El conservador Manuel Marchena presidirá un CGPJ de mayoría progresista en aplicación de las cuotas pactadas por socialistas y populares, ajenos a las críticas políticas y de la judicatura
13 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.No hace ni veinte días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que rompía relaciones con el líder del PP, Pablo Casado, por haberle acusado de estar participando de un golpe de Estado, pero la tensión que cada miércoles escenifican en el Parlamento los dos partidos mayoritarios no les impidió cerrar ayer, tras varias semanas de negociación, un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El juez Manuel Marchena será, como querían los populares, el próximo presidente del órgano de gobierno de los jueces en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el próximo 4 de diciembre. A cambio, habrá mayoría de vocales progresistas, once frente a nueve.
La renovación del CGPJ obliga al entendimiento de las dos principales fuerzas porque la ley exige mayoría reforzada de tres quintos en las dos Cámaras legislativas, Congreso y Senado, para la elección de sus veinte miembros. Con la actual composición del Parlamento no hay ninguna otra alianza que sume y eso ha sido así durante décadas, pero, a tenor de algunas encuestas, podría dejar de serlo tras las próximas elecciones generales si Ciudadanos sigue ganando posiciones y Podemos consolida buena parte de sus apoyos electorales.
Sea ante ese escenario, sea por un verdadero deseo de garantizar el normal funcionamiento de las instituciones en un momento especialmente delicado, como afirmaron tanto desde el Gobierno como desde el PP, esta vez no se ha producido el bloqueo que sí se dio en otras legislaturas igualmente tensas. En la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, fue imposible renovar el Consejo y hubo que esperar a la segunda para conseguirlo, con más de año y medio de retraso. En la última renovación, en el 2013, diez de los veinte vocales fueron propuestos por los populares y los otros siete por los socialistas, CiU, PNV e Izquierda Unida. Ahora, con el Parlamento más fragmentado, Podemos ha reclamado su parte (en concreto, su beneplácito a cuatro componentes de la institución) y los socialistas, que necesitan su apoyo para otras muchas cuestiones, se han mostrado dispuestos a atender la exigencia. Sánchez, de hecho, recibió ayer en la Moncloa a Iglesias.
El caso de Podemos es particular porque se presentó a las elecciones con la promesa de rebajar de 20 a 15 el número de vocales y, además, de que estos fueran elegidos «directamente» por la ciudadanía. El líder de la formación esgrime, no obstante, que, mientras el sistema sea el que es, su obligación es participar para intentar «mejorarlo».
«Un supermercado»
Ciudadanos se encuentra en las antípodas de ese planteamiento. La formación que preside Albert Rivera ha hecho desde sus inicios bandera con la despolitización de la Justicia. El pasado julio presentó una proposición de ley en la que abogaba por dejar en manos de los propios jueces la elección de los doce miembros del CGPJ que deben pertenecer a la carrera judicial (otros ocho son juristas de reconocido prestigio), como ha sugerido en varias ocasiones el Consejo de Europa y como propone la asociación de jueces Foro Judicial. A pesar de que este asunto formaba parte de su acuerdo de investidura con el PP, no salió adelante. Ahora Ciudadanos ha dejado claro que no participa de lo que considera un mercadeo, «un supermercado», dijo ayer Albert Rivera. También las asociaciones judiciales expresaron ayer su profundo malestar por el procedimiento utilizado.
Al aceptar a Marchena, el hasta ahora presidente de la sala de lo penal, que estaba llamado dirigir el juicio por el desafío secesionista de Cataluña, el PSOE ha renunciado a poner al frente del CGPJ una mujer, como era su propósito y como reclamaba Juezas y Jueces por la Democracia. Pero su favorita para el puesto, Ana Ferrer, que también forma parte del tribunal del procés, suena como vicepresidenta.
Las asociaciones judiciales califican de «vergonzoso» y «aberrante» el pacto político
«Aberrante», «vergonzoso», «oportunidad perdida». Las asociaciones profesionales de jueces arremetieron ayer, sin excepciones, contra el acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No por los nombres pactados entre ambos partidos, sino por haber recurrido, una vez más, a un sistema de reparto de cuotas entre partidos que hace ya mucho tiempo que es rechazado abiertamente por las asociaciones judiciales.
La más moderada fue la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, cuyo portavoz, Manuel Almenar, recordó que su organización defiende que sean los jueces y no las fuerzas políticas las que designen a sus representantes en el órgano de gobierno de la judicatura. Confió, de todas maneras, en que los nombres pactados no rompan «la apariencia de independencia ni la credibilidad» de la Justicia.
El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, señaló que es el sistema de los partidos es «aberrante», además de «un paripé». «¿Qué independencia puede existir -se preguntó- si antes de que los vocales sean elegidos están condicionados en su primera decisión?». Se refería en concreto a la elección del presidente, Manuel Marchena, y de la vicepresidenta, previsiblemente la progresista Ana Ferrer, ya pactada por PSOE y PP.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia se quejaron de «la oportunidad perdida» para nombrar un Consejo del Poder Judicial ajeno a las influencias políticas. Mientras que el Foro Judicial Independiente tachó de «vergonzoso» el método, porque los partidos «trocean y se reparten sin pudor el órgano de gobierno de los jueces». Concepción Rodríguez, representante del Foro, recordó que «lo que pasó la semana pasada en el Supremo con la sentencia de las hipotecas o que se sepa el nombre del presidente del Consejo antes de que los vocales lo elijan lo único que pone de manifiesto es que la elección está politizada, que es lo que dice el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, que nos coloca detrás de Polonia en materia de independencia judicial».
