Junts presiona a ERC y PDECat para intentar de nuevo investir a Puigdemont

La reelección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat se parece al Guadiana: aparece y desaparece en la legislatura catalana como por arte de magia. El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en la Cámara catalana, Albert Batet, y algunos de los más fieles escuderos del expresidente huido volvieron ayer a poner su investidura sobre la mesa, a pesar de que ya hay un Gobierno en Cataluña desde hace medio año.

«Los 34 diputados de JxCat» quieren investir a Puigdemont, afirmó el jefe de filas parlamentario de la formación nacionalista, quien recordó que Quim Torra fijó como «objetivo de la legislatura» la restitución del dirigente soberanista huido en Bélgica como presidente de la Generalitat. Es el cargo del que fue destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy en virtud del artículo 155 de la Constitución después de celebrar un referendo ilegal y declarar la independencia.

El compromiso adquirido por Batet, al que se sumaron en Twitter dirigentes destacados de la coalición, como la consejera Laura Borràs, el vicepresidente de la Cámara catalana Josep Costa y los diputados Eduard Pujol, Aurora Madaula y Gemma Geis, se produce solo cuatro días después de que el expresidente retomara la idea de regresar a Cataluña. Eso sí, siempre y cuando sea investido previamente. El pasado noviembre, el Parlamento autonómico puso en marcha una comisión parlamentaria que abordará la reforma del reglamento de la Cámara. Junts per Catalunya quiere que esta modificación legislativa incluya la posibilidad de elegir a distancia al expresidente. Solo así Puigdemont podría ser designado desde Bruselas y emprender el viaje de vuelta a España. «Tomaré posesión del cargo y volveré a Cataluña. Entraré en Cataluña como presidente de la Generalitat», afirmó el exmandatario en las redes sociales. De cumplir su promesa, lograría una imagen de impacto internacional: la de la detención en la frontera de un presidente catalán electo. No obstante, mucho tienen que cambiar las cosas para que Puigdemont pueda volver a ser investido. De entrada, porque Esquerra nunca lo ha acabado de ver factible, con lo que la mayoría absoluta se antoja complicada. Y, además, porque la iniciativa para elegir a un presidente por videoconferencia -o incluso por Skype- cuenta con informes contrarios de los juristas del Parlamento catalán, del Consejo de Garantías Estatutarias y del Tribunal Constitucional.

Presión independentista

La jugada de investir a Puigdemont, puesta sobre la mesa por Batet y la hija de Josep María Matamala, el empresario que costea el día a día del expresidente en Bruselas, se planteó casi como una lista para establecer quiénes son los auténticos independentistas y quiénes los blandos. El problema que subyace es que JxCat, que concurrió a las elecciones casi con el único punto en su programa de restituir a Puigdemont, empieza a sentir la presión de los más radicales, que le exigen resultados al ver que no puede cumplir ninguna de sus promesas republicanas. El movimiento de JxCat sirve además para presionar al PDECat, formación que está integrada en sus filas y que no acaba de revelar cómo piensa encajar en la Crida, la nueva formación que impulsan Torra, Puigdemont y Jordi Sànchez, y que está llamada a ser el adversario soberanista de Esquerra. El congreso constituyente de la Crida se celebrará el día 26 y poco o nada se sabe del proyecto y de si acabará fagocitando al PDECat.

Traidor

La división en el partido nacionalista es palpable y se expresa en muchos frentes. Uno de los más delicados es el de los Presupuestos del Estado. Mientras los de la antigua Convergència apuestan por negociar, los partidarios de la fusión en la Crida rechazan dar oxígeno a Sánchez. La eventual reelección de Puigdemont presiona además a Esquerra. Hace un año Roger Torrent suspendió la sesión parlamentaria para investir al exalcalde de Gerona cuando todo estaba preparado. Torrent evitó un nuevo choque de trenes y de paso abrió una crisis profunda en el secesionismo. Desde entonces, JxCat se la tiene jurada. Los neoconvergentes le han colocado la etiqueta de traidor y cada vez que puedan le amenazarán con un nuevo pleno de investidura.

«A los policías los investigan y a los de la “kale borroka” los homenajean»

Un agente de los Mossos d’Esquadra fue el autor de una de las frases más virales del 2018. La escena ocurrió el 21 de diciembre en Barcelona, cuando los autoproclamados comités de defensa de la república (CDR) trataban de cercar el lugar donde el Gobierno de Pedro Sánchez celebraba un Consejo de Ministros. La tensión provocó roces entre los agentes que tenían que mantener el orden y los manifestantes. Las cámaras captaron el enfrentamiento verbal en catalán entre un policía autonómico y un agente forestal que participaba en las protestas. Este, vestido de uniforme, le dice al antidisturbios: «Estamos construyendo la república». «Muy bien, pues iros» es la respuesta del agente que a continuación interpela al manifestante: «¿Tú no eres funcionario como yo? Pues defiéndeme a mí y no a estos hijos de p...» «Yo defiendo la república», replica el agente rural, ante lo que el mosso, visiblemente indignado, zanja la discusión a voz en grito: «¡Qué república ni qué cojones. La república no existe, idiota!». Una contundente frase que pronto circuló como la pólvora por las redes sociales.

El rifirrafe persigue al agente y ha puesto en un brete a Miquel Buch, consejero de Interior. Los independentistas presionan para que sancione al agente. Buch insiste en que será la división de asuntos internos de los Mossos la que revisará la actuación siguiendo el protocolo habitual. Ayer, fue el presidente del PP, Pablo Casado, quien se sumó a la polémica. Censuró que se «investigue» al agente. A su entender, es «el mundo al revés» porque en vez de salir a defender a ese policía, se le va a abrir «un proceso disciplinario». «¿Cómo se puede permitir que los mandos policiales y políticos de los Mossos procesen e investiguen a un agente por decir lo que todos pensamos y es la realidad: que la república no existe y que dejara de decir tonterías?», se preguntó. «Estamos en el mundo al revés, a los buenos policías los investigan y los denuncian; a los manifestantes de la kale borroka que apalean policías les homenajean y les dan carta libre para hacer lo que quieran», añadió.

El secesionismo busca presionar con movilizaciones el primer día del juicio por el 1-O

El independentismo ya ha bautizado el 2019 como el año del juicio del 1-O. La causa que sentará en el banquillo de los acusados a los líderes del desafío secesionista se prevé que arranque en las próximas semanas. Por ello, este colectivo ya ha puesto toda su maquinaria movilizadora en marcha, de cara a presionar desde la calle a la justicia y tratar de convertir el juicio en un altavoz pensando en la comunidad internacional.

Horas después de que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmara ayer que las entidades soberanistas anunciarán una campaña de movilizaciones, la ANC, la entidad que ha llevado el peso de la organización de buena parte de las manifestaciones desde el 2012, anunció la convocatoria de siete protestas para las siete de la tarde el día que arranque el juicio (aún sin fecha), en las siete principales ciudades de Cataluña. Estos días, las movilizaciones se han celebrado frente a la prisión de Lledoners (Barcelona), donde están Junqueras, Romeva, Cuixart, Sànchez, Rull, Turull y Forn.

A partir del inicio del juicio, lo que algunos líderes secesionistas desean es que las protestas sean «permanentes» hasta que el Supremo dicte sentencia. Y si es condenatoria, con la pena más alta prevista por la Fiscalía (25 años para Junqueras), Aragonès ya adelantó que el soberanismo deberá pactar una «respuesta de país», que suponga un «punto de inflexión». La gran incógnita será conocer cuál será la reacción. El presidente Torra se ha referido a que ese puede ser el momento para que el independentismo lance un nuevo desafío al Estado como el de octubre del 2017.

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