El Gobierno quiere decidir el cobro de peaje para las autovías antes de junio del 2020

Circular de manera gratuita por autovía va camino de tener los días contados. El Gobierno dio ayer otro paso en su apuesta por implantar el peaje en las carreteras de gran capacidad como método para recaudar fondos para el mantenimiento de la red viaria estatal. En solo cinco días el Ministerio de Fomento ha pasado de instar a abrir un debate sobre la conveniencia de extender los peajes de las autopistas a las autovías a indicar ayer que cuenta con decidir cómo se aplicará ese cobro antes del final de la presente legislatura, es decir, como muy tarde en junio del 2020.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, acotó así ayer el plazo de discusión y debate que llevará a cabo el Congreso en una subcomisión específica por la que pasarán representantes políticos, de la patronal de las concesionarias y constructoras, expertos y Administraciones autonómicas. El Ejecutivo trata de acelerar el acuerdo porque desde el 1 de diciembre hasta finales del 2019 tres autopistas de la misma generación de la AP-9 pasarán a ser gratuitas: la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-5 Sevilla-Cádiz y la AP-7 (entre Barcelona y Valencia), y se tendrá que hacer cargo de su mantenimiento el Ministerio de Fomento.

Saura prevé una discusión limitada porque da por hecho que ya hay un consenso político suficiente. Hay «una amplia mayoría» para sacar adelante el pago por uso, dijo, incluso pese a la «actual compleja composición de la Cámara». Al igual que el PSOE se muestra ahora a favor de implantar peajes en las autovías, el anterior titular de Fomento, Íñigo de la Serna, había avanzado su disposición a estudiar un canon por el uso de las autopistas en las que venciese su concesión.

Las declaraciones de Pedro Saura se produjeron en el marco de unas jornadas sobre infraestructuras de la patronal de las constructoras y concesionarias, Seopan, con cuyos argumentos coincide muy notablemente el diagnóstico hecho por Fomento para argumentar la necesidad de cobrar por el uso de las autovías.

Fuentes del ministerio avanzan que no hay todavía un posicionamiento sobre qué hacer con las autopistas que mantengan en vigor su contrato de concesión, como la AP-9 o la AP-53, que les fue ampliada hasta los 75 años. Adelanta Fomento que resolver esa circunstancia será «compleja», pero no descarta que, si hay un acuerdo global con las concesionarias, las autopistas con contrato en vigor pudieran pasar a contar con la tarifa general que se implante en lugar de con las actuales, mucho más caras. Eso sí, si una empresa esgrime la vigencia de su concesión, nada podrá acabar con dicho contrato, salvo compensación multimillonaria que debería cubrir inversiones pendientes de amortizar, deudas y el lucro cesante de su negocio. En el caso de la AP-9, esa cuenta se ha estimado como mínimo en 1.200 millones de euros.

El propio Saura, en un artículo de opinión publicado el sábado en La Voz, se mostró favorable a «transitoriamente contemplar medidas [de compensación] para casos como el de la AP-9, cuya concesión ha sido prorrogada por períodos extraordinariamente largos». 

Tres céntimos por kilómetro

La patronal de las concesionarias ha propuesto que se aplique un precio de 3 céntimos por kilómetro recorrido en las autovías y autopistas, mientras que en la AP-9 se aproximará de media a los 10 céntimos con las tres nuevas subidas previstas para enero.

Tampoco descarta Fomento adoptar el sistema de viñeta, que, como una tarifa plana, cuenta con un precio por tiempo de utilización independientemente de los kilómetros recorridos. Existe en Suiza, Austria, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Montenegro, República Checa, República Eslovaca y Eslovenia. Sus precios para un año oscilan entre 10 y 132 euros.

La UE se ha manifestado, sin embargo, a favor de que los peajes se fijen en función de los kilómetros recorridos.

El ministerio advierte a la Xunta que cualquier rebaja en las tarifas tendrán que costearla a medias

La Xunta considera «inasumible» que los peajes de la AP-9 vayan a subir un 1 % cada año durante los próximos 20 a mayores del incremento de precios que marque el IPC para el sector. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, planteó ayer al número dos del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, que se adopte una alternativa para evitar que los conductores gallegos sufran el «agravio» de tener que sufragar con el peaje las obras de ampliación realizadas por Audasa.

Tras la primera reunión que celebran Xunta y Fomento en la comisión mixta creada por el anterior Gobierno sobre la AP-9, la conselleira aseguró que los responsables del ministerio reconocieron que no hay ningún otro territorio donde los conductores tengan que pagar las obras a través de actualizaciones de tarifas anuales. «No 2025 practicamente custarán 20 euros as peaxes entre A Coruña e Vigo», señaló Vázquez. Pero aunque Fomento reconoció esa peculiaridad, Saura advirtió a la conselleira que cualquier bonificación en los peajes tendrá que ser costeada a medias por ambas Administraciones, como hasta el año pasado ocurría con la gratuidad de Rande y A Barcala, que finalmente asumió en solitario Fomento. 

Gratuidad en Redondela

La Xunta pide desde que se amortigüe el 8 % que se le concedió a Audasa por adelantar dinero para las obras a que se implante un plan de pagos «máis razoable». Será la Xunta la que presente una propuesta.

La reunión se convirtió en escenario de una nueva reclamación de traspaso a Galicia de la AP-9, así como del cumplimiento de la promesa del anterior Gobierno de acabar con el peaje de Redondela, el más caro de la autopista. Fomento, sin comprometer fechas, señaló que la aplicación de dicha gratuidad quedará a expensas de un estudio sobre la reordenación del tráfico en la entrada en Vigo desde las Torres de Padín, en Teis, punto limítrofe con la parroquia redondelana de Chapela.

El encuentro sirvió finalmente a la conselleira para conocer la intención del Gobierno de implantar peajes en las autovías: «Un globo sonda do Goberno», interpretó la conselleira.

Escepticismo del PP, confianza del PSdeG y rotunda negativa del BNG y En Marea

Los grupos parlamentarios gallegos tienen diferentes interpretaciones sobre el anuncio del Gobierno, que es más claro en el horizonte temporal que en propuestas concretas para cobrar por el mantenimiento de las vías. Para el PPdeG, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue abriendo debates «importantes» sin aportar «cifras e rigor», indicó Pedro Puy. El portavoz popular garantizó que su partido va a participar con «lealdade» en la controversia, pero insistió en que estos nuevos frentes no deben desviar la atención sobre asuntos ya pactados en Galicia, como la transferencia de la AP-9, la liberación del peaje de Redondela o la asunción con fondos del Estado de las próximas obras en la autopista del Atlántico.

Su homólogo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, pidió paciencia hasta que Fomento «culmine a reflexión», en la que, al margen de los sistemas escogidos, habrá que decidir si la repercusión del mantenimiento de las autovías recae en todos los ciudadanos o exclusivamente en los usuarios. Sobre la situación «anómala» en la que queda la AP-9, insistió en la idea de crear un fondo solidario a nivel estatal que permita ablandar los peajes de esta vía y de otras que estén en su misma situación, con concesiones de larga duración.

En Marea no ahondó en su análisis, pero fue contundente. «Non, non e non», dijo el portavoz Luís Villares, quien exigió una AP-9 pública para que «un currante non pague o mesmo que un rico que vai xogar ao golf pola semana». Olalla Rodil (BNG) cree que sería «un roubo máis, como o é a man armada o que cobran na autopista do Atlántico».