Marchena rechaza apartarse del juicio por el 1-O y proclama su independencia

Argumenta que la imparcialidad de un juez ha de vincularse a sus propios actos y no depender de la opinión de terceros


madrid / colpisa

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena se niega a abandonar la causa del desafío independentista catalán y rechaza las recusaciones presentadas por los procesados, por su supuesta imparcialidad tras la polémica abierta por los wasap del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó. Marchena, que además de presidir la sala será el ponente de la sentencia, rebatió ayer la petición de que se le apartara, porque «carece de todo interés directo o indirecto» en este procedimiento. Negó, además, que la opinión de un tercero que no está personado en la causa sea motivo para poner en duda su imparcialidad.

El portavoz de los senadores populares remitió un mensaje a sus compañeros de bancada en el que justificaba la negociación con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que daba a los progresistas la mayoría en el gobierno de los jueces, porque con la designación de Marchena como presidente del Consejo y del Supremo se aseguraban el control «desde atrás» de la Sala Segunda, la que enjuiciará a los líderes secesionistas. Tras esa difusión, Marchena renunció a ser elegido presidente del alto tribunal y del Consejo, pero siete de los acusados rechazaron que pueda presidir la Sala Segunda que les enjuiciará porque consideran que no es un juez imparcial y que atiende a los planteamientos del PP.

En su escrito, el magistrado rechaza la recusación por este mensaje de Cosidó, y recuerda que «la imparcialidad de un magistrado ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones y no puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias». Marchena apunta que «el sistema» de elección de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura «es tan mejorable como cualquier otro», pero la participación del Congreso y el Senado «no puede conducir a la descalificación por falta de imparcialidad».

La Sala del 61 del Supremo señala también que es la séptima vez que los acusados cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo. Y lo hicieron con la totalidad de los que van a enjuiciarlos y también respecto del instructor Pablo Llarena. Con los informes del magistrado, la Fiscalía y las partes, defensas y acusación popular de Vox, la Sala del 61 se debe pronunciar ahora sobre el fondo del asunto.

La Cámara catalana da luz verde a la comisión de investigación sobre Juan Carlos I

La Mesa de la Cámara catalana aprobó ayer la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía. La propuesta fue cuestionada días atrás por los grupos de la oposición porque entendían que un Parlamento autonómico no tiene competencias para investigar a la Casa Real. Pero la Mesa, con la mayoría que tienen Junts per Catalunya y Esquerra, rechazó ayer la reconsideración y dio vio libre a la comisión.

El objetivo de la misma, según sus impulsores (JxCat), busca arrojar luz «sobre las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real». Además, quiere indagar sobre las «maniobras» que el secesionismo entiende que la Jefatura del Estado orquestó «para presionar a empresas» catalanas a cambiar su domicilio social en los días previos al referendo ilegal del 1-O y para conocer «las estructuras de corrupción y las presuntas cuentas irregulares del rey emérito en paraísos fiscales».

Esta comisión de investigación se constituirá formalmente una vez que sea aprobada por el pleno de la Cámara catalana, extremo que se da por hecho, porque votarán a favor JxCat, ERC, los comunes y la CUP.

El soberanismo insiste en cargar contra la monarquía, su bestia negra desde el discurso de Felipe VI del 3 de octubre del 2017. Quim Torra ha desplegado una campaña de desprestigio que le lleva a vincular la Casa Real con el franquismo y afirmar casi en todos sus discursos que el 80 % de la sociedad catalana rechaza la Corona.

Torra descarta reunirse con Sánchez como presidente autonómico y exige una cumbre Cataluña-España

Pedro Sánchez mantiene que tiene una cita el 21 de diciembre con Quim Torra en el Palau de la Generalitat. Pero el presidente catalán dice que no, que no está para encuentros a solas y que quiere una cumbre hispano-catalana. El presidente del Gobierno está dispuesto a tener deferencias con Torra, pero dentro de un marco autonómico. Un ámbito que el presidente de la Generalitat da por superado y exige una relación de Gobierno a Gobierno como si de dos Estados se tratara.

El Gobierno socialista se niega a arrojar la toalla con los independentistas porque alberga una leve esperanza de que respalden sus Presupuestos. La reunión se celebrará con la misma «normalidad» que la que mantuvo con Susana Díaz en Sevilla el 26 de octubre, advirtió la vicepresidenta del Gobierno.

Carmen Calvo explicó ayer que la cita se celebrará en coincidencia con el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona, «con la naturalidad» propia de los encuentros entre el presidente del Gobierno con los gobernantes autonómicos. No tendrá «otra dimensión» ni otros fines inconfesables, aclaró. La vicepresidenta descartó de plano la celebración de una cumbre entre España y Cataluña, como exige Torra. «No la contemplamos en absoluto» porque «el Gobierno de España -subrayó- es también el Gobierno de los catalanes».

Torra quiere otro ámbito institucional. No quiere solo «la fotografía» del encuentro. La propuesta es una reunión «de Gobierno a Gobierno» con los ministros de Sánchez y los consejeros de Torra sentados en torno a una mesa para repasar los asuntos bilaterales.

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