El juzgado devuelve los móviles requisados a dos periodistas que investigaban un caso de corrupción
ESPAÑA
Los profesionales mantienen su querella contra el juez Florit
05 ene 2019 . Actualizado a las 08:58 h.Los dos periodistas del Diario de Mallorca y de Europa Press recogieron ayer en el juzgado donde se instruye el caso Cursach los móviles y ordenadores que les fueron intervenidos el pasado 11 de diciembre y anunciaron que mantienen la querella contra el juez que lo ordenó, Miquel Florit, por entender que era una orden ilegal.
«Se mantiene por derecho como ciudadanos y como periodistas a que se aclare lo que ha pasado y por qué se decidió tomar esta decisión tan drástica. No hemos tenido acceso a la documentación por la cual se justifica esta medida tan drástica que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de prensa y sobre todo a la obligación que tenemos de no desvelar nuestras fuentes», afirmó el periodista del Diario de Mallorca José Francisco Mestre, uno de los afectados. Por su parte, la profesional de Europa Press Blanca Pou explicó que la querella presentada se va a mantener porque, aunque los dispositivos no se hayan abierto, «el daño a la libertad de prensa, que es muy sensible, ya está hecho».
Derecho de información
Aunque los periodistas fueron requeridos por teléfono para acudir al juzgado, las defensas de ambos pidieron que se les notificara la devolución «en debida forma» y «con señalamiento de día y hora», como al final ha ocurrido. También pidieron que se les informara por escrito de dónde han estado depositados estos móviles y los ordenadores incautados a Europa Press, qué personas han tenido acceso a ellos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.
En el caso Cursach se investiga una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calviá para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, propietario de las discotecas más importantes de la isla. A mediados de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación por una parte de este caso en la que acusa al empresario mallorquín de delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide penas que suman 171 años.
La Asociación de Medios de Información anunció el pasado 27 de diciembre su personación en la causa como acusación popular por considerar que Florit vulneró el derecho de información y la libertad de prensa.