Protección de Datos insiste en que es «ilegal» hacer perfiles ideológicos y vigilará lo que hacen los partidos

La presidenta de la agencia sostiene que tampoco se puede enviar propaganda adaptada al perfil ideológico de los ciudadanos


Redacción

La aplicación del polémico artículo sobre el uso de los medios tecnológicos para la propaganda electoral será seguida con lupa. La presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha advertido de que será «extremadamente vigilante» y «rigurosa» respecto al tratamiento de datos personales que lleven a cabo los partidos políticos y ha insistido en que es «ilegal» hacer perfiles ideológicos en base a las opiniones que viertan los ciudadanos en Internet y enviar propaganda segmentada en base a ese perfilado, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

España se ha expresado así en un desayuno informativo, celebrado este jueves en la sede de la AEPD, y después de que el Pleno del Senado aprobara definitivamente el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en medio de la polémica por el artículo 58 bis sobre utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales de los partidos políticos.

«La Agencia va a ser extremadamente vigilante y rigurosa en la aplicación de la normativa», ha afirmado España, para después aclarar que «entre sus funciones, la Agencia tiene la competencia de interpretar la normativa de protección de datos en base a las nuevas garantías establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos», de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo.

En este sentido, la presidenta de la AEPD ha aclarado la interpretación que va a dar a la nueva ley es que «no se permite a los partidos políticos perfilar datos ideológicos, sexuales, de religión o de cualquier otro tipo, que los ciudadanos estén dando a través de su comportamiento en Internet o en las redes sociales».

Ni publicidad ni propaganda

Asimismo, Mar España ha avisado de que, según su interpretación, «tampoco se permite el envío de publicidad o propaganda electoral adaptada a un perfil ideológico». «No es la primera vez que la Agencia ha realizado actuaciones de investigación durante una campaña electoral y ha declarado una infracción, estableciendo la correspondiente sanción económica», ha asegurado.

España ha aclarado que los ciudadanos pueden recibir propaganda electoral a través de medios tecnológicos como el correo electrónico o WhatsApp en periodo electoral de igual manera que en el buzón físico de un domicilio y sin que previamente tengan que dar su consentimiento. No obstante, ha apostillado que los partidos políticos «tienen que garantizar siempre el derechos de oposición de una forma clara, sencilla y accesible».

Según ha detallado Mar España, se podría permitir, por ejemplo, que los partidos políticos testen si en las redes sociales la preocupación por el cambio climático está siendo trending topic y que puedan «adaptar sus programas electorales a esas preocupaciones» o «enviar a través de los datos que hayan obtenido en Internet publicidad o propaganda con el mismo carácter general» que lo enviarían a los domicilios, «y no personalizada» porque «no pueden hacer un seguimiento ideológico».

Además, la responsable de la AEPD ha concretado que después del periodo electoral «esa recopilación de datos que hayan hecho tendrán que destruirla» y ha asegurado que el incumplimiento de la normativa, de acuerdo con los criterios de Protección de Datos y los que establezca la Junta Electoral Central, pueden acarrear sanciones económicas para los partidos políticos que pueden alcanzar los 20 millones de euros en función de las circunstancias de cada caso.

«Mi obligación a través de la interpretación de la normativa vigente es dar las mayores garantías a los ciudadanos y tienen mi compromiso de que así lo voy a hacer», ha subrayado la presidenta, que ha asegurado que la Agencia actuará «caso a caso» en base a denuncias que reciba, pero también en investigaciones que puede realizar de oficio.

Coordinación con la Junta Electoral Central

En este contexto, España ha informado de que «ya hace unos días» ha contactado con el presidente de la Junta Electoral Central (JEC) con el objetivo de trabajar conjuntamente en la interpretación «de esas garantías» que, según ha detallado Mar España, el propio Reglamento General indica que «pueden establecerse en la ley o con posterioridad».

Por otro lado, la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos ha afirmado que el organismo no valora la redacción de un artículo de una ley y ha agregado que «respeta profundamente» el trabajo de los grupos parlamentarios.

«La Agencia no avala, la Agencia interpreta y aplica la normativa», ha subrayado, para después aclarar que lo que sí trasladó la AEPD cuando se puso este artículo sobre la mesa fue que «quizás el marco más adecuado para una modificación de una legislación electoral de ese calado no era el de la normativa de protección de datos».

Pese a la polémica generada por este artículo, Mar España ha destacado que esta norma ha tenido un «alto» consenso parlamentario y ha recabado el 93 % de los votos favorables, «es un punto importante». «La ley tiene importantes mejoras para garantizar los derechos de los ciudadanos», ha subrayado la presidenta, que ha agregado que se introducen «novedades» y «mejoras», así como «se clarifica conceptos y se da seguridad jurídica».

Finalmente, Mar España ha resaltado que desde 2008 se ha multiplicado por cuatro el volumen de gestión de la AEPD y que desde el pasado 25 de mayo han aumentado un 35 % las reclamaciones, mientras que la nueva ley le otorga la obligación de garantizar derechos nuevos. «Necesitamos el refuerzo de los medios personales y materiales», ha destacado, al tiempo que ha explicado que ha pedido un incremento presupuestario del 10 % para el año que viene, «algo absolutamente moderado».

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