Montoya admite que mató a Laura Luelmo, pero niega la violación que revela la autopsia
ESPAÑA
Ofrece una confesión plagada de medias verdades que no convence a la Guardia Civil
20 dic 2018 . Actualizado a las 09:25 h.No es, ni mucho menos, caso cerrado para los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes que lograron doblegar al asesino. Bernardo Montoya Navarro confesó pasadas las 2.30 horas de la madrugada del miércoles. En un principio lo había negado todo, pero luego la presión policial hizo que se fuera derrumbando y reconociendo poco a poco con medias verdades y contradicciones que fue él quien asesinó a Laura Luelmo.
Su confesión, advierten los investigadores, tiene un valor «solo relativo». Montoya, bregado en décadas de prisión y en años de estudio de manuales de Derecho Penal en la cárcel, admitió que intentó violar a la chica el miércoles de la pasada semana, después de dejarla inconsciente a golpes, pero negó de forma vehemente haber conseguido su propósito de abusar sexualmente de ella, lo que supondría una agravante de calado. La autopsia lo desmiente: la joven profesora zamorana sí que sufrió abusos sexuales antes de morir entre 48 y 72 horas después de su desaparición. Su última versión, de la que solo algunos pasajes convencen a la UCO, fue la que sigue. Laura, antes de salir a correr el miércoles 12 de diciembre, se acercó a Montoya para preguntarle por un supermercado, ya que no conocía la zona, algo que los agentes no se creen, porque la propia chica había expresado el miedo que sentía por su vecino.
El asesino confeso aseguró que en ese momento, y sin premeditación, decidió tenderle una trampa. «La mandé a un callejón sin salida. Me monté en el coche y llegué primero al callejón», afirmó. Luego la agarró fuertemente y golpeó la cabeza de Laura contra el maletero hasta dejarla inconsciente. A continuación, le ató las manos a la espalda, la envolvió en una manta y la introdujo en el maletero de su Alfa Romeo negro. Condujo hasta el barranco de La Mimbrera, a 5 kilómetros, el recóndito paraje donde el lunes apareció el cadáver de la chica zamorana.
Seguía viva
Una vez allí y dentro del vehículo se produjo el abuso. «La desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero, a pesar de que estaba inconsciente, no lo conseguí. Lo intenté pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente», afirmó tajante horas antes de que el informe final forense destapara su enésima mentira y constatara que la chica sí fue agredida sexualmente. «Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de jaras y me fui corriendo», añadió Montoya, que insistió en que, cuando se marchó, Laura Luelmo seguía viva, una aseveración que, de ser cierta, supondría que la chica agonizó entre dos y tres días en el monte antes de morir.
No obstante, la Guardia Civil sigue sin descartar que el homicida también haya mentido en este punto y que realmente la mantuviera secuestrada un tiempo.
El móvil, la clave
Bernardo Montoya sostuvo que, tras marcharse del barranco, ya caída la noche, volvió a su casa en El Campillo, pero tiró antes el móvil de la víctima en un contenedor y sus zapatillas en otro. Estas afirmaciones tampoco convencen a la Guardia Civil, que no ha hallado, hasta el momento, ni el terminal ni las llaves ni el monedero ni las deportivas de la chica en los lugares que ha apuntado el asesino confeso. Los funcionarios buscaron ayer mismo estos efectos en varios contenedores cercanos al centro penitenciario de Huelva, adonde Montoya acudió el viernes de la pasada semana para mantener un vis a vis con su novia, una reclusa que conoció durante su estancia en prisión. Varios testigos vieron al sospechoso arrojar varias bolsas a esos contenedores, pero no se han podido recuperar todavía.
Misma marca de coche y parecida forma de actuar que la del Chicle con Diana Quer
El supuesto asesino de Laura Luelmo tenía un Alfa Romeo, un coche que los investigadores de la Guardia Civil creen que fue el que utilizó en el crimen. Se da la circunstancia de que ese coche es de la misma marca que el que tenía José Enrique Abuín, el Chicle. En un Alfa Romeo de color gris el Chicle trasladó a Diana Quer hasta una nave abandonada de Asados (Rianxo), el lugar en el que apareció el cadáver de la joven madrileña.
Si se confirman las sospechas de los investigadores, Bernardo Montoya utilizó la misma forma de operar que el Chicle, introduciendo a su víctima en el maletero del coche y llevándola a varios kilómetros, hasta el punto en el que se deshizo del cuerpo. Esa misma forma de operar la utilizó el Chicle cuando abordó a una joven en Boiro. Intentó meterla en el maletero, pero la chica se resistió. Ese asalto precipitó la detención del Chicle.
El Gobierno estudia cambios legales para reforzar la libertad vigilada de delincuentes sexuales
M. B./ M. A.
El nombre de Laura Luelmo se ha colado ya para siempre en la memoria colectiva, como en su día el de Diana Quer. De ahí que la sesión de control en el Congreso comenzara el pasado lunes guardando un minuto de silencio por su asesinato a manos del autor confeso, Bernardo Montoya. Y de ahí también que no tardara en abordarse un asunto que vuelve al foco de la actualidad cada vez que una muerte así golpea a la sociedad: la prisión permanente revisable (PPR).
Fue Pablo Casado quien alzó la voz, aprovechando su pregunta al presidente, Pedro Sánchez, para solicitar que no se derogue la cuestionada ley, de la que ha hecho bandera para diferenciarse de Ciudadanos en su lucha por el voto conservador, porque es la «mejor fórmula para evitar» la reincidencia y hacer que «los asesinos y violadores estén en la cárcel». La respuesta del jefe del Ejecutivo no pudo ser más clara y concisa: «La ley está en vigor y no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato». Y Sánchez se comprometió a que no tomará decisión alguna hasta que se pronuncie el Constitucional.
«Es lo más razonable», argumentó la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien acusó al dirigente popular de «confundir» a la sociedad sobre una medida que ya existe y de «usar el dolor» que ha provocado el asesinato de Luelmo. La número dos del Ejecutivo argumentó que ante la «convulsión» de la sociedad la respuesta debe ser la apertura de una «reflexión» sobre cómo reforzar la aplicación del artículo 106 del Código Penal, que ya prevé la libertad vigilada de un preso con pulseras electrónicas o las comparecencias periódicas ante el juez. Los controles se destinarán, según precisó, a aquellos reos que han cometido «delitos muy graves» y que las estadísticas indican que pueden acabar «en reincidencia», como los relacionados con la libertad sexual de las mujeres y los menores.
En vigor desde el 2015
Hace tiempo que el PP trabaja junto a los familiares de víctimas de este tipo de delitos, como los padres de Diana Quer o de Mari Luz Cortés, para que no se derogue la PPR. Esta norma punitiva fue introducida en el Código Penal en marzo de 2015 y entró en vigor el 1 de julio de 2015, con Rajoy en el Gobierno. El objetivo era dar respuesta, se dijo en su momento, a una «demanda social» para ocho delitos muy graves, pese a que España cuenta con el tercer índice de criminalidad más bajo de la UE, tras Portugal y Grecia, y la segunda tasa más baja de homicidios, tras Austria.
La PPR se puede aplicar solo en los siguientes ocho supuestos: asesinato de un menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por un miembro de una organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; genocidio o crímenes de lesa humanidad. Desde su entrada en vigor, cinco criminales han sido condenados a PPR.
¿Cuándo se aplica? Para que se suspenda una pena de prisión permanente tienen que darse los siguientes requisitos: que el penado haya cumplido un mínimo íntegro de 25 años de su condena, que tenga ya el tercer grado y que haya un pronóstico favorable de reinserción. Para esto, el tribunal debe tener en cuenta una serie de circunstancias que el artículo enumera: informes favorables, antecedentes del penado o la conducta en prisión durante el cumplimiento de la condena.