Los acusados por el desafío secesionista aprovechan para cuestionar al tribunal

Junqueras y otros cinco procesados recusan a Marchena por considerarlo parcial


Madrid / Colpisa

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y los exlíderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, procesados por el Tribunal Supremo por la intentona secesionista de otoño del año pasado, recusaron ayer al magistrado Manuel Marchena, que presidirá la sala que los juzgará, después de su decisión de renunciar a presidir el alto tribunal y el Consejo General del Poder Judicial. El eje de la demanda de los seis dirigentes independentistas es la supuesta pérdida de imparcialidad de Marchena después de conocerse los wasaps del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que se jactaba de su nombramiento para poder controlar «por detrás» al Supremo.

Junqueras y Romeva, que fueron los primeros en presentar su recusación, a la que luego se sumaron el resto de los procesados, denunciaron la «existencia de un acuerdo político» entre el PP y el PSOE con la intención de «controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional con la finalidad de, a través de estos nombramientos, controlar el resultado y el sentido de los procedimientos» de los tribunales.

El exvicepresidente de la Generalitat y su exconsejero de Exteriores creen que la renuncia del propio Marchena da «veracidad al pacto contra la separación de poderes», después de una candidatura «teñida de un escándalo mayúsculo». Los procesados apuntan que Marchena tiene «características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación» en el juicio por el desafío secesionista.

La renuncia de Marchena dinamita el acuerdo para renovar el Poder Judicial

Gonzalo BAreño
Manuel Marchena, en una imagen de archivo, hablando con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio
Manuel Marchena, en una imagen de archivo, hablando con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio

La ruptura entre PSOE y PP abre una grave crisis en la Justicia en un momento crítico

El pacto entre el PSOE y el PP para repartirse el nombramiento de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial saltó este martes por los aires tras la renuncia del juez Manuel Marchena, el nombre que ambos habían acordado para presidir el máximo órgano judicial, a ocupar ese cargo. «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», señaló Marchena en su escrito de renuncia, redactado tras conocerse un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dirigido a los 124 senadores populares, en el que aseguraba que con el acuerdo alcanzado el PP controlaría «por detrás» la Sala Segunda del Supremo, que es la encargada de juzgar a los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y la que decide si se admiten o no a trámite las querellas contra los políticos aforados.

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Y no solo los procesados aprovecharon en su estrategia de defensa la crisis provocada a raíz de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Los secesionistas la utilizaron políticamente en su intento de desprestigiar los tribunales de Justicia. «Lo ocurrido con Marchena -declaró Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya- es una prueba más del 155 judicial al que estamos sometidos, y que ya vimos anteriormente, cuando los jueces del Supremo hablaban de Cataluña como si estuvieran en una taberna». Y acto seguido se preguntó: «¿Qué garantía tenemos de que se pueda celebrar un juicio justo?». También la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, afirmó que no hay «independencia judicial». Los comunes, en palabras de Susana Segovia, destacaron que «cualquier duda de la imparcialidad de un juez se tiene que revisar para garantizar que se respeta el derecho a la defensa de las personas encausadas».

Las asociaciones de jueces dicen sentirse orgullosas de la decisión de Marchena

El paso atrás de Manuel Marchena para presidir el Tribunal Supremo fue aplaudido unánimemente por sus compañeros de la judicatura, que, al igual que él, defienden que la política no puede dominar al poder judicial. «Es una lección de independencia y nos sentimos orgullosos. Ningún político domina al poder judicial, a ningún tribunal en concreto ni a ningún juez», aseguró el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez.

Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, Marchena es un hombre «muy inteligente» que sabía que su mandato «iba a estar cuestionado desde el principio», por lo que «la renuncia le honra». Un jurista de la competencia de Marchena «no tenía que verse envuelto en este cambalache que se ha realizado por parte de los políticos», consideró Prado.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González, también creen que la decisión «le honra» y muestra «el malestar» existente en la carrera judicial. La minoritaria Foro Judicial Independiente, por su parte, llamó a los magistrados que aspiran a ser vocales del CGPJ a «dar un paso atrás» también y facilitar un cambio del sistema. Las asociaciones de jueces y fiscales reivindicaron ayer la modificación del sistema de elección para que los doce de extracción judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados.

El líder popular propone que los jueces elijan doce vocales y el del PSOE lo rechaza

G. B.

La crisis desatada por la renuncia del juez Manuel Marchena va más allá de la ruptura del acuerdo entre el PSOE y el PP, y pone en cuestión el actual modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ). El líder popular, Pablo Casado, propuso ayer cambiar el sistema y volver al «modelo original». Lo que plantea el PP es que sean los propios jueces los que elijan directamente doce de los veinte miembros del Consejo, aunque estos deban ser refrendados por el Congreso y el Senado, y las Cámaras los ocho restantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró dispuesto a cambiar el «método», pero adelantó que él defenderá «que sea el poder legislativo, y no los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales los que decidan cómo gobernarse a sí mismos».

Reforma del PSOE en 1985

El sistema actual es fruto de una ley aprobada en 1985 por el Gobierno del PSOE. Consiste en que el Congreso y el Senado eligen cada uno seis de los veinte vocales, que deben ser jueces y magistrados, de una lista de nombres propuestos por las asociaciones de jueces. Y ambas Cámaras eligen los otros ocho vocales, cuatro cada una, propuestos directamente por los partidos. Deben ser juristas o abogados de reconocido prestigio y tener el apoyo de una mayoría de tres quintos de las Cámaras. Es decir, de 250 diputados y 159 senadores.

Un modelo constitucional

A pesar de que la ley indica que serán los vocales quienes designen libremente con su voto, por mayoría de tres quintos, al presidente del CGPJ, que lo será también del Tribunal Supremo, en la práctica el sistema ha conducido a que también el presidente sea pactados por los grupos políticos. El Consejo debe ser renovado cada cinco años. Este modelo fue declarado válido por el Tribunal Constitucional. La Carta Magna se limita a señalar en su artículo 123 que «el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley».

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