El Supremo juzgará a 12 líderes del 1-O y deriva a otros 6 al alto tribunal catalán

Acepta desgajar la causa para los acusados por desobediencia, para los que no se pide prisión

Seis de los 18 acusados por la DUI serán juzgados en Cataluña El TS se declara competente en el proceso contra los otros 12 encausados porque los delitos de rebelión y malversación exceden la comunidad autónoma

madrid / colpisa

Al final no serán 18 los ocupantes del banquillo de los acusados en el juicio por la causa del desafío secesionista. El Tribunal Supremo decidió ayer enjuiciar a los 12 líderes principales, mientras que los seis restantes serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Sala de lo Penal acordó por unanimidad declararse competente para juzgar a los acusados y desestimó los recursos para que fueran juzgados en Cataluña. Los acusados arguyeron que los hechos que van a ser juzgados se cometieron en ese territorio. Un planteamiento ante el que el fiscal argumentó en la vista celebrada el pasado día 18 que los hechos supusieron «un atentado grave al interés general de España», amén de la internacionalización del proceso. Criterio que el tribunal ha hecho suyo. Cumplimentado este trámite, contra el que no cabe recurso, las defensas tienen diez días para presentar sus escritos provisionales. A continuación, la sala resolverá si admite las pruebas solicitadas por acusados y acusadores, y fijará la fecha de apertura del juicio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció hace tres días que sería el 22 de enero.

Ese día u otro cercano, la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, enjuiciará a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila por delitos que van de la rebelión y la sedición a la malversación y desobediencia. En cambio, cinco ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y la dirigente de la CUP Mireia Boya, serán procesados en el Tribunal Superior de Cataluña solo por desobediencia, y para los que la Fiscalía no pide prisión.

El Supremo sustenta esta decisión en razones «operativas» y de «agilidad», y no por motivos competenciales. Señala que «la previsible duración» del proceso, la «continuada presencia» de los acusados en las sesiones del juicio y el «obligado desplazamiento» desde sus domicilios para responder por un delito de desobediencia aconsejan que sean juzgados en Barcelona. Este desgajamiento fue obviado por el instructor de la causa, Pablo Llarena, quien mantuvo a todos los acusados en la misma pieza. El Supremo lo hace para que el juicio, que se prevé largo, sea «más ágil y sin dilaciones». No es lo mismo un proceso con 18 acusados en el banquillo y sus respectivas defensas que con doce encausados.

Nueve en prisión provisional

De los que serán juzgados por el Supremo nueve están en prisión provisional acusados de rebelión, sedición y malversación; mientras que Vila, Mundó y Borràs están en libertad acusados solo de malversación y desobediencia.

El tribunal no ha entrado a valorar las denuncias de los acusados por vulneración de derechos fundamentales y deja la resolución para el inicio del juicio oral. No obstante, pone en duda que «la distancia del domicilio familiar» de la sede del proceso, así como «la imposibilidad de utilizar su lengua materna» puedan ser alegadas como causas para discutir la competencia del tribunal. En el caso del uso del catalán, la Sala analizará si autoriza a que haya traducción simultánea de catalán y castellano, pero recuerda que en el «largo tiempo» de la fase de instrucción la ausencia de este sistema no fue invocada como «queja de indefensión» por las defensas.

El PP reclama a Sánchez que muestre el escrito con las 21 exigencias de Torra

Cataluña no solo es el motivo central del discurso del PP, sino también el hilo conductor de su estrategia de oposición. Los populares exigieron ayer en la Cámara Baja que Pedro Sánchez muestre el documento con los 21 puntos que Quim Torra le entregó como demandas en su reunión del día 20 en Barcelona. «Queremos saber lo que está negociando a las espaldas de la sede de la soberanía nacional, de las Cortes Generales», anunció Pablo Casado poco antes de que el grupo parlamentario registrara su solicitud.

No es la primera petición derivada del encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la Generalitat. El viernes pasado, el PP ya reclamó la comparecencia urgente de Sánchez en el hemiciclo para explicar «las cesiones acordadas» con Torra y las alteraciones en el orden público durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. En la dirección nacional dan así por sentado que el Ejecutivo ya ha accedido a negociar con los secesionistas, aunque lo que planteen sea «inadmisible» y pase por un referendo de autodeterminación, la supuesta necesidad de «desfranquizar España» y la creación de una «comisión internacional que medie entre los gobiernos».

«¿Cómo Pedro Sánchez puede aceptar que Torra le exija una mediación internacional con una comunidad autónoma? ¿Pero estamos locos? ¿En manos de quién estamos?», se preguntó Casado. Asimismo, censuró el silencio del jefe del Ejecutivo, pese a que la Moncloa sí ha trasladado que el único marco para hablar con Torra es el comunicado conjunto que pactaron tras su reunión a dos. Para el PP, en cambio, el PSOE estaría a los pies del independentismo con el único ánimo de «permanecer dos meses más» en el poder. «Su Falcon, su banco azul y su palacio no valen la humillación a toda España», zanjó Casado.

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