El Supremo sufre su mayor crisis justo antes del juicio por el desafío secesionista

«Empezamos con puntos negativos», dicen en el tribunal por la polémica de las hipotecas

Manuel Marchena, conservador y presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, no gusta a los independentistas y es rechazado por el PSOE
Manuel Marchena, conservador y presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, no gusta a los independentistas y es rechazado por el PSOE

Madrid / cOLPISA

El Tribunal Supremo ha asistido en las últimas tres semanas a la mayor crisis institucional que se recuerda, con un grave perjuicio a la imagen del órgano judicial más alto del país y la sensación de que todo el camino andado durante la larga crisis económica, donde los jueces han mantenido la credibilidad pese al brutal desgaste público de otros actores del Estado, ha quedado hecho trizas con la resolución del impuesto hipotecario y lo que en la calle se ha percibido como la victoria de la banca. El terremoto derivado de la inaudita decisión del presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), Luis María Díez-Picazo, de elevar al pleno el giro radical del criterio jurisprudencial establecido por un tribunal de esa misma sala el 18 de octubre y el resultado final de la votación, 15 a 13 a favor de revocar la nueva doctrina que obligaba a las entidades financieras a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, ha tenido fuertes réplicas en todo el alto tribunal, pero de forma especial en la Sala Segunda (de lo Penal).

Recuperar la credibilidad

Siete magistrados de esta jurisdicción serán los encargados de juzgar a partir de las próximas semanas a los 18 procesados en el sumario por el desafío secesionista, nueve de los cuales están en prisión preventiva. Se trata de la vista oral de mayor trascendencia política que se recuerda en los más de 200 años de vida del tribunal de la madrileña plaza de la Villa de París. Y la proyección de lo que allí se diga y se sentencie, no solo en España sino también en el extranjero, marcará la agenda nacional en los próximos meses, incluso años. De ahí que los focos mediáticos escrutarán como nunca antes se había hecho la actividad del Supremo, su prestigio y el de sus magistrados. En suma, la imagen misma del Estado español representado en su máxima institución judicial.

Ante esta prueba de fuego que está por venir, la «nefasta» gestión de la crisis de las hipotecas por parte de la Sala Tercera no ha hecho sino agujerear la credibilidad social del órgano antes del juicio. «Empezamos con puntos negativos», ejemplifican desde la jurisdicción penal del Supremo, cariacontecidos por los movimientos de su colega Díez-Picazo y la sensación en la opinión pública de que la influencia de la banca ha primado sobre la independencia judicial.

Quitarse ahora ese sambenito no es sencillo. Porque, como ocurre en muchas profesiones, «tardas años en construir una imagen creíble, rigurosa e independiente, y todo se va al traste con una decisión, el día menos pensado, que acaba salpicando a todo el tribunal, a sus cinco salas», comenta un magistrado de la Sala de lo Penal. El hecho más elocuente es la reacción de la clase política por la gestión de las hipotecas, donde todo el órgano judicial ha caído en el mismo saco. «Creo que se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Supremo», dijo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el pasado miércoles. «No creo que este asunto vaya a minar la credibilidad de este tribunal, porque nada tiene que ver una cosa con otra», añadió Sánchez, tratando de echar un capote al alto tribunal.

Ataque independentista

En cualquier caso, la veda ya estaba abierta. El independentismo, en línea con la estrategia de recoger cualquier migaja para denostar al tribunal del procés, atacó sin piedad. «¿Tribunal Supremo o suprema injusticia? Exigimos la dimisión del [presidente] Carlos Lesmes», dijo el miércoles Quim Torra, quien habló del «desprestigio» del poder judicial tras la «injusticia» del sumario del 1 de octubre o el «revés» sufrido tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado por el juicio a Arnaldo Otegi, coordinador general de Bildu.

La elección del presidente bloquea la renovación del gobierno judicial

T. N.

La crisis que afecta al Tribunal Supremo, órgano superior de todos los órdenes jurisdiccionales, se complica con la inminente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura. Ambos unidos por un nombre, Carlos Lesmes, que acumula el cargo de presidente de ambas instituciones y cuyo mandato finaliza el próximo 4 de diciembre. Y es precisamente la elección del sustituto lo que está encallando la renovación del Consejo, para lo que hay ya un acuerdo prácticamente cerrado entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE.

El órgano de gobierno de los jueces está integrado por veinte vocales, que son elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y juristas de reconocido prestigio. El lunes concluye el plazo, ya prorrogado, para que los partidos presenten sus candidatos en el Congreso. El plazo para el Senado, que designa a la mitad de los veinte, se prolonga hasta el próximo día 18. El Parlamento elige a los vocales, en una resolución motivada que debe explicitar los méritos de los designados, entre candidatos propuestos por las asociaciones y la propia carrera judicial. El pasado 27 de septiembre, Carlos Lesmes remitió a las Cámaras una lista de los 51 candidatos propuestos y que reunían los requisitos necesarios para formar parte del Consejo del Poder Judicial.

El PP y el PSOE tienen prácticamente cerrada la lista de los candidatos a elegir, en la que la mitad de los vocales serán de tendencia conservadora y la otra mitad, progresista. Pero quedan dos cuestiones por aclarar a lo largo del fin de semana. La primera es la de la persona que presidirá el Consejo. Un puesto clave, porque, además de convertirse con ello en presidente del Tribunal Supremo, su voto de calidad será el que determine las mayorías en caso de empate en el Consejo del Poder Judicial. El PP pretende que ese cargo lo ocupe Manuel Marchena, un magistrado de marcado carácter conservador y presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, que será la encargada de juzgar la causa por el desafío secesionista. Una designación que provocaría malestar entre los independentistas catalanes, lo que complicaría las relaciones con el PSOE. Los socialistas apuestan por un perfil más moderado, y, según El País, han propuesto a Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. De ser elegida, sería la primera mujer en presidir el CGPJ y el Supremo.

Por otra parte, el PSOE aún debe negociar con Podemos la elección de los diez vocales progresistas. Ciudadanos, disconforme con este sistema de elección, ha decidido no participar en el reparto, por lo que los diez conservadores serán elegidos en exclusiva por el PP.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
4 votos
Comentarios

El Supremo sufre su mayor crisis justo antes del juicio por el desafío secesionista