El fiscal apoya que el Supremo juzgue el 1-O por ser un atentado al interés nacional

Las defensas piden que sea el tribunal autonómico porque los hechos ocurrieron en Cataluña

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, entre Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, entre Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista

madrid / colpisa

El Tribunal Supremo celebró este martes el ensayo general del juicio por el desafío independentista catalán. Se trató de una vista previa para dirimir la cuestión de la competencia territorial para enjuiciar los hechos. Esto es, si debe ser la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Como era previsible, Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, apoyaron que la causa sea juzgada en el Supremo, mientras que las defensas de los 18 procesados reclamaron que sea el tribunal catalán.

El fiscal Jaime Moreno argumentó la competencia del alto tribunal porque la «diana», «el corazón del ataque» de los encausados, «fue el orden constitucional y democrático y sus resultados afectaron a todo el territorio nacional. Fue un atentado grave al interés general». Por su parte, las defensas alegaron que no se cometieron hechos delictivos fuera de Cataluña que puedan integrar la rebelión. El acusador público detalló que las acciones en el extranjero -como el impulso del voto para el referendo ilegal- no fueron aisladas. Si bien el fiscal reconoció que actividades como el Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña) y otras que se desarrollaron fuera de España para promover el 1-O no constituyeron actos violentos en sí mismos, defendió que en un delito de rebelión «no todos los actos tienen que ser violentos». También rechazó que pueda compararse esta causa con la juzgada en el TSJC por la consulta del 9-N del 2014, ya que en el caso actual las acciones fueron violentas.

Por su parte, la abogada del Estado Lucía Pedreño apoyó la competencia del Supremo para juzgar el caso porque, en su opinión, no se puede negar que hubo «actos de internacionalización».

Los abogados de los 18 procesados mantuvieron que la causa debería ser juzgada por el alto tribunal catalán dado que el proceso soberanista y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre del 2017, el referendo ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia ocurrieron en Cataluña.  

«Políticos haciendo política»

Andreu Van den Eynde, defensor del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, ambos en prisión preventiva-, hizo un alegato muy pegado a su posible intervención en el próximo juicio. «Nunca había estado tan convencido de la causa que defienden mis clientes. Son políticos haciendo política. Y en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales», aseguró al tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena.

El letrado cuestionó que la causa se dirima en el Supremo «cuando el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona lleva un año investigando la rebelión con presencia de aforados». Y añadió que la Fiscalía, en su querella inicial, «ha retorcido y pervertido» la técnica procesal para hacer «un uso de persecución política». Jordi Pina, abogado de Jordi Turull y Jordi Sànchez, expuso que los actos tuvieron lugar en Cataluña y que el juez predeterminado por la ley debería ser de ese territorio. Y recordó que fue la Fiscalía la que consideró la «extraterritorialidad» del proceso con «hitos», afirmó, con poco fundamento.

Los Mossos exigen que no se dude de ellos para el 21D y que los políticos condenen la violencia

Los Mossos están hartos de que se dude de ellos. La herida que ha producido el desafío secesionista en el cuerpo autonómico sigue abierta, pero los agentes se reivindican. Están en pleno conflicto con la Generalitat por cuestiones salariales. Pero ayer los sindicatos aseguraron que actuarán con «exquisita profesionalidad» durante el operativo que rodeará al Consejo de Ministros en Barcelona.

La Policía catalana lleva en el ojo del huracán mucho tiempo. Hace un año se le achacó inhibirse el 1-O. Hace dos semanas, en cambio, desde el secesionismo se le acusó de cargar con dureza contra los CDR. El propio presidente de la Generalitat se puso del lado de los radicales al pedir a su consejero del Interior que hiciera rodar cabezas. «Que nadie dude que el día 21, el cuerpo estará a la altura», dijo ayer la portavoz del sindicato policial Sap-Fepol.

Los agentes afirman que no tienen por qué haber enfrentamientos entre manifestantes y policías, siempre que las protestas sean pacíficas, e hicieron una llamada a los políticos para aislar a los violentos, condenar sus acciones y no amparar a quienes buscan reventar las protestas. Eso sí, señalaron que se deben a las órdenes que reciban de sus mandos. Ahí residió una de las últimas polémicas, la de hace dos semanas, cuando los CDR cortaron la AP-7 durante 15 horas y los Mossos no recibieron orden de desalojo. También aseguraron que la Consejería de Interior no les ha informado aún del dispositivo del 21D.

Arran calienta la calle atacando al PSC

El PSC denunció ayer ante los Mossos el ataque a 14 de sus sedes en diferentes poblaciones de Barcelona. Todas llevaban la firma de Arran, la rama juvenil de la CUP. «El 21D tumbaremos el régimen», advirtieron los independentistas en sus pintadas. También el PP denunció el ataque a un local suyo en Badalona. Además, Arran colgó dos muñecos con una soga en un puente en Tarrasa y una pancarta con las imágenes de Franco y Pedro Sánchez y el lema de «tumbemos el régimen».

Sánchez reclama sensatez a la derecha para poder aprobar los Presupuestos 

Fran Balado

Pedro Sánchez compareció este martes a petición del Senado en un pleno monográfico para rendir cuentas sobre las políticas de su Gobierno durante este medio año que lleva instalado en el poder, así como la estrategia de su Ejecutivo para solucionar el problema de la inmigración. En su intervención inicial dedicó cerca de una hora al primer aspecto, mientras que apenas empleó un par de minutos sobre la cuestión migratoria, asunto que con el aumento de tensión política en Cataluña ha quedado relegada a un segundo o tercer plano.  

Sánchez introdujo en su discurso la materia presupuestaria. El jueves se vuelve a votar en el Congreso la nueva senda de estabilidad, que propone un margen de gasto adicional de 6.000 millones de euros, por lo que ayer invitó «a la bancada de la derecha» a que demuestre sensatez y permita aprobar su proyecto. No obstante, mientras el presidente del Gobierno rogaba apoyos, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, admitía que descartaban contar con la nueva senda de estabilidad, ya que aunque lograran superar la votación en la Cámara Baja, inmediatamente después se estamparán contra el valladar que tiene el PP en el Senado.

A pesar de este cantado fracaso, Sánchez llevará las cuentas al Congreso a inicios de año. De lo que suceda con ellas dependerá buena parte de su futuro en la Moncloa. «Remánguese, porque no se puede permitir otro año en el Gobierno con los Presupuestos de Rajoy», le advirtió  Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado.  

Prisión permanente revisable

Al principio del Pleno se guardó un minuto de silencio por el supuesto crimen machista de Huelva, un episodio que el PP aprovechó para insistir en la necesidad de volver a introducir en el Código Penal la prisión permanente revisable, derogada por el Ejecutivo socialista.

Respecto a la cuestión migratoria, Sánchez presumió que «con este Gobierno no llega la migración, sino la política migratoria», acusando a los populares de haber desatendido el asunto por completo mientras estuvieron a los mandos de la Moncloa, y también denunciando el intento de la oposición de sacar tajada política con una cuestión, dijo, «mucho más compleja de lo que algunos quieren hacer ver».

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