La prensa mundial critica la incautación judicial de material periodístico

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

CLARA MARGAIS | efe

Asociaciones internacionales lo consideran un ataque a la libertad informativa

14 dic 2018 . Actualizado a las 08:22 h.

La incautación de móviles y ordenadores a periodistas y los registros ordenados por un juez mallorquín en dos medios de la isla ya se ha convertido en un hecho de trascendencia internacional. Ayer, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editors Forum (WEF) condenaron «los intentos de la policía de confiscar documentos y equipos» de la agencia Europa Press y del periódico Diario de Mallorca y subrayaron que la libertad de prensa es «fundamental» en un mundo democrático». Para estas organizaciones, la decisión juez Miguel Florit en el marco del llamado caso Cursach, «ponen en riesgo a las fuentes periodísticas en un caso de corrupción de alto perfil en la isla», indicaron ambas organizaciones en un comunicado. «Sin ellas -matiza el director general de WAN-IFRA, Vincent Pèyregne- los medios de comunicación no pueden operar de manera independiente ni esperar ganarse la confianza del público».

Ya en España, asociaciones de periodistas, medios de comunicación y profesionales se unieron para expresar su preocupación ante este ataque a la libertad de información. Bajo el lema «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información», el colectivo de periodistas se concentrará hoy en las proximidades del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional -y a unos pocos metros de la sede del Consejo General del Poder Judicial- para protestar contra esta actuación. Además, un total de 658 periodistas firmaron un escrito presentado ante el CGPJ, al que han trasladado su «intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión» en el derecho a la información.

También partidos políticos de diferente perfil han coincidido en condenar la actuación judicial. Desde el PSOE, el PP y Podemos consideraron un error de bulto la decisión adoptada por el juez Miguel Florit y recordaron la importancia de la libertad de prensa en una sociedad democrática.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración en respuesta al escrito registrado por representantes de los medios de comunicación en relación con la medida acordada este martes por el juez del caso Cursach, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, de requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de Mallorca para investigar el origen de una filtración. La comisión permanente, órgano presidido por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, mostró su comprensión con la preocupación expresada por los profesionales del periodismo porque «los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho».

Pese a esta afirmación, la comisión del órgano de gobierno de los jueces recordó a los emisores que la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección «corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso y constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes».

Querella al juez

La intervención del CGPJ llegó poco antes de que los dos medios afectados por la incautación ordenada por el juez Florit, Diario de Mallorca y la delegación de Europa Press en Baleares, presentasen una querella criminal contra él ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Acusan acusa al magistrado de los delitos de «prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional». Asimismo, en el escrito se solicita a la Policía Judicial «la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (teléfonos móviles, ordenadores y documentación) incautados. También reclama que el juez Florit declare, y que lo hagan los dos periodistas en calidad de testigos.