Madrid / Colpisa

En solo seis meses, el Gobierno ha negado 46 veces información al Congreso o al Senado sobre el coste y otros detalles de los viajes del presidente, Pedro Sánchez. Aunque la inmensa mayoría de las preguntas de sus señorías se refieren estrictamente a cuestiones económicas generales o detalles menores, como quién acompañaba en los desplazamientos al jefe del Ejecutivo, el Gobierno se ha parapetado, una y otra vez, en cuestiones de seguridad del Estado e, incluso, en que se trata de «materia clasificada» para no dar una sola cifra, siquiera aproximada, a los diputados y senadores.

En total, han sido 31 evasivas al Congreso y 15 al Senado. La inmensa mayoría de las demandas de información han sido por parte de los grupos parlamentarios del PP. El Gobierno, en realidad, no ha dejado de responder ninguna de las preguntas, aunque lo ha hecho siempre a través de, al menos, seis tipos de respuestas estereotipadas, algunas de dos únicas líneas. La respuesta preferida de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para hurtar la información al control parlamentario es que cualquier detalle sobre los viajes tiene que ver con «informes sobre movimientos de aeronaves militares» y «planes de protección de autoridades» y que, por tanto, «tiene consideración de materia clasificada», o sea una cuestión regulada por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. 

No para ocio

El polémico viaje a Castellón en julio junto a su mujer para asistir al FIB a ver a The Killers fue el detonante de la cascada de preguntas parlamentarias. Exactamente, 20 de las 46 reclamaciones de información por parte del Parlamento versan sobre aquel desplazamiento. «Por razones de seguridad, no se puede facilitar información individualizada de los dispositivos de protección asignados a las diferentes instituciones y autoridades del Estado». Esta lacónica frase ha servido al Gobierno para responder a preguntas que nada tienen que ver con la seguridad sobre el viaje al FIB, tales como el «coste añadido de personal e infraestructuras del aeropuerto de Castellón por el uso exclusivo de la pista» aquel día, la composición de la «delegación» que acompañó al presidente aquel 20 de julio en el Falcon o por qué no aparecía en la agenda oficial del presidente.

En cualquier caso, sostiene tajante el Ejecutivo en otras muchas respuestas, «el presidente no utiliza el avión oficial para ningún evento de ocio personal». Solo «los desplazamientos del presidente del Gobierno que requiere su agenda oficial son sufragados con fondos públicos», señala la Moncloa en otra de sus recurrentes respuestas cuando, por ejemplo, en el Parlamento le han preguntado en once ocasiones sobre su viaje en helicóptero Super Puma en junio a la localidad riojana de Aldeanueva de Cameros para asistir a la boda de su cuñado.

Tampoco hay un solo dato en las respuestas a las nueve preguntas sobre el uso del helicóptero para los viajes de Sánchez ni sobre el número de veces que lo ha usado, por ejemplo, para desplazarse desde la Moncloa a Torrejón, a pesar de que solo hay 30 kilómetros entre ambos lugares.

El Gobierno arguye en más de una decena de sus respuesta que es el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el que «avala» la negativa a facilitar de manera pública los datos sobre los desplazamientos del jefe del Ejecutivo. Pero esto no es exactamente así. El Consejo, en dos ocasiones, ha censurado la negativa del Gobierno a facilitar esa información. La primera vez fue a raíz de una reclamación oficial de la agencia Servimedia para conocer el gasto del desplazamiento de Sánchez a Castellón. El segundo tirón de oreja llegó cuando la Moncloa se negó a hacer públicos el coste y acompañantes de la gira del presidente por América Latina en agosto.

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El Gobierno ha hurtado datos de viajes de Sánchez en 46 ocasiones