La lucha contra la violencia machista amenaza el pacto PP-C's en Andalucía

Vox exige que se retire del acuerdo para dar su apoyo al nuevo Gobierno autonómico


madrid / la voz

Peligra el pacto de gobernabilidad en Andalucía. Cuando todo parecía bien masticado para que el popular Juanma Moreno Bonilla se convirtiese en el nuevo presidente de la Junta gracias al apoyo de Ciudadanos, que entraría en el Ejecutivo autonómico, y con el visto bueno de Vox, la formación de ultraderecha amenaza con desbaratar su investidura. Vox pone como condición que PP y C’s eliminen de su acuerdo programático el punto en el que ambos se comprometen a conformar un Gobierno de coalición que garantice la implementación de las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia machista, aprobada recientemente en el Congreso por una abrumadora mayoría gracias al voto favorable de todos los grupos parlamentarios salvo Podemos. «Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto», advirtieron ayer a través de su cuenta oficial en Twitter, al entender que se trata de una medida «dictada por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales». Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, instó a PP y C’s a suprimir el punto 84 del documento. «¿Dónde está el cambio?», cuestionó en el mismo canal.

También fue a través de Twitter como llegó la primera reacción de peso. Albert Rivera, presidente de C’s, aseguró que no darán ni un paso atrás en esta materia: «Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian».

Y en medio de este primer gran conflicto entre las formaciones de la derecha, el PP. Javier Maroto, vicesecretario de Organización, pidió «altura de miras», tanto por parte «de los que acaban de llegar y de los que llevamos tiempo», manifestó en una entrevista a La Sexta en la que llamó a olvidarse de «líneas rojas» que hagan peligrar el cambio de Gobierno tras 36 años de Juntas presididas por el PSOE.

El PP tampoco parece estar dispuesto a renunciar a este punto en su acuerdo sobre la violencia de género. Maroto cuestionó la legitimidad del órdago lanzado ayer por Vox, tratando de desligar la protección de la mujer, «a la que el PP no va a renunciar», de las denuncias falsas, una de las razones en las que se apoya Vox para censurar el pacto de Estado contra la violencia de género: «Siendo ambas cosas dramáticas, no se pueden comparar. Quien no lo comprenda, tiene un problema», dijo Maroto.

«Se pagaría en las urnas»

No obstante, en Génova confían en que pueda reconducirse la situación y que su candidato acabe instalándose en el palacio de San Telmo. «Si alguno de los tres frustra el pacto, lo pagaría en las urnas», advirtió el dirigente vasco ante la posibilidad de una repetición de las elecciones. Maroto da por seguro que el acuerdo entre el PP, C’s y Vox constituye la única fórmula que posibilita una investidura que, pronostica, podría celebrarse el próximo día 16.

Todas estas desavenencias en la derecha han dado algo de oxígeno al PSOE, que trata de tensar todavía más la cuerda. El socialista Francisco Conejo, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía y mano derecha de Susana Díaz, advirtió ayer a C’s del peligro de sus aliados, que «mañana» reclamarán la devolución de competencias a Madrid, y que «pasado» exigirán «eliminar la autonomía».

El laboratorio para lo que puede pasar en el resto de España

f. b.

La amenaza de Vox de arruinar la investidura en Andalucía si PP y C’s aumentan las partidas para reforzar la lucha contra la violencia machista es solo un aperitivo de las muchas curvas que aguardan a corto y medio plazo. La irrupción de los ultraderechistas en el Parlamento andaluz ha modificado por completo el tablero de la política española. El éxito o el fracaso de la investidura a la que se someterá en las próximas semanas el candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, determinará buena parte del futuro de la política nacional. Y en caso de que finalmente cuaje el bipartito, sus primeros pasos también serán determinantes.

Encuestas aparte, el primer gran test llegará a finales de mayo, cuando se celebren las elecciones municipales, autonómicas y europeas, en las que los españoles mostrarán su satisfacción o su desencanto tras las políticas de pactos que se está fraguando en Andalucía.

El PP parece tener bastante claro que, al menos de momento, el león ultraderechista que cabalga Santiago Abascal no es tan fiero como algunos tratan de pintarlo. Fuentes de Génova próximas a la dirección explican que entre ellos existen importantes diferencias ideológicas, pero se esfuerzan en detallar que Vox no tiene nada que ver con la Agrupación Nacional liderada por Marine Le Pen en Francia ni con los extremistas de Alternativa por Alemania con los que la canciller Angela Merkel no se digna ni a sentarse en la mesa.

Dudas en Ciudadanos

En Ciudadanos, en cambio, tienen muchas más dudas sobre la conveniencia de apoyarse en Vox para gobernar. De ahí su juego callado. Temen que el hipotético acuerdo de investidura que facilite el bipartito espante a sus votantes más moderados. Sin embargo, tras echar cuentas, Rivera y compañía han decidido que los electores podrían castigarlos todavía con más severidad si no facilitan el cambio en la Junta andaluza.

Casado apremia al Gobierno a defender las fronteras ante la inmigración

La inmigración ilegal se ha convertido en una de las principales armas del PP de Pablo Casado para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Es, además, una baza que se ha demostrado que le funcionó muy bien a Vox en las pasadas elecciones andaluzas. El líder de los populares ya había denunciado el pasado junio un supuesto efecto llamada derivado de la llegada a España de 600 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo por el Aquarius. Este miércoles volvió a referirse a la migración en su segunda visita a Melilla en cinco meses. Frente a los gestos del Ejecutivo, como la acogida de refugiados o el anuncio de la retirada de las concertinas, Casado reivindicó en la ciudad autónoma una defensa «inequívoca» de las fronteras españolas. Y ello incluye el absoluto respaldo a las fuerzas de seguridad, cuyos integrantes, afirmó, «se juegan la vida por la libertad y la seguridad de los que intentan llegar al territorio comunitario».

El presidente del PP se detuvo especialmente en la situación de los menores inmigrantes que llegan a España sin acompañantes, conocidos coloquialmente como menas. Hay más de 12.500 en España repartidos por el territorio de forma desigual, lo que ha desbordado los centros de acogida de Melilla y Andalucía. Para dar respuesta a este problema, el líder conservador anunció que su grupo parlamentario presentará en el Congreso una proposición no de ley para que se aborde la situación porque «no hay una regulación y ciudades como Melilla tienen que hacer frente a su educación, alojamiento y servicios sociales». Según concluyó Casado, el Gobierno tiene que acudir tanto a Marruecos como a Bruselas para asegurar un inmigración «regular, ordenada y vinculada al mercado de trabajo». Al país vecino le reclama un control real de los flujos migratorios y a los socios comunitarios una mayor implicación para proteger unas fronteras que lo son también de toda la UE.

Récord

Las críticas de Casado llegan después de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cerrará el balance de las llegadas irregulares a España a lo largo del año pasado, que batió todos los registros al contabilizarse 63.755, de las cuales 57.250 se produjeron por mar y 6.505 por tierra, estas últimas principalmente a través de las fronteras de Ceuta y Melilla.

Los populares reparten 4.000 banderas españolas

La conmemoración de la toma de Granada por los Reyes Católicos, hace 527 años, generó ayer los habituales enfrentamientos entre partidarios y detractores de la celebración, que fueron separados por agentes de las policías nacional y local. Para apoyar el acto, el PP repartió 4.000 banderas españolas entre los asistentes a la concentración, que contó con la presencia del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. El grupo enfrentado denunció el crecimiento de la ultraderecha. 

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