Justicia prevé imponer multas de 20 millones a los agresores sexuales que difundan vídeos de su ataque

Ultima un protocolo para combatir el «sexting» y el ciberacoso

Europa Press

Madrid / Colpisa

Ni una sola víctima de violencia machista ha acudido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que se active el mecanismo necesario con el que eliminar los contenidos vejatorios que circulan en las redes con la agresión sufrida. Así lo confirmó Mar España, directora de la agencia, durante un encuentro para hacer balance de 2018. Para ser más «efectiva» en la lucha contra el delito de sexting (chantaje sexual digital) y ciberacoso, la AEPD última un protocolo en colaboración con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Consejo del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para combatirlo. «Queremos que en el momento en que la víctima ponga la denuncia ante la policía o la Guardia Civil pueda pedir la tutela de derechos a la agencia, y nosotros le daremos prioridad», señaló Mar España, quien resaltó que con la colaboración de las empresas de servicios y los buscadores un vídeo puede ser retirado en 24 horas.

Además, si se acude a la AEPD en la fase inicial, ya sea durante la denuncia o en la fase de instrucción penal, el agresor puede enfrentarse a delitos adicionales. Y una de las principales novedades en el protocolo en preparación es la modificación del régimen sancionador, que pasa de 600.000 euros de multa a 20 millones. «Advierto a los posibles agresores que además pretendan seguir vejando a la víctima», dice España. «Eso hace imposible la reparación. Esa mujer no puede volver a tener una vida normal si se difunden los abusos, su identidad, dónde vive y estudia, porque estará recordando permanentemente y no se reparará emocional y psicológicamente ese daño», argumentó Mar España.

Retirar las grabaciones

El año pasado, la AEPD actuó en algunos casos de divulgación de imágenes vejatorias grabadas durante las agresiones sexuales, como en el de la víctima de la Manada de los sanfermines del 2016, en que actuó de oficio y logró que las web que lo difundían retiraran las grabaciones, las fotografías y la identidad de la víctima. Este caso está aún en investigación y «se abrió una actuación» contra los foros que divulgaron el vídeo. «Tuvimos otro caso especialmente doloroso, de una menor de 14 años que además había sido drogada», recuerda España. «Para actuar necesitamos pruebas de que el agresor ha vulnerado la privacidad de la víctima y les damos prioridad a estos casos. Si se actúa cuanto antes, se minimiza el impacto, se evita que se haga viral». Sin embargo, como los «derechos son personalísimos», tiene que ser la propia víctima quien acuda a denunciar. «Por eso trabajamos con las autoridades, para que las víctimas sepan sus derechos», concluye España.

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