El juez que ordenó requisar móviles a varios periodistas será investigado por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite la querella de dos periodistas y sus empresas contra el juez que investiga el caso Cursach


Redacción

La querella había sido interpuesta por Editora Balear (la empresa titular del Diario de Mallorca) y Europa Press, así como por los redactores José Francisco Mestre, del periódico y Blanca Pou, de la agencia de noticias. Ahora, como informa EFE, la sala Civil y Penal del alto tribunal balear ha dictado un auto en el que asume el estudio de la denuncia, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La causa ha sido declarada secreta y la magistrada Felisa Vidal será la encargada de la instrucción. Los magistrados justifican el secreto en que la requisa de los teléfonos y ordenadores así como las órdenes de registro en las redacciones de los dos medios de comunicación se realizó «en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas».

Los magistrados dejan también en manos de la instructora cualquier decisión respecto a la petición de los querellantes de «inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados».

Los denunciantes argumentaron en su querella que el juez Florit «ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas».

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer al juez instructor su escrito de acusación en el caso Cursach, en el que atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.

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