La sentencia del caso ERE llegará en verano tras un año de juicio

El tribunal deberá decidir si fue una trama organizada desde el Gobierno andaluz o si el fraude fue en el reparto de las ayudas


Sevilla / colpisa

El juicio por el procedimiento específico del caso Ere, que sienta en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y malversación, llegó ayer a su fin tras un año y cuatro días de sesiones. Tras los informes de dos defensas y el último turno de palabra de los acusados, el caso quedó visto para una sentencia que no se espera hasta el próximo verano y que deberá dilucidar sobre legalidad del sistema de ayudas establecido en la Administración andaluza que, según la Fiscalía, sirvió al Ejecutivo socialista para repartir fondos sin control y arbitrariamente para perpetuarse en el poder.

El proceso, que enjuicia las políticas de empleo puestas en marcha por el PSOE entre el 2001 y el 2010 mediante el reparto de hasta 700 millones de euros en ayudas públicas a empresas en crisis a fin de evitar conflictos sociales, termina igual que empezó. Tras 152 sesiones en los juzgados y la participación de 150 testigos y una docena de peritos, todos los inculpados han defendido su inocencia y que nunca supieron de las supuestas irregularidades. Un desconocimiento basado en la ausencia de informe de actuación por parte del exinterventor general de la Junta, pero también en el convencimiento de que, al ser incluidas las ayudas en los Presupuestos autonómicos, con rango de ley y aprobados anualmente por el Parlamento autonómico, eran correctas. Ninguno de los acusados hizo uso del turno de última palabra más que para agradecer el trabajo de la sala y, en el caso de Chaves, alabar la «experiencia vital vivida» con las intensas sesiones técnicas.

Confabulación

La Fiscalía entiende que en la cúpula de la Administración andaluza hubo una suerte de confabulación política para idear un sistema, las transferencias de financiación, que permitiera dar las ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis de manera arbitraria y al margen de cualquier fiscalización previa del gasto público por parte de la Intervención.

Una tesis que rechazan las defensas de los acusados, que como en el caso de Griñán, denuncian ausencia de pruebas y que las inculpaciones se basan en «juicios de valor».

El tribunal, por tanto, deberá determinar ahora si el procedimiento implantado para agilizar la tramitación de las ayudas era ilegal y si hubo una trama organizada para favorecer el fraude. O por el contrario, si el fraude, que ninguna parte niega, se produjo en la tramitación de cada una de esas ayudas, y que dio lugar por ejemplo al centenar de intrusos que aparecieron en los listados de prejubilaciones de algunas empresas sin que jamás hubieran trabajado en ellas.

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