El Supremo avala que superar el plazo de instrucción no conlleve la nulidad de la causa

Las asociaciones judiciales habían advertido del riesgo de que hubiera que archivar casos


madrid / colpisa

El Tribunal Supremo ha avalado en una reciente sentencia que superar el plazo que determina la ley para instruir los procedimientos penales no supone dilaciones indebidas ni genera nulidades. La resolución se conoce en una semana clave, ya que mañana concluye el período máximo de 36 meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Gobierno del PP en el 2015, para poner fin a la investigación de la causas consideradas «complejas». Una situación denunciada por las asociaciones de jueces y fiscales, que trasladaron la semana pasada en una carta dirigida al presidente del Gobierno la necesidad de derogar el artículo 324 «para evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo» de decenas de causas.

La sentencia de la Sala Segunda (de lo penal) conocida ahora es de julio. Se refiere a una causa por un delito de abusos sexuales contra una mujer con minusvalía psíquica, en la que se desestima uno de los argumentos de la defensa referido a una supuesta infracción de ley por sobrepasar los seis meses determinados para investigar una causa considerada «simple».

Los hechos se remontan al 2010. El trabajador de una empresa de lavandería de una pedanía de Cáceres abusó de su compañera, que presenta una capacidad cognitiva mermada con retraso mental, hasta el 2015 aproximadamente, cuando el padre de ella lo denunció. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres asumió la causa y un tribunal de la Audiencia Provincial cacereña condenó al acusado en junio del 2017 a ocho años de prisión.

Plazo razonable

Pues bien, en la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de julio de este año, cuyo ponente ha sido el juez Antonio del Moral, se explica que el recurrente razona sobre el período límite de seis meses de la instrucción, indicados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor mediada la instrucción, arguyendo que se acordaron diligencias de investigación cuando ya había transcurrido ese plazo.

Pero el alto tribunal responde que «eso ni implica nulidad ni es equiparable a los retrasos extraordinarios, ya que no se han producido paralizaciones relevantes o significativas». Añade la sentencia del Supremo que «la irregularidad concretada en omitir una resolución para ampliar el plazo de instrucción no aboca a la atenuante del art. 21.6 del Código Penal». Del mismo modo, asegura que el plazo global de duración del proceso «no ha sobrepasado lo razonable ni puede hablarse de dilaciones indebidas».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales había alertado de que los plazos limitados para la instrucción de las causas penales estaban llevando a que algunas se archivasen o a que se abriese juicio oral sin haber concluido la investigación, abriendo espacios de impunidad. El colectivo reivindica la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jueces por la Democracia pide a los vocales del Consejo del Poder Judicial que dimitan para forzar su renovación

La Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) insta a los vocales que actualmente conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que pasaron ayer a estar en funciones por el vencimiento del mandato del actual órgano de gobierno de los jueces, a que renuncien a sus puestos para facilitar que la renovación se produzca lo antes posible. En un comunicado, llaman además, a la «responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios a fin de que renueven lo más pronto posible el órgano de gobierno de la judicatura para evitar su situación de interinidad y el consiguiente daño a la imagen de la justicia» .

En la asociación de jueces Francisco de Vitoria reclaman que el CGPJ circunscriba su actividad a asuntos de trámite y reglados o a los que respondan a razones de urgencia mientras esté en funciones, porque entienden que «adoptar decisiones estratégicas discrecionales no urgentes por quien cuenta con una cuestionable legitimidad, supondría un descrédito de la institución».

En un comunicado, se refieren a que la Ley Orgánica del Poder Judicial no regula qué limitaciones tiene el CGPJ mientras está en funciones y pide que se adopten restricciones por iniciativa propia. La citada asociación «estará alerta ante cualquier desviación que pudiera producirse en el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano de gobierno de los jueces», reiteran.

Reforma del PP

Por otra parte, el Grupo Popular sacó adelante ayer en solitario, en la Comisión de Justicia del Senado, su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan a 12 de los vocales del Consejo. La enmienda, que será refrendada la próxima semana por el Pleno de la Cámara Alta, fue incluida por el PP durante la tramitación de un cambio en la norma que llegó consensuado del Congreso para restituir permisos a funcionarios de Justicia.

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