Guerra en la Generalitat por las exigencias de los comunes para apoyar sus cuentas
ESPAÑA
El secesionismo justifica con el «España nos roba» la situación de funcionarios en huelga
27 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Una nueva guerra interna se vislumbra en el seno del secesionismo como consecuencia de los presupuestos catalanes, que está elaborando Pere Aragonès (ERC), pero que necesitan del aval de Catalunya en Comú, lo que hará aflorar las diferencias ideológicas entre los dos socios de gobierno en la Generalitat (JxCat y ERC). Los comunes aprovecharon ayer la huelga de médicos en Cataluña, a la que seguirán la de profesores y la de funcionarios, para redoblar la presión sobre el Ejecutivo catalán. «Hay que invertir más en políticas sociales», dijeron ayer. La formación de la izquierda alternativa, que reclama 1.700 millones adicionales en gasto social, es la única opción que tiene Torra para sacar adelante los presupuestos catalanes.
La Generalitat arrastra penurias presupuestarias y ayer los comunes pusieron sobre la mesa tres propuestas para obtener más ingresos y poder atender a los colectivos que están empezando a calentar la calle: aprobar los Presupuestos del Gobierno central (que incluyen inversiones extras para Cataluña de 2.200 millones), modificar impuestos como sucesiones y donaciones o aumentar los tramos autonómicos del IRPF a partir de los 90.000 euros. ERC y el PDECat difícilmente darán marcha atrás a su negativa a validar los Presupuestos del Estado mientras haya presos y no se permita un referendo.
En lo referido a la revisión de la fiscalidad, los comunes ponen el dedo en la llaga en una de las cuestiones que enfrentan a las dos almas secesionistas que cohabitan en el Gobierno catalán. No solo chocan sobre si hay que enterrar o no la vía unilateral, sino que mantienen sus diferencias en materia social, pues unos son de centroizquierda y los otros de centroderecha. Ayer no pudieron disimular que tienen puntos de vista opuestos. Esquerra se abrió a tocar la fiscalidad, como propone Podemos, JxCat no quiso pronunciarse, mientras que el PDECat se negó de forma categórica. «Es una línea roja», afirmó.
«Ahogados desde hace años»
Desde el independentismo, no obstante, volvieron a echar balones fuera y buscan a los responsables de la situación de la sanidad catalana a 600 kilómetros de distancia. «Nos ponemos en su piel», según Eduard Pujol (JxCat), sobre los médicos. «Pero la huelga no se produce porque sí. Tenemos unas limitaciones presupuestarias, estamos ahogados desde hace años: por esa razón queremos una república», remató. El recurso al «España nos roba» no convenció a los médicos catalanes de la atención primaria de la sanidad pública y a los de la concertada, que ayer celebraron el primero de los cinco días de huelga previstos para esta semana. Los galenos se manifestaron en el centro de Barcelona y en las principales ciudades catalanas y llevaron sus reivindicaciones laborales al interior del Instituto Catalán de la Salud, el organismo público que gestiona la sanidad pública catalana, que fue ocupado por cientos de profesionales.
El sindicato convocante del paro -Metges (médicos) de Catalunya- cifró el seguimiento del paro en un 77 %, mientras que la Consejería de Salud lo rebajó al 44 %. Guerra de cifras al margen, se trata de la primera huelga en el sector médico catalán desde el 2011, cuando empezaron los duros recortes sociales aplicados por el entonces Gobierno de Artur Mas, pero que los sucesivos Ejecutivos catalanes no han revertido. Los facultativos catalanes se quejan de que la inversión de la Administración en la atención pública ha pasado del 18 % del presupuesto autonómico de salud al 16 % actual en ocho años, lejos del 25 % que consideran óptimo. Y se quejan además de que su poder adquisitivo ha caído un 30 % desde el 2010.
Así, reclaman que se limite el número de visitas diarias de cada colegiado a 28, exigen poder destinar un mínimo de 12 minutos a cada visita en el centro de atención primaria, piden que se contrate 920 médicos más en el servicio catalán de la salud, reclaman recuperar los sueldos previos a los recortes y que además se incremente el presupuesto destinado a la atención primaria.
La Fiscalía rechaza recusar al juez Marchena en el juicio por el 1-O, ya que no ve ninguna posible vinculación con el PP
La Fiscalía respaldó ayer con contundencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda y encargado de dirigir el juicio y escribir la sentencia del sumario del desafío independentista. El ministerio público rechazó de plano la recusación del juez, solicitada por las defensas de los procesados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Tull. Los líderes independentistas argumentaron que Marchena no estaba en condiciones de presidir la vista oral por su supuesta vinculación con el Partido Popular después de que se filtrase un mensaje de WhatsApp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió al resto de los parlamentarios de su formación en el que se decía que designar a Marchena como presidente del Tribunal Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda «desde atrás».
En su escrito, los fiscales del juicio por el desafío independentista Fidel Cadena y Consuelo Madrigal respondieron que «ni siquiera existe constancia y prueba sobre la veracidad o autenticidad» del objeto del comentario que el mensaje de Cosidó transmite.
«Parco en argumentos»
«Se trataba de explicar en el ámbito de un partido político el contexto que había justificado la elección anticipada de los miembros del Consejo General del Poder Judicial», señalan. Por esto, afirman que «el incidente de recusación es extremadamente parco en argumentos» y pretende apartar a Marchena basándose en una supuesta vinculación con el PP «sin ningún dato objetivo sobre la conducta del magistrado que permita fundar alguna sospecha». El objetivo, añaden, no es otro que «alterar la composición del tribunal legalmente constituido y conseguir otro a la carta para retrasar el juicio». La Sala Especial del 61 será la que resuelva esta recusación.