La división política entre los partidos independentistas se traslada ya a las calles
ESPAÑA
Grupos soberanistas se enfrentaron entre sí en las protestas
23 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Las protestas independentistas del viernes en Barcelona contra el Consejo de Ministros provocaron disturbios y una novedad: por primera vez, grupos de secesionistas encarándose con otros soberanistas. En este caso, los que no querían algaradas reprochaban su actitud violenta a los encapuchados de los CDR, que tenían ganas de dejar sentir que sus movilizaciones van más allá de las manifestaciones masivas.
El choque más significativo se produjo en el acto que Òmnium Cultural convocó muy cerca de donde se estaban registrando los enfrentamientos entre CDR y Mossos. A media mañana llegó una columna de los CDR al acto de Òmnium. Huían de la zona caliente y buscaban refugio entre los asistentes al mitin de la entidad secesionista. Sus voluntarios no lo permitieron y les obligaron a marcharse. Eran varias decenas de encapuchados, muy jóvenes. Situaciones similares se dieron en otros puntos de la ciudad.
El independentismo oficial y mayoritario quería protestar contra el Consejo de Ministros, pero quería hacerlo sin enfrentamientos con la policía. Durante los seis años del proceso, en que se han celebrado decenas de manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias con cientos de miles de personas, no se registraron nunca actos violentos. Ni un enfrentamiento con la policía. Hasta que la CUP ha roto esta legislatura con Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra y con el Gobierno catalán, y el anticapitalismo ha dado rienda suelta a los sectores más radicales. Ya no hay un bien superior (el procés) que proteger.
Al independentismo le entró además el vértigo en los días previos al 21D ante el temor de que se pudieran producir algaradas, justo un mes antes de que empiece un juicio, donde precisamente se pone sobre la mesa si durante el proceso los líderes secesionistas cometieron el delito de rebelión, que implica violencia. De ahí que los máximos responsables del Gobierno catalán, JxCat y ERC bajaran el tono en los últimos días. Quizá tarde, pues fue la propia consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, la que calificó de «provocación» la celebración del Consejo de Ministros, o el presidente de la Generalitat quien habló de la vía eslovena, que acabó en una guerra de diez días que causó más de sesenta muertos.
Fractura social
La división está en la calle, pero sobre todo hay falta de estrategia unitaria a nivel político. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ya no van a la una. Òmnium, de hecho, se desmarcó de la organización de la manifestación del viernes por la tarde en Barcelona, ante el temor de que acabara como el rosario de la aurora. Òmnium aboga por el diálogo y ensanchar la base secesionista. La ANC quiere quemar las naves ya. La organización que presidieron en el pasado Jordi Sànchez y Carme Forcadell, no obstante, fracasó el viernes en su llamada a provocar un caos circulatorio con una protesta masiva de coches. Y es que la ANC ya no es lo que era. Hasta se atreve a desafiar a los partidos, impulsando una candidatura electoral independentista para las elecciones a la alcaldía de Barcelona, que competirá contra el PDECat, JxCat y ERC. Esta división podría beneficiar al sector constitucionalista, muy especialmente a la candidatura de Manuel Valls, quien parte como uno de los rivales a batir en las municipales.
Esta división en las entidades se traslada a los partidos. ERC y el PDECat se mueven en unas coordenadas pactistas. Tratan de arrastrar a Torra, Puigdemont y JxCat. En el seno de la formación neoconvergente también hay diferencias. Elsa Artadi apuesta por el diálogo, el que se han comprometido a explorar el Gobierno central y el catalán en el texto político que suscribieron en la reunión entre Sánchez y Torra del jueves. La posibilidad de que se abra un diálogo real aterroriza a los más radicales, que acusan a Torra de apostar por un «pacto autonómico». Esta es la posición de la CUP, Arran, los CDR y la ANC.
La incógnita está en saber hasta qué punto se podrá tensar la cuerda entre las distintas sensibilidades secesionistas, porque la distancia entre los secesionistas que apuestan por no pisar el freno y los que han aprendido la lección de la aplicación del artículo 155 se hace cada día más grande. Frente a Puigdemont y Torra, republicanos como Oriol Junqueras o el diputado Joan Tardà apuestan por la calma y avanzar paso a paso. Dejar que la fruta madure y caiga por sí sola, es la estrategia de ERC.
Casado acusa al Gobierno de desmantelar la soberanía nacional
m. e. aLONSO
la escenificación de una cumbre bilateral entre el Ejecutivo socialista y la Generalitat ha puesto de nuevo a Pedro Sánchez en el disparadero. PP y Ciudadanos obviaron este sábado los llamamientos del Gobierno a la responsabilidad para «mejorar la convivencia» en Cataluña y elevaron varios tonos el nivel de crítica al presidente al que acusan de «traición» y de «claudicar» ante el independentismo. «No estamos hablando de diálogo, sino del desmantelamiento de la soberanía nacional», abundó el líder de los populares, Pablo Casado en un acto de partido en Palencia. Para el dirigente conservador, es «inadmisible» la negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra, en la que se da un paso para que Cataluña se convierta «en un territorio sin ley y ajeno al marco constitucional». En su retórica de azote al Ejecutivo por la crisis catalana, Casado volvió además a pedir mano dura para intervenir de nuevo la autonomía y convocar de «inmediato» elecciones ante la incapacidad del presidente de aplicar la Constitución en Cataluña. «Quien negocia con quien tiene secuestrada a la población catalana comete un acto repugnante, si quien negocia es el Gobierno es una acto de traición a España», insistió.
«Fue el día soñado de Torra, con una Cataluña gobernada por los CDR», añadió por su parte la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien cargó contra Sánchez por amparar la estrategia de los secesionistas y «blanquear» a Torra y las protestas, que se convirtieron en una «pesadilla» para miles de constitucionalistas que pagaron, en su opinión, «los delirios procesistas de un Gobierno insurrecto».
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, reprochó el discurso arrebatado de PP y Ciudadanos y emplazó a todas las fuerzas a trabajar para «garantizar la convivencia» y «no generar crispación ni confrontación».