La Generalitat intenta rebajar la tensión y garantiza la seguridad del Consejo de Ministros

C. Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

12 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de Cataluña, la Generalitat intentó ayer rebajar la tensión de los últimos días y emplazó al presidente del Gobierno al diálogo y la negociación y a que se aparte de las tesis intervencionistas del PP. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, constató que algo ha cambiado, y para mal, en las relaciones entre ambos Ejecutivos y lo atribuyó al resultado electoral de los socialistas en Andalucía, que se ha traducido en una actitud y un tono más agresivo del Gobierno central hacia el independentismo.

Ese cambio de rumbo se plasmó en las tres cartas enviadas el lunes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Fomento, José Luis Ábalos, en las que pedían explicaciones a la Generalitat por «las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico» del pasado fin de semana en la autovía AP-7. En los textos, se hablaba de dejación de funciones con la advertencia de enviar a la Policía si los Mossos no actúan. El PSOE, además, mencionó por primera vez la aplicación el 155. «No nos temblará la mano», avisó la portavoz del comité electoral socialista, Esther Peña.

Artadi expresó su «sorpresa» por esas cartas, acusó al Gobierno socialista de falta de «lealtad institucional» y le invitó a la «reflexión» para «no volver a equivocarse» con el 155. A su juicio, la Consejería de Interior garantizó el pasado fin de semana todos los derechos, cuando los CDR cortaron la AP-7 durante 15 horas sin que los Mossos actuaran. Según Artadi, la Policía catalana actuó de forma correcta porque aseguró el derecho de la ciudadanía a manifestarse y también el derecho a la movilidad de los conductores. El consejero de Interior, Miquel Buch, respondió ayer por carta a la de Marlaska y señaló que los Mossos actuaron con criterios «estrictamente profesionales» y no incurrieron en «inacción». Se aplicaron, escribió Buch, los mismos protocolos que durante la etapa del 155 ante hechos similares.

Marcha atrás

La portavoz de la Generalitat huyó del tono beligerante que ha empleado el independentismo estos días. Como muestras, la defensa de Quim Torra de la vía eslovena para alcanzar la independencia (con una guerra de por medio), la advertencia de Toni Comín de que lo que queda de procés será «dramático», la amenaza de los CDR de incendiar las calles el 21 de diciembre y uno de los fundadores de Terra Lliure llamando al levantamiento popular.

La propia Artadi, de hecho, se autoenmendó ya que hace una semana afirmó que la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona sería una «provocación», y ayer se limitó a decir que el Govern garantizará su celebración porque está en su derecho de reunirse en la capital catalana. Eso sí, el Gobierno catalán sigue sin rechazar las llamadas que realizan los sectores más radicales del independentismo para reventar la celebración del Consejo de Ministros. «El 21D, el Govern tiene que garantizar el derecho de reunión y el de protesta», dijo Artadi. Lamentó además que en la Generalitat no hayan recibido ninguna «comunicación formal» sobre la reunión ministerial. «No sabemos ni dónde se va a celebrar», afirmó. Tampoco existe comunicación sobre la posible reunión entre Sánchez y Torra. «Ni petición formal ni orden del día», se quejó.

El Gobierno catalán rebajó tanto el tono que Artadi dejó casi en nada la apelación que hizo el viernes y el sábado Quim Torra a la vía eslovena. La consejera defendió al presidente, pero evitó en todo momento un apoyo explícito del Ejecutivo catalán a la llamada senda eslovena, toda vez que ni ERC ni el PDECat la respaldan. Según la consejera, lo que Torra hizo fue mostrar un compromiso y una determinación con la democracia y la libertad.