Gobierno y PP pactan la elección del conservador Manuel Marchena como nuevo presidente del Poder Judicial
ESPAÑA
Con el nombramiento, el Consejo contará con mayoría progresista, de 11 a 9, de los 20 sillones que está formado. Las asociaciones de jueces han criticado el acuerdo
12 nov 2018 . Actualizado a las 20:13 h.El Gobierno y el PP han pactado el nombramiento del conservador Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo, contará con once miembros progresistas de los veinte que lo conforman.
El plazo otorgado en el Congreso para que los grupos parlamentarios presenten a sus candidatos a la renovación del órgano de gobierno de los jueces vence hoy, y el PP ya había apuntado que Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, era su candidato preferido para presidirlo.
Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) forma parte asimismo del tribunal designado para juzgar el proceso soberanista catalán en los próximos meses. El Ejecutivo ha aceptado finalmente el nombre de Marchena porque considera que en el momento actual, máxime tras lo ocurrido con la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, era necesario un mensaje de acuerdo y consenso de los partidos en torno a la Justicia.
El objetivo del Gobierno ha sido no bloquear a la Justicia, sino facilitar su renovación, aseguran las fuentes del Gobierno, que recalcan que como fruto de la negociación, habrá once representantes del CGPJ que serán propuestos por partidos progresistas. Esa circunstancia aseguran que facilitará que haya un órgano de gobierno de los jueces más colegiado y menos presidencialista y, por tanto, será mucho más necesario el acuerdo.
Críticas de las asociaciones de jueces
El pacto eno gusta a las asociaciones de jueces e indigna a alguna de ellas, que llegan a tacharlo de «aberrante» y «vergonzoso». «¿Qué independencia puede existir en el Consejo si antes de que los vocales sean elegidos ya se sabe que están condicionados en su primera decisión?», se pregunta el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.
Sin entrar a valorar la candidatura del magistrado Manuel Marchena, consensuada por populares y socialistas para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo, acusa a ambos partidos de «saltarse a la torera a Ley Orgánica del Poder Judicial». «Es aberrante», subraya Prado, cuya asociación ya recurrió hace cinco años ante el Supremo el nombramiento del actual presidente del Consejo, Carlos Lesmes, al considerarlo un «paripé».
Como en esta ocasión, su nombre aparecía en todos los medios de comunicación antes incluso de que los nuevos vocales fueran ratificados por el Congreso y el Senado, pero el Alto Tribunal avaló el procedimiento y aseguró que Lesmes había sido elegido por la «voluntad libre» de los vocales y que no podía hablarse de «tratos, regateos o convenios políticos previos».
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, mayoritaria entre los jueces, confía en que el anuncio del pacto entre el PP y el PSOE «no afecte ni a la apariencia de independencia ni a la credibilidad de la Justicia». Los vocales «son elegidos en función de sus méritos y gozan de plena independencia y autonomía» en el ejercicio de su cargo, subraya a Efe Almenar, quien recuerda no obstante que la APM sigue aspirando a que sean los jueces y no las Cortes quienes elijan a sus representantes en el CGPJ.
Sobre Marchena, Almenar afirma que todas las referencias hablan de él como «un inmejorable jurista de mucho prestigio y una amplia autoridad que se ha ganado a pulso con sus resoluciones».
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, no cuestiona su valía, pero considera que «se ha perdido una oportunidad para nombrar a una mujer progresista» al frente del CGPJ y del Supremo. Y el pacto entre PP y PSOE «en nada contribuye a mejorar la imagen de la justicia», añade en declaraciones a Efe González Vega, que lamenta que «la batalla política por controlar» el Consejo envíe a la ciudadanía un mensaje que daña esa imagen.
Para el Foro Judicial Independiente, asociaciones de jueces que ha rechazado presentar candidatos propios al Consejo para denunciar el actual sistema de elección de vocales a través de las Cortes, resulta «vergonzoso que los partidos políticos troceen y se repartan sin pudor el órgano de gobierno de los jueces». «Para mejorar la administración de justicia no hay acuerdo. Para repartirse el órgano de gobierno de los jueces sí, rápidamente. Es una vergüenza», ha manifestado su presidenta, Concepción Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter.
El juez más duro en Gürtel, entre los nuevos vocales
El juez de la Audiencia Nacional a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada y Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa de Pablo Llarena, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, se encuentran en la lista de futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactados por el PP y el PSOE, que tendrá mayoría progesista.
Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo -en el que el PP ha cedido la mayoría a cambio de que el presidente del órgano, y por lo tanto del Tribunal Supremo sea Manuel Marchena, actual presidente de lo Penal del alto tribunal y quien iba a ser ponente de la sentencia contra los exdirigentes independentista- en la parte progresista estarán también Ángel Ramón Arozamena, y José María del Riego, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo.
Para esta cuota progresista suena también el instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional y actual magistrado de su Sala de lo Penal Fernando Andreu y la que ya fuera anteriormente vocal y actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán.
José Ricardo de Prada se encuentra actualmente en servicios especiales en el tribunal internacional que debe revisar la condena de Radovan Karadzic, razón por la que quedó fuera de la lista de 50 jueces entre los que se elegirán a los doce de este origen en el nuevo órgano de gobierno de los jueces que se renovará a principios de diciembre. Entraría según las mismas fuentes dentro cuota de ocho juristas de reconocido prestigio que también deben conformar el nuevo Consejo del Poder Judicial.
En la parte conservadora va a estar además de Espinosa el magistrado también de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero. Suena también para este sector la nueva juez de la Audiencia Nacional y exconcejal del PP María Tardón.
En el sector conservardor del CGPJ también estará José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Pacto entre ministros
Los nombres han sido negociados directamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado y el exministro Rafael Catalá en seis o siete reuniones cuyos resultados después consultaban tanto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez como al presidente del PP, Pablo Casado.
La negociación se atascó en diez vocales para cada uno de los partidos al no encontrarse consenso para el presidente del Tribunal, ya que el PSOE pretendía que fuera una mujer y para este puesto sonaban, entre otras, las magistradas del Supremo Ana Ferrer, Pilar Teso y Lourdes Arastey o la magistada del Constitucional Encarnación Roca.
Finalmente el PP cedió la mayoría progresista a cambio de colocar en la presidencia a Marchena, de quien confían en su capacidad para negociar con los progresistas, si bien queda en el aire quien será ahora el presidente y ponente de la sentencia del 'procés' que se preveía que comenzara en enero.
Plazos
El mandato de los vocales en activo del CGPJ finaliza el día 4 de ese mes, y de los veinte vocales del organismo, doce deben ser elegidos entre jueces y magistrados y los otros ocho entre «juristas de reconocida competencia», que son los que proponen directamente los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.
En el último proceso de elección, diez fueron propuestos por el PP y siete por PSOE. CiU, PNV e IU eligieron uno cada uno.