La renuncia de Marchena dinamita el acuerdo para renovar el Poder Judicial

La ruptura entre PSOE y PP abre una grave crisis en la Justicia en un momento crítico

Manuel Marchena, en una imagen de archivo, hablando con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio
Manuel Marchena, en una imagen de archivo, hablando con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio

MAdrid / La Voz

El pacto entre el PSOE y el PP para repartirse el nombramiento de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial saltó este martes por los aires tras la renuncia del juez Manuel Marchena, el nombre que ambos habían acordado para presidir el máximo órgano judicial, a ocupar ese cargo. «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», señaló Marchena en su escrito de renuncia, redactado tras conocerse un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dirigido a los 124 senadores populares, en el que aseguraba que con el acuerdo alcanzado el PP controlaría «por detrás» la Sala Segunda del Supremo, que es la encargada de juzgar a los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y la que decide si se admiten o no a trámite las querellas contra los políticos aforados.

El portazo de Marchena dinamita el acuerdo entre PSOE y PP, el único que habían alcanzado en esta legislatura. Los populares lo dieron este martes por definitivamente roto y culparon de ello al Gobierno por filtrar el nombre de Marchena antes de que se designara a los vocales, poniéndole así «en la picota». El PP exige ahora la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que fue quien llevó las negociaciones con su antecesor en el Gobierno de Rajoy, Rafael Catalá, y advierte que no se volverá a sentar en la mesa para retomar el acuerdo hasta que sea cesada.

Lesmes seguirá en funciones

La consecuencia, a pesar de que el Congreso celebrará este jueves el pleno en el que deberían ser designados los diez vocales que le corresponde elegir, es que ya no será posible renovar los miembros del CGPJ antes del 4 de diciembre, como correspondería. Y que el mandato del consejo actual, ya caducado, y presidido por el juez Carlos Lesmes, muy cuestionado por su actuación en la polémica sobre la sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas, seguirá en funciones hasta que los grupos parlamentarios alcancen un nuevo pacto. Algo que se antoja ya casi imposible con el denso calendario electoral que afrontan los partidos en los próximos meses, agravado por la posibilidad, admitida por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que haya un adelanto de las generales si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

El líder del PSOE exigió a los populares que mantengan el acuerdo pese a la espantada de Marchena, que, según dijo, demuestra «lo acertado de su nombramiento». Sánchez culpó al PP de haber «puesto en cuestión» la imparcialidad del magistrado, que ya había sido propuesto en dos ocasiones anteriores por los populares, sin éxito, para presidir el CGPJ, y que ahora se mantendrá al frente de la sala de Supremo que llevará el juicio del procés y será quien redacte personalmente la sentencia.

La ruptura del acuerdo y la airada renuncia de Marchena a presidir el CGPJ, en la que defiende su independencia y reivindica su imparcialidad frente a «las noticias divulgadas en los últimos días», sumen a la Justicia española en una profunda crisis en un momento crítico, a las puertas de uno de los juicios más importantes de la democracia, y cuando el prestigio del Tribunal Supremo está más cuestionado que nunca tras la polémica sentencia de ida y vuelta sobre las hipotecas que afectaba de lleno a los bancos españoles.

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