La Fiscalía rechaza la presión de la huelga de hambre de los presos independentistas

Segarra les advierte que el ministerio público no modificará su criterio en la causa

C. Reino
Madrid, Barcelona / COLPISA

La fiscala general del Estado, María José Segarra, mostró ayer su «preocupación desde un punto de vista personal» por los líderes independentistas en prisión preventiva que se declararon en huelga de hambre, cuatro en total, aunque aseguró que su situación «no implica que la Fiscalía vaya a modificar su criterio» en el escrito de acusación, en el que pide penas de prisión por un delito de rebelión de entre 16 y 25 años de cárcel. «Desde un punto de vista personal, cómo no va preocupar, pero respeto profundamente sus decisiones y ello no implica que la Fiscalía vaya a modificar su criterio; va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho», señaló Segarra.

La fiscala general se refería así a los exconsejeros de la Generalitat Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull y al diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, que se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio en la cárcel catalana de Lledoners y que se han declarado esta semana en huelga de hambre en protesta por la no resolución en el Tribunal Constitucional de los recursos de amparo que todos ellos han presentado. Ello pese a que el tribunal ya señaló este lunes en un comunicado que está resolviendo las apelaciones de los acusados. La fiscala general añadió que «el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos» y no se puede «decir nada más» al respecto.

A un mes para el juicio del 1-O, el independentismo pisa el acelerador para tratar de presionar a la Justicia y anunció ayer el inicio de ayunos encadenados por ciudadanos. Las protestas comenzarán esta misma semana. Se trata de minihuelgas de hambre de dos a siete días por persona, en las que los participantes se turnarán. La iniciativa surge del entorno de la ANC, que trabaja para que pueda participar alguna personalidad mediática y también para que se incorporen diputados del Parlamento de Cataluña e incluso miembros del Gobierno catalán, según señaló Albert Batet, de JxCat, y corroboró la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi. Se ha especulado incluso con que el ayuno podría realizarse mañana en el Parlamento catalán, aprovechando que es el Día de la Constitución, pero la iniciativa aún no está cerrada, según señaló Jordi Vilarasau, médico personal de Jordi Sànchez y uno de los impulsores de los ayunos colectivos.

Protestas indefinidas

Los ayunos que ya están confirmados son tres: uno en Barcelona este viernes, otro en el monasterio de Montserrat y un tercero en la parroquia de Santa María de Cornellá de Llobregat, también en Barcelona. Todas las protestas son indefinidas, mientras duren las huelgas que están llevando a cabo los cuatro dirigentes de JxCat. El Gobierno catalán salió ayer en su defensa y señaló que la huelga de hambre es una de las formas de protesta «más duras, dignas y de más coraje».

Junts per Catalunya está volcado en esta iniciativa, que le sirve para presentar a sus dirigentes como los únicos dispuestos a todo por la causa independentista. Ni Esquerra ni la CUP, en cambio, la han recibido con entusiasmo. Informaciones periodísticas apuntaban ayer que Oriol Junqueras considera la huelga de hambre un chantaje de JxCat para forzar a ERC a formar una lista independentista unitaria para las europeas.

Borrell anuncia una respuesta a las «inaceptables» palabras del ministro de Defensa belga

El ministro de Exteriores y Cooperación español, Josep Borrell, considera «inaceptables» las declaraciones del ministro de Defensa belga, Sander Loones, sobre la situación de los políticos independentistas catalanes en prisión. «Recibirán seguramente una respuesta por nuestra parte», anunció Borrell a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Loones, perteneciente al partido soberanista flamenco N-VA, escribió el pasado día 1 en Twitter sobre los políticos presos. «Encerrados durante más de un año. Sin ser juzgados», comentaba Loones sobre Jordi Sànchez y Jordi Turull. El ministro belga añadía que «el juez español ni siquiera se ocupa de su demanda. Para evitar que el Tribunal de Derechos Humanos pueda pronunciarse. [...] Ahora se ven obligados a hacer huelga de hambre. Ningún demócrata puede guardar silencio sobre esto», concluía.

España ha mostrado su malestar con comentarios de políticos belgas sobre la situación en Cataluña en varias ocasiones. En octubre, retiró el estatus diplomático al delegado de la región de Flandes en Madrid, André Hebbelinck, en protesta por las declaraciones, «inaceptables e impropias de un país amigo y aliado», del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, sobre Cataluña y el desafío independentista. Borrell convocó entonces al embajador belga en Madrid, Marc Calcoen, para trasladarle el malestar por esas declaraciones. Fue la tercera vez en menos de un mes que el embajador belga fue convocado por Exteriores como protesta por las palabras de Peumans, que consideraba «inadmisible» que los líderes independentistas catalanes sigan en prisión y sostuvo que «encerrar a políticos es un acto de violencia».

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