 9N del 2014, y a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que «sus valoraciones son prescindibles».
Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP, tampoco será llamado a declarar. Las defensas solicitaron su presencia por el mensaje que envió a su grupo parlamentario cuando Manuel Marchena fue propuesto para presidir el Consejo General del Poder Judicial. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal ya fueron despejadas en su día.
Tampoco ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho Internacional propuesta por Junqueras y Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación».
Once días para prepararse
En total, son algo más de medio millar los testigos que han sido aceptados por el tribunal. La mitad de las personas citadas a declarar en esta calidad han sido propuestas por la Fiscalía, concretamente 256. La argumentación para aceptar unos y descartar a otros ha sido una de las razones que ha demorado la decisión de fijar la fecha para el comienzo de la vista oral para juzgar los hechos que desembocaron en el referendo ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 26 de octubre del 2017.
Otra de las razones que ha retrasado el inicio del juicio sobre las fechas inicialmente previstas es la reclamación de las defensas de los acusados de que el tribunal les diera margen suficiente entre este auto y el comienzo de la vista oral, en un principio prevista para la semana del 4 de febrero, para preparar la estrategia procesal. El abogado de Oriol Junqueras, por ejemplo, había solicitado un plazo de dos o tres semanas. El letrado de Jordi Cuixart consideraba insuficiente un plazo inferior a una semana. Al final, el tribunal les ha dado un margen de once días.
Nueve de los doce procesados están en prisión preventiva y fueron trasladados este viernes a centros penitenciarios de Madrid para estar a disposición ya del tribunal. Los otros tres líderes independentistas que serán juzgados desde el 12 de febrero en el Supremo y que se encuentran en libertad son la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs (ERC), el consejero de Justicia Carles Mundó (ERC) y el exconsejero de Innovación Santi Vila (PDECat).
