El rey llama a respetar las resoluciones judiciales, en vísperas del juicio del 1-O

La entrega de despachos a jueces se celebró en Madrid y no Barcelona como era habitual


madrid / colpisa

Dos días después de recordar en la Pascua Militar que la bandera es «de todos», símbolo de «unidad» y pluralismo en un momento político ciertamente convulso, el rey ha presidido este martes su segundo acto oficial del año en la sede de la Real Academia Española (RAE), donde se han entregado los despachos a los 63 nuevos jueces -40 mujeres y 23 hombres- que se incorporan a la carrera judicial.

Dentro de este mensaje conciliador, Felipe VI ha ensalzado los «valores constitucionales» de la sociedad española, su «pluralismo político», que han forjado una nación «valorada y reconocida en el mundo por la calidad de su democracia, por la solidaridad de sus gentes y por la riqueza y la variedad de su cultura», ha señalado. En pleno contexto del inminente juicio por el desafío independentista catalán, que comenzará a finales de enero en el Tribunal Supremo contra 12 procesados por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, el monarca se ha referido en el acto a la importancia del Poder Judicial en el «entramado institucional» del Estado.

«La función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder de Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, así como el respeto a las resoluciones de los órganos judiciales, son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo», aseguró.

«España merece que todos y cada uno de nosotros, desde el papel que nos corresponde, estemos plena y permanentemente comprometidos con nuestros valores constitucionales, con la libertad y el pluralismo político, con la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas», añadió.

El monarca, sentado bajo los retratos al óleo de Cervantes y de Felipe V, fundador de la Real Academia, entregó asimismo a la primera de la promoción, Carlota Alonso, la insignia de San Raimundo de Peñafort.

Un «grave error»

El acto de entrega de despachos ha estado envuelto en cierta polémica. La razón es que la sede de la Escuela Judicial se encuentra en Barcelona, ciudad donde se suele celebrar este acto cada año. Pero en esta ocasión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido trasladar los fastos a Madrid, a la sede de la RAE. La razón oficial ha sido la coincidencia con la celebración del 40 aniversario de la Constitución y la «estrecha relación» del órgano de gobierno de los jueces y la Real Academia Española. Pero desde Cataluña no ha sentado demasiado bien. Tanto la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han considerado «decepcionante» y un «grave error» este cambio de sede. Mas si cabe en un momento en el que existe bastante presión social contra algunos jueces y magistrados catalanes a causa del desafío independentista -así lo ha manifestado el CGPJ- y la urgente necesidad de normalizar cuanto antes la situación política.

Aunque fuentes del Consejo admitieron este martes que el año que viene el acto volverá a Barcelona.

Torra rebaja el tono y reformulará leyes impugnadas para no desobedecer al Constitucional

El Gobierno catalán inició este martes los primeros trámites para aprobar una ley ómnibus que recogerá alternativas legales a cuatro leyes de carácter social que fueron anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). Se trata de la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la de cambio climático, la de la agencia catalana de protección social y la que regulaba las asociaciones de consumidores de cannabis.

La consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat Govern, Elsa Artadi, ha recalcado que el Ejecutivo catalán ha dado luz verde a la memoria preliminar de un anteproyecto de ley que recogerá «alternativas legales» que hagan efectivas disposiciones que fueron anuladas por el Constitucional o que están suspendidas, tras los recursos que presentó en su momento el anterior Gobierno del PP. Artadi ha confiado que será «relativamente rápido» el trámite hasta poder presentar la ley en la Cámara autonómica.

El tribunal que juzgará a los políticos presos, dispuesto a llamar como testigo a Rajoy

La Sala del Tribunal Supremo que juzgará el desafío independentista en Cataluña no descarta admitir como testigos en la vista que se iniciará en las próximas semanas al expresidente de Gobierno Mariano Rajoy y a otros miembros de su Ejecutivo, como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Lo hará probablemente si así lo piden las defensas, en aras a garantizar la objetividad y por creerlo necesario para acreditar el relato de lo sucedido en las jornadas que rodearon los hechos que la Fiscalía califica de rebelión, según recoge Europa Press.

Fuentes jurídicas aseguran que esta posibilidad será deliberada previsiblemente por los siete magistrados que conforman el tribunal si es planteada por las defensas. El mismo planteamiento se extiende a los testigos que soliciten los abogados defensores en la causa en los próximos días en su escrito de calificación provisional. Se trataría, por un lado, de garantizar al máximo el ejercido de la defensa por parte de los abogados de los doce exdirigentes catalanes que se sentarán en el banquillo. Por el otro, de acreditar mediante prueba de contradicción algunos extremos que aparecen en los escritos de las acusaciones, como el hecho de que Rajoy preguntara por escrito al expresidente Carles Puigdemont si había declarado la independencia y el sentido de la respuesta.

Al término del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha señalado que el juicio comenzará a finales de este mes o principios de febrero.

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